El alcalde de un pueblo de Valladolid con okupas planta cara al Gobierno: «Esto no ocurre en ningún país de la Unión Europea»

El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) vuelve a alzar la voz contra la okupación de viviendas. Su alcalde, Sarbelio Fernández, ha remitido varias cartas al Defensor del Pueblo, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMP CyL) para denunciar lo que considera una deriva preocupante del Gobierno, que «legaliza okupaciones a través del Sareb». «Promueve políticas de Estado que dan protección al okupa y convierten en vulnerable al propietario, al trabajador que se paga su piso con su esfuerzo diario», dice.

Ante esta situación, Fernández reclama la implicación directa del Defensor del Pueblo y de las federaciones de municipios y provincias para poner freno a la problemática de la okupación que, en sus palabras, «ha derivado en un perverso e ilegal sistema de acceso a la vivienda».

Asimismo, el regidor denuncia que lo que ocurre en España con la okupación de viviendas «no ocurre en ningún país de la Unión Europea, y sobre lo que la FEMP guarda silencio».

«Primero se asalta y ocupa ilegalmente una propiedad y, posteriormente, abusando del sistema de protección social, se obtiene el título para mantenerse de forma permanente en ella», censura el alcalde de Arroyo en sus cartas.

En los escritos, el regidor explica que más de 200 vecinos de la urbanización Arroyovereda, situada en el municipio vallisoletano, llevan casi tres años conviviendo con la okupación de cerca de la mitad de las viviendas del edificio donde residen. La situación ha derivado en conflictos vecinales, deterioro de zonas comunes y un clima de inseguridad.

El alcalde denuncia que Arroyovereda se ha convertido en un símbolo de la desprotección del propietario honrado, y pide que se revise la «perversa» ley de vivienda y la ley de Bases del Régimen Local para que los ayuntamientos puedan actuar con mayor agilidad y respaldo jurídico en casos de usurpación de inmuebles.

Tres años de conflicto vecinal

El caso de las viviendas okupadas de Arroyovereda lleva generando tensiones desde hace casi tres años. Los vecinos aseguran que el problema comenzó con las primeras okupaciones de viviendas vacías de la Sareb, y que la situación se ha agravado por la falta de actuaciones judiciales rápidas. En septiembre, la Policía Local y la Guardia Civil cortaron 17 enganches ilegales de agua, pero el conflicto persiste.

El Ayuntamiento sostiene que ha mantenido reuniones con la Junta de Castilla y León y con las fuerzas de seguridad para buscar soluciones, pero insiste en que la respuesta debe llegar desde el Gobierno central, responsable último de la legislación que regula los desalojos y el uso de viviendas públicas.

Reunión entre la Junta y los vecinos

La Junta de Castilla y León se reunió el pasado fin de semana con representantes vecinales de Arroyovereda para conocer la situación actual de la urbanización. Durante la reunión, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, destacó la «preocupación del Gobierno autonómico por las graves consecuencias que esta problemática ha generado en la convivencia, la seguridad y la calidad de vida de los vecinos, así como por el deterioro urbano y económico que padece el entorno».

Suárez-Quiñones dejó claro que la Junta «está del lado de los vecinos y de la legalidad», y remarcó que la voluntad del Ejecutivo autonómico es «colaborar activamente con el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la búsqueda de soluciones efectivas para garantizar la restitución de la normalidad y el respeto a la propiedad privada».

También, recordó que la Consejería realiza «un seguimiento permanente» de este tipo de situaciones, «especialmente en aquellas zonas donde la okupación irregular provoca problemas de convivencia y seguridad».

Finalmente, dijo que la «okupación ilegal no puede ser tolerada ni justificada bajo ninguna circunstancia», y ha asegurado que apostará por «una acción conjunta de todas las administraciones que están en contra de esta legislación y de las situaciones que provoca, como la presente, para restablecer la seguridad, la convivencia y la confianza vecinal».