García-Page se mantiene firme: «Cumpliremos la ley, aunque no le guste a mi Gobierno»

La gestión de los menores extranjeros no acompañados volvió a centrar el debate político este miércoles en Toledo, durante el encuentro entre los presidentes de Castilla-La Mancha y Canarias, Emiliano García-Page y Fernando Clavijo. Ambos dirigentes abordaron la necesidad de una coordinación estatal en esta materia y defendieron la solidaridad entre territorios.

Fernando Clavijo agradeció el compromiso de Castilla-La Mancha con los acuerdos alcanzados en las conferencias sectoriales, destacando su lealtad institucional frente a la negativa de otras comunidades. «Muy pocas aceptaron esos acuerdos. Castilla-La Mancha sí lo hizo», subrayó el presidente canario. «Esto se ha contaminado políticamente. Saben que ha costado la estructura de algunos gobiernos autonómicos por posiciones xenófobas y racistas, en este caso de Vox», criticó.

Clavijo lamentó además la falta de liderazgo estatal. A su juicio, el Gobierno central debería haberse hecho cargo desde el inicio de esta crisis humanitaria. «El Estado tenía que haber asumido la coordinación desde el minuto uno, como lo hizo con Ucrania o Afganistán. Así lo marca el artículo 2 de la Constitución», afirmó.

Por su parte, Emiliano García-Page ratificó el compromiso de su Ejecutivo con la legalidad y la solidaridad. «Vamos a cumplir la ley, le guste o no a mi Gobierno. Vamos a seguir ayudando, incluso si las cifras aumentan para Castilla-La Mancha», señaló el presidente manchego.

García-Page defendió que, si se hubiera dejado el acuerdo únicamente en manos de las autonomías, con una financiación proporcional del Estado, se habría alcanzado un consenso. Sin embargo, denunció que el proceso fue condicionado por las exigencias del expresidente catalán Carles Puigdemont: «El problema es que pasaron por la taquilla de Puigdemont, que impuso que algunas comunidades no iban a recibir menores».

Aun así, el presidente manchego reiteró la voluntad de su región de mantenerse firme en su compromiso. «Vamos a ser muy solidarios, muy respetuosos y vamos a cumplir la ley, aunque sea una ley espuria», apuntó, añadiendo que solo recurrió al Tribunal Constitucional cuando se introdujeron criterios que, en su opinión, excluían deliberadamente a algunas comunidades.

García-Page también denunció que el sistema de acogida impuesto supone una carga financiera para las autonomías sin respaldo presupuestario. «Se están imponiendo gastos sin que haya financiación. Eso vulnera muchas normas sobre la financiación autonómica y principios básicos de eficiencia en los servicios públicos», concluyó.