El último intento del Gobierno por escapar del cerco judicial también fracasa en apenas dos horas

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este lunes ocurrió algo nada habitual. La portavoz del Gobierno y los ministros que la acompañan (cada semana unos) están más que acostumbrados a responder a preguntas sobre los casos de corrupción. Ya sea el caso Begoña, el de Ábalos, el de Plus Ultra, el caso Leire, el del hermano de Sánchez, el de hidrocarburos… Las respuestas siempre son las mismas o parecidas: respeto a la presunción de inocencia, colaboración con la Justicia, el PSOE ya limpió su casa…

Sin embargo, ayer la Secretaría de Estado de Comunicación concedió seis turnos de preguntas y ninguna de ellas —más de una docena— fue sobre el enorme lastre del Ejecutivo, sino sobre los asuntos aprobados por el Consejo de Ministros: la actualización del cuadro macroeconómico por parte del Ministerio de Economía como punto de partida para la elaboración de los Presupuestos Generales de 2027 y la prórroga de las medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Próximo. Así como sobre el anuncio que hizo Elma Saiz de que, en julio, el Gobierno aprobará otro real decreto ley con medidas en materia de vivienda, después de que este año el PP, Vox y Junts le hayan tumbado en el Congreso los tres anteriores.

La pretensión del Ejecutivo para este fin de curso, después del pleno sobre corrupción del miércoles pasado y del Comité Federal del PSOE del sábado, es precisamente esa. Tratar de recuperar la iniciativa política y el control de la agenda con los temas que, según afirman en la Moncloa, preocupan verdaderamente a los ciudadanos. Hace meses que los socialistas no lo consiguen.

La semana pasada lo intentaron con la aprobación de un real decreto ley que inyectará al sistema de dependencia 6.200 millones de euros extra en 2026 y 2027. Pero el anuncio quedó aplastado por los ecos de la sentencia contra José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de cárcel, que el Tribunal Supremo había hecho pública el día antes. Este lunes parecieron haber empezado a lograrlo… pero tampoco.

El alivio le duró al Gobierno un suspiro, apenas dos horas. Hasta que, a última hora de la mañana, se hizo pública una providencia de Santiago Pedraz en la que el juez de la Audiencia Nacional imputa a la presidenta de la SEPI y a otras 24 personas presuntamente relacionadas con la cloaca del PSOE. Sumado al paso por el Senado de la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero y del excomisario del aeropuerto de Barajas; a la declaración de la empresaria Carmen Pano en la Audiencia Nacional, ratificándose en que la trama Leire intentó sobornarla, y a las primeras informaciones sobre el contenido del libro de Santos Cerdán, que este martes sale a la venta.

«El Gobierno de P. S. tiene a 121 personas imputadas en casi una veintena de causas de corrupción», señaló el secretario general del PP, Miguel Tellado. Volvieron las oscuras golondrinas al balcón de Pedro Sánchez. El presidente tiene previsto este martes presidir un acto para celebrar los resultados del proceso de regularización masiva de inmigrantes sin papeles, en ese intento por cambiar el foco hacia la parte económica y social. Pero todos los esfuerzos son baldíos.

La cantidad de instrucciones en marcha en la Audiencia Nacional es tal que los socialistas son golpeados diariamente por un informe de la UCO o la UDEF, o un registro, o el contenido de una agenda, cuaderno o teléfono, o un auto de imputación, o de procesamiento, o incluso una sentencia, como ocurrió el lunes 22. La semana pasada terminó con un informe de la UCO que recogía cómo la empresa pública Red.es infló las valoraciones de las ofertas de las empresas de Carlos Barrabés —el amigo de Begoña Gómez y patrocinador de su cátedra— y esta empezó con las 25 imputaciones de Pedraz. «Es imposible seguir el minuto e imputado de Sánchez», ironizó Alberto Núñez Feijóo a última hora del día, en la Junta Directiva del PP de Murcia.

Además, varias de esas instrucciones están bajo secreto de sumario, de manera que los socialistas nunca saben cuál es la siguiente mina que va a estallar, ni cuál será su alcance. Lo están la pieza separada que investiga una posible caja B en el PSOE; el caso hidrocarburos; el de los contratos de obra pública vinculados a la SEPI, Acciona y Servinabar; el caso Leire y una parte del caso Plus Ultra, que es en el que está imputado Zapatero.

En el Gobierno y en el PSOE están desesperados con lo que consideran una «creciente judicialización de la política», a la que varios cargos del partido aludieron el pasado sábado durante el Comité Federal. Entre ellos, la presidenta navarra, María Chivite. Sánchez, por su parte, lo llama desde hace unos días el «nubarrón de causas judiciales», como si el cielo fuera a abrir repentinamente. Cuando en realidad el caso mascarillas fue rápido porque lo juzgó el Tribunal Supremo, pero los de la Audiencia Nacional van a durar ya no meses, sino años.

No obstante, en el Ejecutivo tienen intención de persistir en su intento de hablar de economía y medidas sociales en esta recta final del curso y en el comienzo del que viene. Queda para las próximas semanas la aprobación del techo de gasto y de los objetivos de estabilidad para las distintas administraciones (los límites de deuda y déficit), la aprobación del real decreto ley de vivienda, la convalidación en el Congreso del de medidas económicas contra los efectos de la guerra en Oriente Próximo, la participación del presidente en la cumbre anual de la OTAN en Turquía y su balance de fin de temporada, que lleva por título Cumpliendo y suele ser un homenaje a sí mismo.