Peaje del Huerna, Autopista AP-66
Un informe desmonta el argumento del Gobierno para mantener el peaje del Huerna entre León y Asturias
Los autores del texto estiman una indemnización de 85 millones de euros, muy inferior a los 674 millones que costaría mantener la concesión hasta 2050
El debate sobre el peaje que une León y Asturias, en la Autopista del Huerna (AP-66), sigue creciendo. Un informe elaborado por los catedráticos Carlos Aymerich Cano y José Antonio Blanco Moa concluye que la prórroga de la concesión de la AP-66 hasta 2050 (el argumento recurrente del Gobierno para justificar la continuidad del peaje) puede declararse nula y, además, hacerlo sin provocar un perjuicio económico significativo para las arcas públicas.
Este resultado cuestiona de lleno la posición del Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente, y que en los últimos meses ha insistido en las dificultades jurídicas y financieras para suprimir dicho peaje.
El trabajo académico, encargado por Somos Asturies, sostiene que la ampliación de la concesión aprobada en el año 2000 constituye una modificación sustancial de las condiciones iniciales y, por tanto, debía haberse sometido a un nuevo concurso público. Si se considera nula, el Estado solo tendría que asumir una indemnización aproximada de 285 millones de euros, muy lejos de los 674 millones que supondría mantener la concesión vigente hasta mitad de siglo.
A esta cifra se suma otro elemento clave, el del coste anual de conservación de la vía de montaña, que los catedráticos sitúan en torno a 4,8 millones de euros. Un gasto perfectamente asumible dentro del presupuesto del Ministerio, especialmente si se compara con otras infraestructuras liberadas en los últimos años.
Con estas cifras sobre la mesa, el informe concluye que existen herramientas jurídicas «claras y viables» para iniciar una revisión de oficio que permita anular la prórroga y liberar el peaje ya en 2026, si el procedimiento se pone en marcha de inmediato. Asimismo, explica que se trataría de un procedimiento administrativo ordinario.
El documento refuerza las reivindicaciones de las comunidades afectadas, que llevan meses reclamando la supresión de un peaje que consideran un agravio histórico. Para Asturias y para la provincia de León, la AP-66 es una infraestructura estratégica, ya que es la única conexión rápida a través de la Cordillera Cantábrica, esencial para el transporte, la industria, los desplazamientos laborales y la vertebración del noroeste peninsular.
Peaje del Huerna, Autopista AP-66
Ayuntamiento de León
Hace menos de un mes, el pleno del Ayuntamiento de León aprobó una declaración institucional en la que instaba al Gobierno a aplicar las medidas necesarias para eliminar el peaje de la autopista del Huerna, y a la recuperación «inmediata» de la concesión para transformar la vía de altas prestaciones en una carretera gratuita que facilite las conexiones entre Asturias y León.
Según la exposición de motivos del Ayuntamiento, en el año 1975 se otorgó la concesión de la autopista AP-66, la autopista que une León y Asturias, por un plazo de 46 años a Aucalsa, debiendo finalizar la misma en octubre de 2021. Sin embargo, en el año 2021, alegando una decisión adoptada en el año 2000, el Gobierno de España acordó una prórroga de 29 años más, lo que extendió la concesión hasta el año 2050.
Por este motivo restan 25 años de la gestión privada y con ello de cobro por la utilización del paso de altas prestaciones entre León y el Principado de Asturias. Esta ampliación de la concesión, «cuestionada por muchas voces ya en su momento», se realizó extendiendo el contrato existente, lo que llevó a la denuncia de las condiciones.
El ultimátum de Europa
El pasado mes de julio, la Comisión Europea dio un ultimátum a España en el que advertía de que llevaría este asunto ante la Justicia si no se modificaban las concesiones, que son «contrarias a las normas de la licitación pública europea», pues los contratos de concesión se vendieron a los concesionarios sin haber abierto el proceso de licitación ni cumplir el trámite de publicarlo en el Diario Oficial de la Unión Europea, como exige la directiva sobre contratos públicos, «vulnerando de este modo la libre competencia que ha de regir las concesiones».
En este contexto, la declaración refleja que existen precedentes de la eliminación de las cuotas de paso, ya que entre los años 2018 y 2021 el Ejecutivo central eliminó el peaje de un total de 1.084 kilómetros de carreteras de peaje en Galicia, Asturias o la Comunidad Valenciana, alegando la seguridad en la comunicación y el aumento en el flujo de los vehículos en las vías convencionales debido al coste del pago, y coincidiendo con el fin de los contratos de adjudicación de la concesión.
