El juez llama a declarar al secretario de Transición Justa del PSOE de Castilla y León por tráfico de influencias

El secretario de Transición Justa del PSOE de Castilla y León y alcalde de Villablino, Mario Rivas, ha sido llamado a declarar ante el juez acusado de un delito de tráfico de influencias. Rivas, uno de los miembros de la Comisión Ejecutiva Autonómica de los socialistas, que lidera la presidenta y ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el secretario general del PSCyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, está siendo investigado por encargar desde el Ayuntamiento trabajos para su empresa.

En concreto, y como consta en un albarán al que ha tenido acceso El Debate, Rivas compró dos carteles para su ganadería familiar, Rivas López, para que la entrega se le hiciera al propio Consistorio. Como señala el escrito de diligencias previas, con fecha del pasado 26 de septiembre y que obra en poder de este periódico, el magistrado del Juzgado de Instrucción Nº2 de Ponferrada lo llama a declarar el próximo 27 de abril.

En la diligencia de ordenación aparece quién será el abogado de Rivas, que será el decano del Colegio de la Abogacía de León, Fernando Rodríguez Santocildes, especializado en asuntos penales y de Familia y con tres décadas de ejercicio a sus espaldas. El letrado defenderá al regidor por un delito enmarcado como corrupción, que, aunque con un importe muy bajo, que no llega a 300 euros, evidencia una manera de proceder en la que la línea entre lo público y lo privado es difusa.

Más allá de posibles responsabilidades penales, este caso puede tener un coste político para el dirigente de la comarca de Laciana. Según señalan fuentes conocedoras del caso, Rivas «envió tres escritos desde julio pidiendo ir a declarar y el Juzgado le dijo que le llamarían ellos. Sería para declarar antes de que se hicieran las listas a las Cortes por si se archivaba, aunque es muy difícil con tanta prueba, pero como el abogado lo paga el Ayuntamiento...».

El PSOE obvia sus propios estatutos

Además de esas hipotéticas pretensiones para tratar de ser procurador en la Cámara autonómica, este asunto deja dañada la imagen de los socialistas castellanoleoneses, que este fin de semana celebran una convención en León en la que participan Martínez y el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en un acto, este domingo, que marca simbólicamente el inicio de la precampaña de las elecciones autonómicas de 2026, que el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, convocará el 15 de marzo, según lo previsto.

El PSCyL de Redondo y Martínez está haciendo caso omiso del Estatuto de los cargos públicos del PSOE, que pone negro sobre blanco que la formación política tiene que «suspender a alcaldes, concejales y parlamentarios que se hallen incursos como imputados/procesados en un juicio oral por algún delito contra las Administraciones Públicas» y, además, lo mantiene en su órgano ejecutivo al frente de una Secretaría.