El «fruto del árbol envenenado», la doctrina con la que el líder de la trama eólica quiere evitar la cárcel

La defensa del presunto cabecilla de la trama eólica, Rafael Delgado, ha esgrimido este lunes ante el juez la doctrina –o teoría– del fruto del árbol envenenado para tratar de evitar el proceso judicial que podría suponerle una condena de 42 años de cárcel. Esta, junto con la prescripción de los delitos, ha sido la principal alegación del letrado del supuesto líder de la red de mordidas, que obtuvo más de 80 millones de euros, en el que es el mayor caso de corrupción de la historia de Castilla y León.

Para el abogado del exviceconsejero de Economía y secretario general de la Consejería de Economía desde 2003 a 2011, y para el resto de los defensores de los ya 13 acusados –al retirársele las acusaciones a Carlos Galdón–, el magistrado debería declarar nulas todas las actuaciones debido a las, arguyen, irregularidades administrativas cometidas por la Inspección de Hacienda que dieron con el informe que supuso el origen de la causa contra este grupo de ex altos cargos del Gobierno autonómico y empresarios.

Su razonamiento se basa en una metáfora legal que hace referencia a la valoración de las pruebas, que, al entender de los abogados defensores, fueron obtenidas de forma ilegítima. La doctrina del fruto del árbol envenenado viene a decir que si se la fuente de la prueba –el árbol– se corrompe, el fruto –la prueba– también lo está. En otras palabras, las defensas argumentan que la Agencia Tributaria recabó las pruebas por medios ilícitos, por lo que las pruebas no deberían ser tenidas en cuenta por el juez a la hora de dictar sentencia.

Un informe con «irregularidades»

Según las defensas de los acusados de la trama eólica, el inspector de Hacienda Juan Tocino elaboró el informe, en diciembre de 2014, cometiendo «numerosas irregularidades». Según los letrados, este informe «envenenado» que dio lugar después a las acciones de la Fiscalía Anticorrupción, supone «una vulneración plena de derechos». En concreto, se han referido a que Tocino no refleja la fecha en la que comenzó la inspección –que tiene un límite de un año y medio– y a que no se comunicó a los imputados.

Según indicó el abogado del presunto cabecilla de la trama, no se informó a sus sociedades mercantiles, Delgado Consulting y Samuño Activos, por lo que todas las pruebas obtenidas estarían contaminadas. A los encausados se les acusa de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, extorsión, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública.

La trama comenzó cuando la Junta gobernada entonces por el 'popular' Juan Vicente Herrera decidió favorecer la entrada de empresas de la Comunidad en las promotoras de parques eólicos para obtener las licencias correspondientes. Delgado, al dictado de su jefe, el exconsejero de Economía Tomás Villanueva –ya fallecido–, orquestaron un modelo para manejar las licencias, apartando a los servicios territoriales de la Junta.

El presunto modus operandi consistía en que obligaban a que las grandes empresas se aliaran con pequeñas compañías locales en los proyectos si querían obtener autorizaciones para construir estas instalaciones de energías renovables. Las empresas de la comunidad compraban a bajo coste participaciones y, una vez concedidos los permisos, inflaban su precio y las revendían.