El fiscal pidió archivar la causa contra Le Senne al no ver acreditada voluntad de lesionar la dignidad de las víctimas

Ha pasado casi un año desde que se desató la polémica en Baleares en torno a Gabriel Le Senne, y la izquierda promoviera una campaña para destituirle en el cargo, después de que, siendo presidente de la Cámara, rasgara una fotografía de Aurora Picornell, una de las mujeres republicanas fusiladas durante la Guerra Civil conocidas como Las Rojas del Molinar, que habían expuesto en la Mesa del Parlamento balear las diputadas del PSOE miembros de este órgano, Mercedes Garrido y Pilar Costa, en un pleno de junio de 2024 cuando se debatía la iniciativa de Vox para derogar la ley de memoria histórica. Según subrayó entonces Le Senne, que se disculpó posteriormente por romper la imagen, había intentado convencer a las parlamentarias socialistas de que retiraran esas fotografías para mantener la neutralidad de la Mesa, sin éxito.

Tras estos hechos, Le Senne fue denunciado por presunto delito de odio por asociaciones memorialistas y partidos de la izquierda, así como por el propio Gobierno de Pedro Sánchez ante la Fiscalía, y se abrió la correspondiente investigación en el juzgado de Instrucción número 1 de Palma. En ese marco, el presidente del Parlamento balear fue llamado a declarar como investigado por el juez, y en su comparecencia el pasado septiembre defendió haber aplicado el reglamento para mantener la neutralidad de la institución. «Rompí accidentalmente un folio, todos lo vieron, ya pedí disculpas por lo inapropiado que fue rasgar accidentalmente el folio, pero creo que acerté en la aplicación del reglamento», sostuvo entonces.

En este contexto, cabe recordar que en enero, el fiscal delegado contra los Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía Provincial, José Díaz Cappo, emitió un informe, que se trasladó al juzgado que sigue la causa, en el que, si bien tildaba de «manifiestamente criticable» su acción y expresaba que romper la fotografía estuvo «fuera de lugar», solicitaba el archivo del caso al considerar que finalizada la instrucción —que se cerró en diciembre— no había quedado suficientemente acreditado que los hechos se enmarcaran en un delito de odio.

En concreto, el fiscal señalaba que «teniendo en cuenta el contexto y las circunstancias concretas» en las que se desarrollaron los hechos, y tras analizar las imágenes de lo ocurrido, el contenido de las testificales y la declaración de Le Senne ante el juez, concluía que «no queda debidamente acreditado, con las exigencias propias del derecho penal, el dolo que conforma el tipo subjetivo del delito investigado, en este caso, la voluntad de lesionar la dignidad y la memoria de las mujeres víctimas de la represión franquista y que se veían representadas en la fotografía y la de sus actuales familiares, ni tampoco que todo ello obedeciera a una motivación discriminatoria (...)». A mediados de febrero, el fiscal volvió a insistir en su petición de sobreseimiento del caso.

No obstante, el juez titular del juzgado de Instrucción número 1 de Palma, Juan Manuel Sobrino, siguiendo otro criterio dictó una resolución en la que ordenaba que siguiera abierta la investigación contra Le Senne —en concreto acordaba que continuara adelante por el procedimiento abreviado— al considerar que sí existían indicios de delito. Semanas más tarde dictaría apertura de juicio oral.

La defensa de Le Senne interpuso un recurso de apelación contra su procesamiento —contra esa resolución emitida en enero—. En él, habla, por un lado, de falta de imparcialidad por parte del juez instructor, que cree que ha «acogido de una forma un tanto sesgada las declaraciones y valoraciones» para justificar que avanzara el procedimiento, y considera que en la resolución se incurre en una «interpretación sesgada y parcial de las diligencias practicadas». En el recurso se defiende que Le Senne «actuó en el ejercicio de sus funciones para preservar la neutralidad institucional o imparcialidad de la Mesa y el pluralismo político» conforme a lo que dispone el Reglamento de la Cámara, y que igualmente su actuación en lo que respecta a dicha aplicación del reglamento y a las expulsiones de las diputadas socialistas es «plenamente ajustada a Derecho», algo que apunta apoyándose también en lo que recoge en su dictamen el catedrático de Derecho Administrativo y letrado de las Cortes Generales, Juan Santamaría Pastor, en cuanto a que los miembros de la Mesa del Parlamento están «sujetos al deber de imparcialidad».

Además, entre otras cosas, también considera el abogado de Le Senne que «la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado supone un uso desproporcionado de los recursos judiciales, máxime cuando no se han acreditado indiciariamente los elementos esenciales del tipo penal imputado, ni el objetivo ni el subjetivo». Y cree que de las actuaciones se desprende una «clara intencionalidad política por parte de los denunciantes y querellantes», a los que acusa de buscar «instrumentalizar el proceso penal para desacreditar» a Le Senne y forzar su destitución como máxima autoridad de la Cámara autonómica.

La Audiencia Provincial de Palma, sin embargo, rechazó la semana pasada este recurso, desestimando los argumentos recogidos por la defensa del presidente del Parlamento, y, por lo tanto, confirmó la resolución dictada por el juez instructor, lo que supone que Gabriel Le Senne irá finalmente a juicio. La Sala cree que «existen indicios que impiden sostener en este momento la tesis de la ruptura accidental de la foto» de Picornell y que ello, entre otras cosas, constituye un «apoyo indiciario» a la tesis del juez, y que, por tanto, debe valorarse en la fase del juicio oral si la conducta de Le Senne tenía una «intención de desprecio hacia lo que representaba la fotografía que arrancó».