Un instituto de Castilla y León fuerza a sus alumnos de 13 y 14 años a revelar su orientación sexual

La tutora de un grupo de alumnos de apenas 13 y 14 años de un instituto castellanoleonés les hizo un cuestionario sobre su orientación sexual con el que se ponía en duda la heterosexualidad de los adolescentes y se les animaba de manera implícita a practicar la homosexualidad. Unos hechos que fueron denunciados ante el Procurador del Común –el equivalente al Defensor del Pueblo a nivel regional–, que ha emitido una resolución en la que se llama a la Consejería de Educación de la Junta a investigarlos.

El escrito redactado por Tomás Quintana López recoge varias de las preguntas que se les exigió responder a los alumnos –por edad, de segundo de la ESO– en las que se ve a las claras las intenciones de la docente. «¿Cuándo te diste cuenta de que eras heterosexual?», «¿Estás seguro de que no es una fase?», «¿Cómo sabes que te gustan las personas de distinto sexo si nunca has probado con alguien del mismo sexo?», «¿Qué opinan tus padres de que seas heterosexual?», «¿No crees que es una moda ser heterosexual?», «¿Quién de tu entorno te hace sentir así?», «¿Por qué los heterosexuales hablan tanto de sus parejas?» y «¿Te sientes atraído por cualquier persona del sexo opuesto?» fueron las cuestiones realizadas por la tutora.

El Procurador del Común apreció en las mismas «una clara intromisión en el derecho a la intimidad de alumnos menores de edad, los cuales habrían sido obligados a manifestar, directa o indirectamente, aspectos sobre su identidad sexual». «Por ello, en la Resolución se pidió a la Administración educativa que se adopten todas las medidas necesarias para comprobar los hechos y su alcance, garantizar que no se producirá la difusión de las encuestas y que estas serán devueltas a quienes las realizaron, así como que se depuren cuantas responsabilidades de tipo disciplinario pudieran corresponder por la realización de las encuestas y el destino que pudiera haberse dado a las mismas», apuntan desde esta institución.

Según el denunciante, se obligó a los alumnos a identificarse con su nombre

La resolución apunta a que, «según manifestaciones del autor de la queja, en un primer momento, los cuestionarios se iban a realizar de forma anónima pero, finalmente, se obligó a los alumnos a identificar el de cada uno con su nombre. También se señala que los alumnos acudieron a la dirección del centro para mostrar su malestar tras completar los cuestionarios y que alguna o algunas familias habían tratado de recuperar los mismos, para lo cual habían acudido a la Inspección educativa y al propio centro, pero sin obtener respuesta a dicha pretensión, denunciándose que se desconocía quién custodiaba las encuestas y con qué fin».

La docente, de baja laboral

En su escrito, el Procurador del Común asegura que la Consejería de Educación ha indicado a través de un informe, que «la tutora del grupo de alumnos que realizó el cuestionario actualmente se encuentra de baja laboral, cubriéndose su plaza de forma temporal desde el mes de febrero de 2025, tal como pudo comprobar el Inspector del centro en una visita realizada al mismo el 29 de enero de 2025».

«En el curso de la visita referida –prosigue la resolución–, la directora del centro puso de manifiesto la existencia de un posible conflicto surgido a raíz de una encuesta realizada por dicha tutora con el objetivo de hacer reflexionar a los alumnos sobre el respeto hacia otras identidades sexuales, así como que desde el Equipo Directivo y el departamento de Orientación se desconocía la propuesta y la realización de la encuesta, por lo que se reunieron con la docente para hacerle ver la importancia de desarrollar cualquier actividad de tutoría dentro del Plan de Acción Tutorial y en coordinación con dicho departamento».

La resolución de Quintana indica que »al margen de ello, desde la baja laboral de la tutora, no ha habido más comunicación entre ésta y el centro, por lo que no ha sido posible obtener más datos sobre el contenido y el objeto del cuestionario».

Un listado de preguntas que ha causado malestar entre los padres de algunos de los adolescentes del centro, que no ha trascendido cuál es. Así, «en el informe de la Consejería de Educación también se señala que, en el mes de junio de 2025, la madre de una de las alumnas se puso en contacto tanto con la dirección del centro como con la Inspección, manifestando su disconformidad sobre una encuesta en donde se hicieron preguntas a alumnos de 3º curso de ESO sobre su identificación o determinación sexual, sin que se hayan producido más solicitudes de aclaraciones u otras peticiones por parte de las familias».

Contraria a la Constitución

El Procurador del Común recuerda que el artículo 18.1 de la Constitución consagra el derecho a la intimidad personal y que, «a partir de la existencia y relevancia de dicho derecho, nos encontramos con alumnos menores de edad, sin que conste que estos conocieran las características de la encuesta que se les pidió que cumplimentaran, ni el objeto y alcance de la misma, actuando en el ámbito de su relación de alumno con la que era su profesora, lo que habría podido limitar su libertad».

Quintana también hace alusión a que no existen evidencias de que los adolescentes dieran su consentimiento expreso para revelar aspectos privados relativos a su identidad sexual y que la cumplimentación de la encuesta propiamente tuviera un fin educativo, al menos dentro del plan de acción tutorial previsto para el curso en cuestión.

«Ello puede suponer una intromisión ante un derecho irrenunciable, inalienable e imprescriptible», abunda el Procurador, quien llama, sobre todo a la Inspección educativa, a asegurar la garantía de esos derechos e insta a la Administración a «determinar si pudiera haber existido la comisión de cualquier infracción que debiera ser objeto de sanción, ello tras la tramitación del correspondiente expediente» y a devolverle las encuestas a los alumnos.