El portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo
El Gobierno de Mañueco revisará los contratos con las empresas del caso Koldo citadas por la UCO
La Junta de Castilla y León asegura que serán «vigilantes» pero defiende que sus contrataciones se han hecho con «toda normalidad»
El portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, aseguró hoy que estarán «siempre vigilantes» con las tramitaciones administrativas, tras la investigación abierta por el cobro de comisiones en adjudicaciones de obra pública por parte de exdirigentes del PSOE, y defendió que las contrataciones de la Comunidad se han hecho «con toda normalidad» y de acuerdo a la normativa vigente.
En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo explicó que todavía no han hecho una revisión de los contratos que pudiera tener la Junta con empresas citadas en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos y su antiguo asistente Koldo García.
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Al respecto, el portavoz del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco insistió en que el Gobierno autonómico no conoce el listado detallado de empresas afectadas para poder llevar a cabo un análisis de cada expediente. En cualquier caso, se mostró seguro de que no se han dirigido a ellos en el «mismo sentido» o con una «orientación igual» que lo han hecho con otras administraciones. Además, apuntó que el Ejecutivo actúa siempre dentro de los márgenes de la ley de contratos y aseguró que
Fernández Carriedo sostuvo que las grandes compañías, que la UCO considera que pagaron mordidas a cambio de contratos de obra pública, se pueden haber presentado a concursos en diferentes territorios, no así otras empresas locales implicadas en este caso.
Finalmente, recordó que el Ejecutivo autonómico revisó sus contratos de mascarillas cuando se inicio el caso 'Koldo' referido a esos expedientes suscritos durante la pandemia de la covid. Entonces, apuntó, no detectaron ninguna incidencia «reseñable», mientras en ese procedimiento aparece citados el Gobierno y algunas comunidades.
El informe de la UCO sí reveló que había «indicios de irregularidad» en un contrato que afectaba a una carretera de Castilla y León, pero que tramitó el Ministerio de Transportes: un tramo de la A-12 entre Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) y Villamayor del Río (Burgos), que fue adjudicado en diciembre de 2019 por 72,45 millones.
