La exvicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, visita las instalaciones de CiudenCésar Sánchez

El PP teme que la investigación a la fundación que dependía de Ribera obligue a devolver fondos europeos

Los parlamentarios leoneses 'populares' en el Congreso y el Senado han registrado tres preguntas para que el Gobierno de Sánchez aclare si conocía las supuestas irregularidades en contratos de Ciuden

Los parlamentarios leoneses del PP en el Congreso y el Senado han registrado tres preguntas para que el Gobierno de Pedro Sánchez aclare si conocía las supuestas irregularidades en contratos de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), que están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Ponferrada, y qué actuaciones ha hecho o va a hacer en relación con este asunto.

Entre otros, los diputados y senadores 'populares' plantean si puede existir «riesgo de reintegros masivos» de fondos europeos, ya que la Fundación Ciudad de la Energía, con sede en Ponferrada, gestiona millones de euros procedentes de las Fondos Next Generation para la Transición Justa.

Asimismo, quieren saber qué hará el Ejecutivo para «asegurar la preservación, integridad y trazabilidad de la documentación contractual y de los pagos vinculados a los hechos investigados», contratos presuntamente amañados durante la etapa de ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico de la actual vicepresidenta primera europea, la socialista Teresa Ribera.

En este sentido, cuestionan qué medidas ha tomado ese Departamento, hoy en manos de Sara Aagesen, «para garantizar la confidencialidad de las denuncias para prevenir represalias y proteger la colaboración con la justicia», en alusión al denunciante, un extrabajador de esa fundación.

Los 'populares' quieren, asimismo, conocer si el Ejecutivo de Sánchez «ha remitido actuaciones o documentación al Tribunal de Cuentas o a la Fiscalía», y si, como recoge Ical, «ha actualizado las conclusiones de las actuaciones internas y reforzado las medidas para evitar el fraccionamiento de los contratos y limitado el uso de los anticipos».

2,6 millones de euros

Las diputadas y los senadores por León quieren conocer, además, cuándo tuvo conocimiento el Gobierno de los 2,6 millones de euros adjudicados en contratos presuntamente amañados y qué órgano interno fue el encargado de tramitarlo.

Esther Muñoz, dputada por el PP en el Congreso por la circunscripción de LeónEFE

Respecto al programa Dinamiz-ARTj, cuyos contratos son los principalmente investigados –referentes a adjudicaciones como las del Festival de Flamenco Bierzo al Toque o la contratación del software de venta de entradas del Museo de la Energía, según OkDiario–, los parlamentarios leoneses exigen conocerlos en detalle, así como los pagos dentro de este programa desde el año 2020, especificando qué «controles ha llevado a cabo» y, en su caso, «si ha identificado los indicios de fraccionamiento» que han sido denunciados.

También reclaman los dirigente del PP de la provincia que se desvele qué criterios sigue la Ciuden para el uso de la fórmula de «anticipo a cuenta o de caja» para el pago de los contratos menores y si existen «limitaciones» para asegurar «la trazabilidad, fiscalización y control del gasto asociado».