​Más de 300 consultas presenciales y 11.900 telemáticas: así funcionan las oficinas antiokupación de Castilla y Léon

Garantizar la propiedad privada y perseguir el delito de la okupación. Bajo estas dos premisas nacieron hace algo más de dos años las oficinas de información frente a la okupación de la Junta de Castilla y León. Desde entonces hasta hoy, estos puntos de atención han recibido 305 consultas presenciales y 11.900 telemáticas, según los datos facilitados por el propio Gobierno autonómico. Las cifras confirman la creciente demanda de información y de asistencia especializada que se está experimentando en la Comunidad.

Las oficinas antiokupación están gestionadas por las Cámaras de la Propiedad Urbana y su misión es facilitar a los ciudadanos información y apoyo jurídico sobre prevención, actuación inmediata y tramitación de casos en curso en las nueve provincias de Castilla y León.

El servicio se presta tanto de forma presencial en la Cámara de la Propiedad Urbana de cada provincia, como telemática, a través del 012 o de las páginas web de las Cámaras.

Una vez que la oficina recibe la consulta, procede a analizarla (si se trata de una ocupación consumada, un intento, un cambio de cerradura o una mera sospecha transmitida por vecinos) y determina la vía adecuada de actuación.

En los casos en los que pueda existir delito, la oficina orienta sobre cómo proceder ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y qué pasos seguir para formalizar la denuncia. Si la situación requiere iniciar trámites judiciales, los técnicos explican las opciones disponibles, los tiempos aproximados y la documentación necesaria.

Consejos preventivos

La red de oficinas también ofrece consejos preventivos para luchar contra la okupación, especialmente útiles en una comunidad donde abunda la vivienda vacía, las segundas residencias y los inmuebles cerrados durante meses. En concreto, da recomendaciones de seguridad, pautas sobre contratos, titularidad o accesos. La intención es reducir la vulnerabilidad de ciertos perfiles de propietarios, especialmente mayores o residentes en el medio rural.

El convenio entre la Junta y las Cámaras incluye también la actualización permanente de la información legal y la formación del personal que atiende estas consultas, de modo que los ciudadanos reciban una orientación ajustada a la normativa vigente.

El servicio forma parte de la estrategia del Ejecutivo autonómico para reforzar la protección del derecho a la propiedad, uno de los argumentos centrales con los que se justificó la creación de estas oficinas en 2023.en todas las provincias, oficinas de información y asesoramiento antiokupación.

Ni toledada ni justificada

La Junta de Castilla y León es una de las administraciones más críticas con la okupación de viviendas, y con las políticas puestas en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez. Recientemente, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, reiteró el compromiso de la Junta de «defender» los derechos de los ciudadanos» que sufren la okupación de sus viviendas y de «apoyar iniciativas y reformas legislativas» que permitan una actuación más rápida ante las ocupaciones ilegales.

En este sentido, pidió cambiar la Ley por el Derecho a la Vivienda, «que amparan a los ocupas ilegales, dificultan la recuperación de la posesión por los legítimos propietarios y crean inseguridad y conflictividad para los vecinos pacíficos», dijo durante una reunión con los vecinos de Arroyovereda, urbanización okupada de Arroyo de la Encomienda.

Según Suárez-Quiñones, «la ocupación ilegal no puede ser tolerada ni justificada bajo ninguna circunstancia», por eso, apostó por una «acción conjunta» de todas las administraciones que están en contra de esta legislación y de las situaciones que provoca, como la presente, para «restablecer la seguridad, la convivencia y la confianza vecinal».