Cientos de solicitantes denuncian saltos en la cola de la ley de nietos

Hay una cola invisible que nadie puede ver. O, mejor dicho, que solo el Gobierno controla y conoce hasta el último dato. Desde Buenos Aires hasta La Habana, cientos de descendientes de españoles repiten la misma queja: presentaron su solicitud de nacionalidad por la ley de nietos hace dos o tres años y siguen esperando, mientras ven cómo familiares o vecinos que la pidieron después ya son españoles. No discuten solo que el procedimiento sea lento; lo que ponen en duda es que se respete el orden, y que alguien pueda comprobarlo.

El Debate publicó que Albares desobedece una resolución firme del Consejo de Transparencia desde hace tres años que le obliga a hacer públicas las instrucciones enviadas a los consulados. La resolución sigue hoy sin ejecutarse. El mismo hermetismo que repite con la externalización exprés del proceso de nacionalización a Ineco en el consulado que acumula más volumen de solicitudes, 645.052, como también reveló este medio. El turbo metido por Moncloa para acelerar la incorporación al censo de los expedientes de nacionalidad es la «prioridad nacional» de Sánchez; pretende conseguir que solo la capital argentina incorpore al censo más población que la de ciudades enteras como Málaga, Murcia y Palma de Mallorca. El millón de solicitantes solo de Argentina convertiría al país de la pampa en la tercera concentración de españoles de todo el planeta, solo por detrás de Madrid y Barcelona.

El voto CERA, por definición, es el Censo Electoral de Españoles Residentes Ausentes. Sin embargo, el tsunami de nuevos españoles nacionalizados ya con la ley de nietos y el resto, hasta 2,45 millones, jamás ha residido en España. Resulta sorprendente que adquieran el derecho a voto si ni siquiera cumplen la definición misma del epígrafe de la Ley Electoral (LOREG) al que el Ejecutivo les empotra. Aunque Vox ha solicitado ya a la Junta Electoral Central que se prive del derecho a votar por correo a los españoles residentes en el extranjero, habría que plantearse una cuestión previa: si jurídicamente se sostiene la adscripción al censo CERA de quien jamás ha puesto un pie en España. La fábrica de nuevos españoles desde la entrada en vigor de la ley de nietos ha incrementado el censo electoral CERA; hasta mayo de este año suma 422.253 inscritos. La clave está en el orden por el que se tramitan los expedientes de los solicitantes. Y aquí es donde cobran relevancia las denuncias públicas de quienes llevan años a la cola.

La cola visible

Lo más revelador de estos testimonios es dónde aparecen. Muchos figuran, con nombre y apellido, en los comentarios de una publicación de la página oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores difundida el 12 de febrero de 2026. Es decir, en la cuenta institucional del ministerio de José Manuel Albares que gestiona los consulados. La fecha del post es muy relevante: meses después de que el plazo de solicitudes se cerrara el 22 de octubre de 2025 y de que el Gobierno anunciara la culminación de la digitalización consular. El mensaje estaba concebido para destacar los avances de la red exterior; sin embargo, los comentarios de los solicitantes de la ley de nietos revelan las trampas del Gobierno en quién salta la cola.

DICIREG es la plataforma digital de Registro Civil que el Ministerio de Asuntos Exteriores presentó en diciembre de 2024 como «un cambio de paradigma» para la ciudadanía española en el exterior. Según la nota de prensa oficial del MAEC (nota 083, 23 de diciembre de 2024), el sistema promete cinco herramientas concretas: obtener telemáticamente cualquier certificado del Registro Civil sin desplazarse al consulado; tramitar online las inscripciones de hechos del estado civil; acceder a un futuro Contact Center de atención al ciudadano; beneficiarse de nuevas oficinas consulares; y disfrutar de «inmediatez y seguridad jurídica» en un sistema que, según el Ministerio, «pone en su centro a las personas, sus derechos y sus necesidades».

El despliegue comenzó en julio de 2024 y culminaría «a mediados de 2025 en toda la red consular». Ninguna de esas cinco herramientas incluye lo que los solicitantes reclaman en 2026 y de lo que Exteriores presume desde 2024 que está al alcance de los peticionarios de a pie: un número de seguimiento individual, una posición verificable en la cola o cualquier mecanismo que permita al ciudadano saber en qué punto del proceso está su expediente. La arquitectura digital del Gobierno está diseñada para acelerar la producción masiva de nuevos nacionales y no rinden cuentas a cada uno de ellos. El sistema del palacio de Santa Cruz, que presume de «tramitación más ágil y simplificada», deja al solicitante en el limbo sin saber en qué punto de la cola está ni por qué otros que llegaron después ya son españoles. Las denuncias que cuelgan de los rimbombantes anuncios de Exteriores reflejan a la perfección la opacidad del Gobierno.

Las protestas más numerosas apuntan al Consulado General en Buenos Aires. Patricia Menéndez resumía su espera en pocas palabras: «Marzo de 2023. Casi tres años». Claudia Plez preguntaba si existía «alguna herramienta, lugar, formulario» para saber en qué estado se encontraba el expediente que su marido presentó el 23 de agosto de 2023. Ana María Venturino denunciaba trámites que superaban «por mucho los dos años de presentación» en un consulado que «ni siquiera tiene habilitada la oficina de informes». Dos comentarios independientes coincidían en un mismo dato: Ale Alonso aseguraba que «están saliendo resoluciones recién de agosto de 2023», y Alicia González, que Buenos Aires no había resuelto «ni siquiera un año de expedientes» pese a que la ley echó a andar en octubre de 2022.

