La Junta de C-LM retrasa a Tobarra y a Campos del Paraíso a tiempos de la censura: dos macroplantas de biogás

El 'boom' del biogás ha calado en Castilla-La Mancha, que abre sus brazos para acoger la llegada en masa de macroplantas. Instalaciones que nadie en su sano juicio querría a las puertas de casa. Amparados bajo el paraguas de la transición energética y la economía circular se tramitan decenas de proyectos que ponen en jaque el bienestar ciudadano, con especial atención a zonas con alarmante peligro de despoblación. Instalaciones capaces de albergar entre 90.000 y más de 150.000 toneladas anuales de purines y gallinaza.

Se trata de cifras desorbitadamente por encima de la cantidad de residuos generados por las explotaciones ganaderas presentes en los territorios adyacentes a las macroplantas proyectadas, es decir, los pueblos afectados acogerían los residuos de aquellos lugares que de manera evidente no los quieren cerca de sus territorios. Castilla-La Mancha abre las puertas del paraíso para la llegada de miles de camiones de 'basura' a diferentes puntos de la región con hasta 71 proyectos en fase de tramitación.

Olores insoportables, riesgo extremo de filtraciones en acuíferos y a sus pertinentes cultivos son algunas de las consecuencias de dar cabida al infierno en el paraíso prometido. Diferentes asociaciones, entre las que se encuentra Stop Ganadería Industrial C-LM, siguen los detalles del proceso representando a las numerosas localidades afectadas y alertan de un nuevo episodio de vergüenza. La Asociación Española del Biogás presentó una una guía de buenas prácticas para la implantación de proyectos de biogás y biometano, en la que insiste en la transparencia de los proyectos, que deben informar al detalle a la población.

Castilla-La Mancha regresa al pasado concretamente con dos de sus proyectos en Tobarra (Albacete) y Campos del Paraíso (Cuenca), cuyos documentos presentes en la web y publicados por la empresa competente aparecen censurados hasta en un 20 %, dando clara cuenta de que hay detalles que es mejor que la gente no conozca. Desde un despacho ajeno a la realidad de los municipios se dicta sentencia y la población ni siquiera dispone del derecho a armarse para luchar contra su imposición.

Lejos de la transparencia

Tobarra y Campos del Paraíso no disponen actualmente de la documentación completa de los proyectos que podrían imponerse en sus parcelas y, en cambio, la web de la Junta presenta una serie de documentos en los que censura información clave. Tan solo cuatro meses han pasado desde la publicación de la guía de buenas prácticas por parte de AEBIG, de la que forma parte sociedad Biofertilizantes CH4 S.L.U., filial del grupo Ence (promotora de ambos proyectos). Este documento precisaba la defensa de «la máxima transparencia posible y por establecer espacios de participación ciudadana», pero ante el precio del negocio, papel mojado.

Antonio Jorge San Vicente, portavoz de Stop Ganadería Industrial, recuerda que «el derecho a información en materia de medio ambiente es un derecho consagrado en la legislación europea y española, por ello, nos ha llamado poderosamente la atención que la Junta cuelgue en su web documentos censurados en una plataforma dirigida a garantizar el derecho a la información». Curiosamente, la semana pasada los documentos fueron reemplazados por los nuevos con partes censuradas, coincidiendo con una charla informativa en Campos del Paraíso y su convocatoria de manifestación con carácter provincial para el 28 de marzo.

Los nuevos archivos con recuadros negros ocultan detalles de los proyectos, como el listado de residuos en planta técnicamente conocidos como sustratos, y sus cantidades, precisamente para ocultar las 90.000 toneladas anuales de purines y de la gallinaza que sí eran visibles en la versión previa del documento en el caso de Campos del Paraíso. Por parte de Tobarra, el documento esconde hasta el 20 % de la información total referente al Estudio de Impacto Ambiental, dificultando su análisis y valoración.

Se trata de la primera vez que esto sucede y que, según Stop Ganadería Industrial «la Junta permite a las promotoras de las macroplantas de biogás ocultar a los vecinos de la zona afectada aspectos clave de los proyectos, con posible repercusión en su salud y en el entorno». Se trata de una práctica, que, según esta organización compromete la necesaria transparencia, hecho que la administración no debería tolerar para evitar un incumplimiento del derecho de acceso a la información ambiental.

La consejera se contradice

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, aparece públicamente con asiduidad para desmentir informaciones como la planteada por Stop Ganadería Industrial, pero su portavoz, Antonio Jorge San Vicente, queda sorprendido ante la capacidad de la consejera para desmentir sus propios datos.

En una de sus últimas comparecencias al respecto, Mercedes Gómez «quitaba hierro al asunto, nos desmentía, decía que no era cierto que hubieran 71 expedientes en tramitación, que solamente eran 58 y que sólo habían cinco plantas activas. Ahora nos toca toca a nosotros decirle que no sabemos cómo es posible que haga estas declaraciones saltándose los datos propios de la Consejería de Desarrollo Sostenible».

En la web NEVIA figuran todos los expedientes sometidos a tramitación ambiental y en el apartado referente a plantas de biogás y biometano «existen 78 expedientes, de los cuales 5 han sido archivados, con lo cual quedan 73 expedientes activos que no figuran ninguno de ellos como archivado, es decir, que están en tramitación», argumentaba el portavoz de Stop Ganadería Industrial. De esos 73 se desconocen los datos de ocho, pero de los otros 65 sí que se presentan información, por lo que se constata una clara diferencia entre lo publicado y lo esgrimido por la consejera en defensa de los mesiánicos proyectos de biogás en la región.

De vuelta al hilo de la censura, se ha consultado a una gestora medioambiental que argumentaba que la información solo es pública durante el proceso de información pública, defendiendo que realmente no se trata de censura y que la empresa se puede negar a dar detalles hasta la apertura del proceso. A ello, Antonio Jorge San Vicente respondía que legalmente es cuestionable desde cualquier punto de vista, ya que se tiene que informar a las partes interesadas desde el principio.

Sin la pertinente información, las organizaciones ecologistas no puedan organizarse ante la presencia de un proyecto ante el cual tienen pleno derecho de réplica, según recoge la legislación vigente. «Las gestoras ambientales trabajan precisamente para que se aprueben los proyectos, no nos engañemos. Pero un pueblo tiene derecho a conocer desde el minuto cero los proyectos, y la justicia nos está dando la razón continuamente. La información sí está censurada como bien indican los nombres de los archivos y es la primera vez que sucede en Castilla-La Mancha», concluía el portavoz de Stop Ganadería Industrial.