Castilla-La Mancha presume de lucha contra la despoblación: cinco años de una ley que suma 4.732 habitantes

La pionera Ley de medidas económicas, sociales y tributarias contra la Despoblación y para el desarrollo del medio rural ha cumplido cinco años. Tras un lustro de aplicación de sus medidas, el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha celebrado el aumento en hasta 4.732 habitantes constatable en las zonas de riesgo.

Para presumir los resultados, Guijarro recordaba que esta ley es pionera por su «transversalidad y porque suponía ser la primera específica para luchar contra la despoblación tanto en España como en Europa». En la batería de respuestas al fenómeno demográfico se incluyó por primera vez una fiscalidad diferenciada, que atrajera nuevos vecinos a los municipios asolados por la despoblación.

En este sentido, las declaraciones de renta del ejercicio anterior demuestran como hasta 98.000 personas pudieron beneficiarse «por vivir en estos pueblos», pero la ley no se limita a fijar población. Otro de los puntos a desarrollar pasa por la creación de empresas que cuentan con un 40% extra de todas las ayudas para atraerlas a escoger el medio rural.

El presupuesto de la ley contempla para 2026 una partida de 2.116 millones de euros, lo que supone 5,8 millones de euros al día. Esto se traduce en uno de cada cuatro euros del techo de gasto del presupuesto, que es el presupuesto efectivo, y supone que se destinará un 3,4 por ciento del PIB de la región a estas políticas.

Paquete de ayudas por los servicios sociales

La ley se pone a prueba tras sus primeros cinco años de vida y para ello compara la población de los lugares en riesgo. En 2026, se puede apreciar el aumento de 4.732 habitantes con respecto a 2021 fruto de un paquete de medidas «para garantizar servicios públicos, proyectos empresariales y medidas desde el punto de vista fiscal», según el vicepresidente.

Esta garantía de los servicios públicos tiene que ver con la mejora de una veintena de centros de salud y consultorios médicos y se han abierto 88 botiquines en estas zonas. A esto se suma, ha dicho, la apertura de más de 100 escuelas infantiles en estos pequeños municipios; la apertura de cinco nuevas residencias rurales en Elche de la Sierra, Chinchilla de Montearagón, Munera, Campillo de Altobuey y San Lorenzo de La Parrilla.

También se destaca la puesta en marcha del servicio de Transporte Sensible a la Demanda que da servicio a 337 núcleos de población y más de 54.600 habitantes «y que ya han usado más de 160.000 viajeros». Además, Guijarro ha aprovechado para enumerar nuevos planes que pretende fortalecer la capacidad regional para poblar estos territorios.

Las Agendas de Desarrollo Rural han permitido mirar de cerca a las necesidades de los pueblos, así como sus grandes virtudes a explotar. De este modo, se han desarrollado estrategias confeccionadas a razón de cada lugar. En el futuro próximo, se pretende redactar el Estatuto del Pequeño Municipio que busca establecer un marco jurídico específico para los municipios rurales, simplificando la administración y articulando medidas para continuar con la lucha contra la despoblación.

La vivienda sigue siendo un problema

José Luis Martínez Guijarro ha presentado una necesidad creada a raíz del aumento de estas poblaciones y que tiene que ver con el que quizá es el gran problema de España en la actualidad. La llegada de nuevos vecinos ha traído la necesidad de contar con viviendas disponibles.

Para ello, en estos años el Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha un programa pionero de rehabilitación de once inmuebles de titularidad municipal en siete localidades de la región para ponerlas en alquiler a precio asequible y que, a día de hoy, están todas ocupadas, según Guijarro. Este aumento de la demanda de vivienda en los pequeños municipios «supone un nuevo reto en el que estamos trabajando».

En este sentido, ha recordado que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma líder en la gestión del programa PREE 5000 de rehabilitación de vivienda en municipios menores de 5.000 habitantes, con un presupuesto destinado de 60 millones de euros que ha permitido llegar a 1.009 viviendas y 3.450 personas beneficiadas.