Otros testimonios reflejan el desgaste de la espera. La doctora Elbi Oviedo Méndez pedía acelerar las resoluciones porque, advertía, «algunos descendientes están muriendo sin haber obtenido su nacionalidad por la demora». Desde La Habana, Iliana García contaba que hay «expedientes aprobados hace un año» todavía sin inscribir, y describía el de su hija, con el Anexo III presentado en marzo de 2024 y el Anexo VII en noviembre de ese año, sin culminar. También desde Cuba, Rafaela Leyva Freyre lo planteaba como una súplica: «Es hoy, mañana será tarde». No todos los mensajes eran críticos. María Eugenia Jerez agradecía el trato en el Consulado de Rosario, aunque asumía que su expediente, presentado el 21 de octubre de 2025, tardaría.

Charlas públicas de los propios los consulados ante la desconfianza

La controversia venía de lejos y había obligado a los propios consulados a salir a explicarse. En septiembre de 2025, un medio especializado, España Exterior, dedicó un artículo entero a responder a las acusaciones sobre el orden de resolución, y el Consulado General en Buenos Aires insistió en que los expedientes se tramitaban por riguroso orden de incoación. Pocos días después, el Consulado en Montevideo y el Consejo de Residentes Españoles organizaron una charla pública para tranquilizar a los afectados. Que una red consular tenga que dedicar conferencias y comunicados a defender cómo tramita la medida de la desconfianza acumulada.

Las mismas dudas se repiten fuera de Argentina. El Consulado de Montevideo reconoció haber recibido alrededor de 24.000 solicitudes y la necesidad de seguir tramitando durante años tras el cierre del plazo. En Brasil, sobre todo en São Paulo, distintos medios describieron un atasco que dejaba a medio millón de descendientes a la espera. Y en Cuba se acumulan desde hace meses multitudes de quejas por las citas y los retrasos.

La magnitud del atasco alimenta la sospecha. La ley de nietos ha generado unos 2,45 millones de solicitudes o manifestaciones de interés en todo el mundo, según la cifra que facilitó el ministro José Manuel Albares. Solo en la demarcación de Buenos Aires, el mayor consulado de España, de las 645.052 solicitudes, apenas 196.000 se habían presentado en ventanilla y unas decenas de miles estaban resueltas. Lo llamativo es la cronología: las quejas arreciaron una vez que el Gobierno dio por culminada esa modernización, una inversión que el propio Ejecutivo cifra en más de 115 millones de euros. Cuanto más presume el Ejecutivo de esa arquitectura, más difícil resulta explicar por qué el solicitante sigue sin una herramienta que le muestre en qué punto de la cadena está su expediente.

La cola invisible y los Nervis Villalobos de la dictadura castrista

La clave es que, a pesar de las herramientas digitales anunciadas por el Gobierno, no permiten seguir un expediente concreto. El solicitante no dispone de un número de seguimiento ni un orden público, transparente y verificable. La única información que describen quienes se atreven a denunciarlo públicamente es el silencio, hasta que, en el mejor de los casos, un día le llega la cita para jurar.

Las denuncias reflejan un procedimiento que no se rige por criterios objetivos y cronológicos. El caso Nervis Villalobos, que ya es español por esta vía, añade más sospechas a la cola invisible. Este medio se preguntó cuántos Nervis Villalobos de otras dictaduras como la cubana, que acumula 1 de cada 7 peticiones de nacionalidad de la ley de nietos. La respuesta quizás no tarde. Vox Populi publicó ayer que Estados Unidos investiga ya la concesión de pasaportes a castristas relacionados con el crimen organizado.

Hay que tener en cuenta que solo se conocen centenares de denuncias de quienes se han atrevido a hacerlas públicas. Existen foros en WhatsApp y otros canales que no lo son. Seguramente sean cientos de miles de solicitantes en el limbo, impotentes ante quienes les adelantan en la cola manejada por el Gobierno. Lo que sí es constatable es que, aunque el porcentaje del voto CERA en el exterior es mínimo en comparación con los votantes en España, ya ha dado sus frutos al partido del Ejecutivo en las cuatro últimas autonómicas. Algo que podría cambiar de forma radical, si se incorpora al censo a los amigos de la red exterior de Ferraz en América, adelantando en la cola al resto de desesperados solicitantes. No hace falta que voten 2,4 millones, que nunca lo harían. Solo el volumen de incorporaciones suficientemente motivado para cambiar los restos en los escaños clave que conforman las mayorías en el Congreso.

En cualquier democracia homologable, el ministro Albares habría comparecido ya en el Congreso de forma urgente para dar explicaciones de su manifiesta desobediencia ante la resolución del Consejo de Transparencia y las aplicaciones digitales del ministerio, los controles de la cola invisible o de la adjudicación a Ineco para acelerar la incorporación exprés al censo electoral a cientos de miles de solicitantes cuyo orden de incorporación y adscripción a la provincia electoral solo él conoce hasta el último detalle. En la España de Sánchez, ni el Gobierno ni siquiera se lo plantea.