Un grupo de refugiados de la guerra de Mali, en una imagen de archivo
Al Gobierno de Sánchez se le atragantan las obras de un costoso centro para 200 refugiados en un pueblo de León
El Ejecutivo debería tener listo el Centro de Acogida de Protección Internacional de Villablino en cinco meses, pero el proyecto, que se construirá junto a un colegio, contraviene una norma autonómica
El entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, visitó en mayo de 2023 la localidad leonesa de Villablino –de unos 7.700 habitantes–, donde anunció la construcción de un centro para refugiados con una inversión de casi 12 millones de euros y con capacidad para 200 plazas. El complejo, de unos 10.000 metros cuadrados, con una zona de calistenia y otra de musculación y ubicado junto a un colegio, debería de estar listo a finales del próximo mes de marzo, pero la realidad está siendo muy distinta.
Según apuntó entonces Escrivá junto al alcalde de la localidad, el investigado por tráfico de influencias Mario Rivas, –miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE de Castilla y León–, la idea del Gobierno de Pedro Sánchez era tenerlo listo a mediados de este año. Sin embargo, una batería de preguntas realizada por el PP en el Congreso de los Diputados hace unos meses puso más que en duda no solo el tiempo previsto de ejecución –a todas luces imposible–, sino la propia viabilidad del proyecto tal y como está concebido.
Y es que la Junta de Castilla y León, liderada por Alfonso Fernández Mañueco, aprobó el pasado mes de febrero una orden autonómica que establece limitaciones al número de plazas de este tipo de centros. En concreto, reduce a 120 a los ubicados en poblaciones de más de 20.000 habitantes, a 72 a los sitos en municipios de entre 10.000 y 20.000 vecinos y a apenas 60 en el caso de los de menos de 10.000, como es el de Villablino. La norma, que afecta a varios de los centros para refugiados y solicitantes de asilo proyectados en la comunidad autónoma, da al traste con lo proyectado en la localidad leonesa, que vería reducida en más de tres veces su capacidad.
Las diputadas Ester Muñoz y Silvia Franco preguntaron al Ejecutivo por escrito el pasado junio por la cifra de plazas definitivo que tendría el centro tras la aprobación de la normativa autonómica y la respuesta del Gobierno fue que el número «no estará definido hasta que sea una realidad, aunque se contempla que el recurso podría tener alrededor de 200 plazas». En otra pregunta de las parlamentarias 'populares', cuestionado por las fechas, el Ejecutivo admitía que el contrato de ejecución de las obras no se había licitado, dado que necesitaban tener antes el proyecto de ejecución. Asimismo, indicaba que la adjudicación del contracto del servicio de redacción del proyecto básico se había adjudicado en diciembre de 2024.
El Gobierno de Sánchez, en respuesta a otra de las preguntas, tampoco aclara si se perderán los fondos europeos asignados para la construcción por los retrasos acumulados. Da la casualidad que en el mismo terreno donde se pretende erigir el complejo para refugiados ya se intentó alzar antes un parador ideado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 y que jamás vio la luz.
Ubicación del futuro centro de refugiados de Villablino
Desde el PSOE achacan la actual situación de punto muerto del CAPI al Gobierno de Mañueco y la mencionada orden. Así, en febrero, los socialistas emitieron un comunicado en el que afirmaban que «este centro no solo ofrecía acogida a personas refugiadas, sino que suponía una inversión de 10 millones de euros –en alusión solo a la propia obra– que habría generado empleo, actividad económica y nuevas oportunidades en una comarca golpeada por el cierre de la minería. Mientras la Junta habla de reto demográfico, en la práctica boicotea las inversiones que pueden traer vida y futuro a Laciana».
Por su parte, Carlos Martínez, secretario general del PSOE de Castilla y León y próximo candidato socialista en las elecciones autonómicas de 2026, apuntaba a que «el recorte del Centro de Acogida es un golpe directo al futuro de Villablino». «No quieren que la comarca prospere, no quieren inversiones en nuestra tierra y, sobre todo, no quieren que Castilla y León sea un ejemplo de solidaridad y justicia social. Prefieren dinamitar cualquier proyecto del Gobierno de España antes que reconocer que es bueno para la ciudadanía», aseveró el también alcalde de Soria.
