El Gobierno de Sánchez permanece en silencio sobre los casi 200 menas que recalarán en Castilla y León

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, aseguró «no tener información» sobre la llegada de menores extranjeros no acompañados (menas) que recalarán en la región, así como la fecha de su reparto por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. «No sabemos nada porque no se han puesto en contacto con nosotros», dijo.

Durante una visita a los participantes de un itinerario prelaboral en el sector del comercio para personas en riesgo o exclusión social, en Valladolid, Isabel Blanco dejó claro a Ical que Castilla y León es una «tierra solidaria y de acogida, pero siempre desde el acuerdo, el diálogo, el consenso y la igualdad entre todas las comunidades y todos los territorios».

Los últimos datos que se comunicaron es que el País Vasco no recibiría menores y Cataluña únicamente 31, a diferencia de Castilla y León, que le correspondían 197, apuntó.

«No sabemos de dónde han sacado esas cifras, pese a que se las hemos preguntado cada vez que ha habido una reunión, aunque no han respondido», afirmó. Blanco remarcó que, al igual que se recurrió el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por dicho reparto de menas, también se hará con el reglamento que desarrolla ese RD.

Sin una política migratoria de Estado

La consejera criticó que el Gobierno de España «no tiene una política migratoria de Estado», razón por la que urgió la necesidad de una acción «real» con control de fronteras y con medidas en origen, enumeró.

Por ello, Blanco recalcó la ausencia de información vinculada a la posible llegada de menores no acompañados y no contestó al respecto de si la Junta ha buscado algún emplazamiento o localización para su estancia, quien enfatizó en la condición de «menores y personas», por lo que tiene que haber unos procedimientos y un traspaso de la tutela como ha ocurrido en otras ocasiones, informa Ical.

A ese respecto, aseguró que «es fundamental» que el Gobierno de España se haga cargo de esos 1.200 menores que están en Canarias, que son solicitantes de asilo y que el Tribunal Supremo hace muchos meses dictaminó que eran responsabilidad del Ejecutivo nacional, pero, hasta el momento, «no se ha hecho cargo de los mismos». «Es por ahí por donde tiene que empezar el Gobierno de España, por asumir sus competencias», aseveró.