Ortega Smith, molesto con el apoyo de Vox a la zona de bajas emisiones de Valladolid: «Un error garrafal»

El diputado y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, considera un «error garrafal» que Vox en el Ayuntamiento de Valladolid haya apoyado la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad a cambio de «enmiendas poco importantes».

«Yo no puedo entender que se haya aprobado una ZBE, que son restricciones a la libertad, por mucho que se quiera argumentar con pequeñas enmiendas poco importantes. Aquí lo importante es que se ha comprado la mercancía averiada de la izquierda, de la restricción de la libertad, de la restricción de la movilidad», ha criticado en declaraciones recogidas por Europa Press tras la presentación en Valladolid de un libro sobre el historiador Juan Ortega y Rubio, su bisabuelo.

Ortega Smith ha criticado así que el Grupo Municipal de Vox, liderado por la teniente de alcalde y concejal de Cultura y Educación, Irene Carvajal, respaldase el pasado mes de octubre la aprobación definitiva, junto al PP, de la ZBE a cambio de la incorporación de una enmienda para que quedasen exentas de las restricciones las mujeres embarazadas y las personas con problemas de salud o movilidad.

En este sentido, ha subrayado que no entiende que los concejales de Vox en Valladolid hayan dado su «voto favorable» cuando la formación está «luchando contra el fanatismo climático» y «las agendas 2030». «Nuestros votantes, nuestros afiliados, nuestros simpatizantes, todos aquellos que confían en nosotros no entienden el despropósito que se ha hecho en Valladolid», ha insistido.

«Me parece un absoluto despropósito y un error garrafal desde el punto de vista político, económico y social», ha agregado, para lamentar que con la ZBE, que entra en vigor en Valladolid el 1 de julio, se «vulneran los derechos fundamentales de aquellas personas que no tienen dinero para comprarse un coche eléctrico y quieren libertad de movilidad por la ciudad».

En este contexto, ha recordado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que dictó la anulación las ZBE de la capital al considerar, entre otras cuestiones, que se daba una «patente insuficiencia del informe de impacto económico» de las medidas adoptadas en la ordenanza municipal. En ese caso, el Ayuntamiento de Madrid presentó un recurso de casación ante el Supremo y la ZBE continúa activa hasta que haya una resolución definitiva.