Más de 80 familias militares se quedan sin comprar la casa donde viven desde hace 20 años por un cambio en Defensa

A comienzos de los 2000, las viviendas cedidas a militares en una suerte de alquiler empezaron a ser compradas por sus inquilinos. Fue en julio de 1999 cuando la ley cambió y los militares se empezaron a convertirse en propietarios.

La ley no automatizó la venta sino que estableció calendarios para ello. Sin embargo, las viviendas asignadas a militares en Pontevedra no corrieron la misma suerte. A pesar de ser igualmente enajenables, un retraso administrativo relacionado con convenio urbanístico entre el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) y el Ayuntamiento provocó que la venta nunca se llevase a cabo.

A día de hoy, la venta se encuentra suspendida y los inquilinos decepcionados. Muchos de ellos, amparados por la ley aprobada hace décadas, reformaron las viviendas y las adecuaron a lo largo de los años. Otros denuncian que, al contar con esta propiedad, no invirtieron dinero en comprar otros domicilios y muchos son ahora jubilados que no pueden permitirse este desembolso.

El Debate se ha puesto en contacto con los afectados para conocer lo ocurrido. Nos ha atendido José María Fernández, militar jubilado y porta

–¿Qué les ha explicado oficialmente el Ministerio de Defensa o el INVIED sobre la suspensión de la venta y por qué consideran que esa explicación no es suficiente?

–En principio, hay que significar que el INVIED O.A del MINISDEF nunca nos comunicó que había tomado la decisión de suspender la venta de las viviendas. Después de más de 20 años, repito 20 años, de negociaciones para llegar a un acuerdo de convenio urbanístico (cuya primera finalidad era que el Ministerio pudiera vender las viviendas) entre el Concello de Pontevedra y el INVIED y, a la vista de que no nos llegaba la oferta de venta correspondiente, varias personas solicitamos que, a la mayor brevedad, nos ofertaran la compra de la vivienda enajenable, conforme a la Ley 26/1999, tal y como habían realizado desde el año 2000 en todo el territorio nacional.

Nuestra desagradable sorpresa fue cuando recibimos una resolución desestimatoria argumentando que «con motivo del desarrollo de una nueva Estrategia de Vivienda Militar, que permita paliar la actual situación crítica de acceso a la vivienda por parte de los miembros de las FAS, se acordó entre otras medidas, aprobar la suspensión del proceso de enajenación directa de las viviendas militares ocupadas»

Obviamente, consideramos que la explicación es, no sólo de una notable contradicción de lógica administrativa ya que nuestras viviendas van a seguir ocupadas, bien en régimen de arrendamiento o bien en propiedad, sino y sobre todo de un gran agravio comparativo con nuestros compañeros en el resto del estado que ya tienen su vivienda en propiedad desde hace bastantes años.

–¿Cómo está afectando esta decisión a las más de 80 familias en la práctica? ¿Hay personas que habían hecho planes económicos o personales contando con la compra de la vivienda?

-Está afectando de una manera muy dura porque ha truncado la expectativa de vida de estas familias que, como para cualquier otra, la vivienda es fundamental. Hay que tener en cuenta que, en vista de que nos iban, más pronto que tarde como en el resto del territorio nacional, a ofertar la compra de la vivienda empezados a ahorrar, a abrir cuentas vivienda que tuvimos que cancelar con el correspondiente perjuicio económico, a invertir en reformas de la vivienda que el INVIED no acometía, etc.

Siempre pensando que sería nuestra casa. En definitiva, la demora en aprobar el convenio urbanístico del que, obviamente no somos responsables y sí las distintas administraciones actuantes, y ya, para colmo, esta decisión del INVIED nos han dejado en un estado de desamparo e indignación muy difícil de superar y, sobre todo, ahora nos encontramos en un limbo legal.

A todo esto, hay que aclarar que, en este largo recorrido, han fallecido bastantes personas que eran los titulares de las viviendas y que no llegaron a ver cumplido el objetivo de adquirir su vivienda.

–¿Qué esperan que ocurra ahora? Si Defensa mantiene la suspensión, ¿qué pasos están dispuestos a dar como plataforma?

–Acabamos de recibir, una parte de los interesados, la Resolución al recurso potestativo de reposición, ante el mismo organismo y redactado por el bufete de abogados de Calixto Escariz de Vigo con el que contactamos para que nos llevara la parte jurídica. La respuesta sigue siendo la misma: Defensa se mantiene en su postura.

Por una parte, hemos contactado con los distintos grupos políticos con implicación en la ciudad (PP, PSOE y BNG) y todos ellos han considerado una injusticia nuestra situación y nos han transmitido su apoyo. Confiamos en que esta vía, la política, llegué al Ministerio de Defensa y haga reconsiderar esta situación para aquellos militares a los que nunca se le llegó a ofertar la vivienda militar que ocupaban con anterioridad a 1999, fecha en la que entró en vigor la citada Ley.

Por otra parte, nos queda la vía judicial, que ya es triste que hayamos perdido tiempo y dinero y, ahora, tengamos que perder más de lo mismo: tiempo y dinero, cuando la práctica totalidad somos jubilados.

Por último, me gustaría puntualizar que no estamos pidiendo un privilegio; la decisión de enajenar y vender las viviendas militares fue una decisión de la Administración del Estado en el año 1999, se supone que por interés de esa administración y no de los usuarios en ese momento. A estos se les ofreció la posibilidad de adquirir la vivienda, por lo que hicieron previsiones de ahorro e inversión para ese fin. Fin que lograron la mayoría de compañeros del estado español salvo los de la ciudad de Pontevedra que por culpa de una inadmisible demora y una injusta decisión del INVIED del pasado año no pudieron realizar.