Decenas de africanos acampan desde hace dos meses en un parque de Segovia a la espera de que Sánchez les de asilo

Su cifra es de más de veinte y menos de treinta y sus países de origen, Mali, Burkina Faso y Ghana. Son las decenas de inmigrantes ilegales africanos que acampan desde el pasado julio, hace ya dos meses, en los Jardinillos de San Roque, en pleno casco urbano de Segovia. Allí malviven y, aunque la Subdelegación del Gobierno asegura que no suponen un problema de seguridad, la realidad es que su presencia, entre cartones y sus enseres, no invita a pasear por este parque de finales del siglo XIX.

Dos de los malienses apuntaron hace tres semanas a El Día de Segovia que llegaron a España tras de un largo periplo en el que viajaron por vía marítima desde el Magreb hasta Italia y, tras recorrer Francia, llegaron hasta Madrid y de ahí a la capital segoviana, pensando que allí sería más fácil obtener el estatus de asilados. Según relatan, el tapón existente en las secciones de Extranjería de las comisarías de la Policía Nacional es el motivo de su situación, paliada en parte por la ayuda de algunos vecinos y de Cáritas.

Este viernes, el diputado de Izquierda Unida (IU) y secretario general del Partido Comunista de España (PCE), Enrique Santiago, ha acudido a los Jardinillos para reunirse con los inmigrantes irregulares y, de paso, para criticar con dureza a la Junta de Castilla y León, a la que ha tildado de «racista» por no hacerse cargo de este grupo de subsaharianos. Cabe recordar que IU forma parte del Gobierno de Pedro Sánchez y cuenta con una militante en el Consejo de Ministros, Sira Rego –titular de la Cartera de Juventud e Infancia– y que su partido está integrado en la coalición Sumar, liderada por Yolanda Díaz, a la sazón, vicepresidenta segunda del Gobierno.

«¿Por qué cuando llegan ciudadanos refugiados rubios y blancos ponen dispositivos para atenderlos, pero cuando llegan ciudadanos africanos y negros no encuentran recursos?», se preguntó Santiago, quien añadió que «es muy vergonzoso que entre todas las administraciones no sean capaces de atender a menos de 30 personas». «En los últimos años se han multiplicado las solicitudes de asilo con 170.000 solicitudes en 2024. El mundo cada vez tiene más conflictos y España tiene que devolver la solidaridad que recibió en las ocasiones que el pueblo tuvo que irse al exilio», añadió el dirigente comunista, quien aseguró que a él y su partido les «preocupan estas situaciones, porque este crecimiento ha sido sostenido y constante, con lo cual la administración tendría que haber adaptado ya los sistemas informáticos».

El líder del PCE admitió que hay un problema con las solicitudes de citas en extranjería y asilo que provoca una falta de cumplimiento con la legislación internacional que obliga a dar, desde el primer momento, unas condiciones dignas de acogida a los solicitantes de asilo, como recogió Ical. Pero, lejos de dirigir las responsabilidades hacia el Ejecutivo central –en concreto, hacia Fernando Grande-Marlaska y Elma Saiz–, que es el que tiene las competencias en materia de inmigración, volvió a apuntar hacia el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco por «la negativa de la Junta de Castilla y León a que los solicitantes de asilo puedan usar el comedor social de San Millán».

Un limbo legal

Esta sería, a su juicio, una solución que facilitaría la manutención de estas personas, que, señaló, se encuentran en un limbo legal, sin documentación formal, sin estado legal de residencia, sin medios económicos para subsistir, y sin un lugar en el que dormir y cuidar su higiene. «Hay perfecta capacidad para organizar la acogida transitoria hasta que el Ministerio de las citas», agregó.

Asimismo, Santiago aseveró que desde Izquierda Unida ya presentaron una iniciativa y, actualmente, mantienen negociaciones con el Ministerio de Interior y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones –los competentes– para acelerar la puesta en marcha de programas sociales de tránsito mientras se arregla el problema. «En breves días va a empezar el frío y deberían implicarse las administraciones locales y darles un sitio para que puedan estar refugiados», apuntaló el diputado, quien zanjó que no puede haber discriminación por el color de la piel o la religión de profesen este tipo de personas.