(Foto de ARCHIVO) Taxi
Albacete y Ciudad Real entre los municipios españoles que prohíben trabajar a personas con VIH como taxistas
Medio centenar de municipios españoles impiden el acceso al sector del taxi sin sustentarse en «ninguna evidencia científica», según denuncia la Comisión de VIH y Trabajo
El VIH propagó su nombre por el mundo a finales del siglo XX. El logro científico, que logró certificar al SIDA como consecuencia directa del VIH, identificó una nueva hoja de ruta para la investigación. Su origen se cree en África, donde se debió dar el contacto entre la sangre del chimpancé y la humana durante el 'boom' de su caza en Camerún en los años treinta.
Las primeras líneas del relato ligadas a la enfermedad señalaban a homosexuales y consumidores de droga como grupos de riesgo, aunque más tarde se terminarían por esclarecer los detalles sobre el mencionado origen, las situaciones de riesgo de contagio y pioneras vías de tratamiento todavía en expansión.
Las últimas décadas han servido para acabar con la exclusión social de sus enfermos, acabar con 'clichés', mitos y bulos, que todavía sobrevuelan alrededor de los contagiados. En este sentido, llama la atención como todavía en España existen municipios que impiden a las personas con VIH trabajar como taxistas.
¿Dónde se prohíbe?
La Comisión de VIH y Trabajo, integrada por los sindicatos CCOO, UGT y las organizaciones Cesida y FELGTBI+ condenan que España cuente con medio centenar de municipios que impiden a personas con VIH ejercer como taxista.
En Castilla-La Mancha, Albacete, Ciudad Real y Chiloeches mantienen esta clausula, que los sindicatos exigen revisar con urgencia en el punto que pide «no padecer enfermedad infectocontagiosa» para ejercer esta profesión.
En cuanto a grandes núcleos de población se destacan en la lista Madrid, Sevilla, Málaga, Murcia o Las Palmas de Gran Canaria, siendo la región insular la comunidad con más municipios identificados. Adeje, Arafo, Arico, Arona, Candelaria, El Rosario, El Sauzal, El Tanque, Granadilla de Abona, Guía de Isora, Icod de los Vinos, La Orotava, Las Palmas de Gran Canaria, Los Realejos, San Bartolomé, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Santiago del Teide, Teguise y Yaiza mantienen la cláusula en Canarias.
En Murcia se han detectado en Abarán, Albudeite, Alcantarilla, Blanca, Caravaca de la Cruz, Cehegín, La Unión, Lorca, Los Alcázares, Molina de Segura, Mula, Murcia, Torre Pacheco y Totana y en Andalucía en Alcalá de Guadaíra, Almería, Cádiz, Granada, Málaga, Motril y Sevilla.
Asimismo, en la Comunidad de Madrid se han detectado Alcalá de Henares, Madrid y Orusco de Tajuña; en Castilla y León en El Arenal y León; en Extremadura en Badajoz y Cáceres.
Actualizar urgentemente
Un trabajador sanitario manipula una muestra para un examen de VIH
Acabar con la lacra denunciada supondría un paso «importante en la defensa de la igualdad de trato y en la eliminación de obstáculos normativos que nunca debieron mantenerse vigentes», según explica la comisión. Por ello, se exige que la revisión llegue a todos los municipios que incluyan cláusulas genéricas de tal carácter.
La permanencia de estas formulaciones no solo resulta «anacrónica», sino que consideran que puede traducirse en exclusión, disuasión y vulneración de derechos para las personas con VIH, según las organizaciones. Como alternativa, se propone una redacción adecuada a la aptitud efectiva para ejercer el trabajo: «Certificado médico oficial firmado y sellado por el facultativo, acreditativo de que el interesado/a no padece impedimento físico o psíquico que imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión de taxista».
Por todo ello, la Comisión de VIH y Trabajo insta a las administraciones locales, autonómicas y estatales a actualizar de manera urgente toda ley, ordenanza, reglamento o procedimiento administrativo que atente contra los derechos laborales y la igualdad de oportunidades de las personas que viven con VIH.
Cláusula sin evidencia científica
«Ninguna persona debería ver limitado su acceso al empleo o a una licencia pública por cláusulas genéricas que no responden ni a la evidencia científica ni a los principios de no discriminación».
Asimismo, la Comisión de VIH y Trabajo solicita que la revisión normativa no se limite al sector del taxi. A su juicio, la eliminación de barreras legales y administrativas debe formar parte de una política pública coherente con el derecho al trabajo, la protección de la salud pública basada en la evidencia y el compromiso institucional con la no discriminación asociada al VIH.
Combatir «el estigma», según la Comisión, también implica revisar y corregir aquellas normas que, aunque formuladas de manera aparentemente neutra, siguen teniendo efectos excluyentes. La Comisión de VIH y Trabajo reafirma «su disposición a colaborar con las administraciones competentes para identificar, revisar y modificar estas disposiciones, con el objetivo de garantizar entornos laborales y marcos normativos inclusivos, actualizados y respetuosos con los derechos humanos».
