El Gobierno defiende la ley de nietos escondiendo los agujeros que engordan el censo electoral en contra de lo aprobado por el Parlamento

Pocas horas después de que Alberto Núñez Feijóo acusara este lunes al Gobierno de practicar «ingeniería electoral» con la ley de nietos, fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática difundieron un argumentario de nueve puntos. La portavoz Elma Saiz lo resumió con menos diplomacia: «irresponsabilidad mayúscula» de un dirigente al que situó «frustrado y desesperado» porque, dijo, «huele una derrota electoral». Conviene leer ese argumentario despacio, porque en su primera línea aparece ya la pieza que toda la operación lleva tres años procurando no enseñar.

La palabra que sobra

El comunicado abre afirmando que la ley «es de justicia para los descendientes de quienes, por razones políticas, ideológicas, de creencia, orientación sexual o por razones económicas, perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española». Más abajo, el propio texto cita la disposición adicional octava de la Ley 20/2022. En la ley aprobada por el Gobierno y sus socios no existe tal causa económica: la norma reconoce el derecho a quienes perdieron o renunciaron a la nacionalidad «como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual». El «exilio económico» argumentado por la Unidad de Mensaje de la Moncloa, vía «fuentes» del ministerio de Ángel Víctor Torres, evita mencionar que no se aprobó en el Parlamento.

Esta es la gran estafa democrática entre argumentario político oficial sanchista, el texto legal aprobado, la trampa de la instrucción de Sofía Puente y la propaganda en el exterior que este periódico ha descubierto y documentado paso a paso. El Parlamento rechazó dos veces, en octubre de 2022, las enmiendas de Ciudadanos que buscaban incluir a los emigrantes económicos. Seis días después de que la ley entrara en vigor, una instrucción firmada por la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, reinterpretó la sintaxis del texto hasta dejar el exilio político como un requisito prescindible. A partir de ahí, cualquier descendiente de español que hubiera emigrado por cualquier motivo, y desde cualquier época, pasó a tener derecho a la nacionalidad. Una ampliación jamás explicada a la sociedad española ni al Parlamento.

Una coartada que delata la nueva trampa argumental

El Ejecutivo subraya ahora que el PP «no planteó la derogación de la disposición adicional octava» en su recurso de inconstitucionalidad. Omite que los populares reclaman desde 2007 que la nacionalidad alcance a los nietos de toda la emigración, no solo el exilio político. Omite también que la ampliación está recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la Asociación por la Reconciliación y la Memoria Histórica debido precisamente a que una instrucción no puede ampliar derechos que la ley no reconoce, y todavía se encuentra en fase de instrucción. Defender la ley para evitar hablar de la instrucción equivale a contestar una pregunta que nadie ha hecho.

Quién habló primero de votos

El argumentario reprocha además a Feijóo que «frivolice y manosee la Memoria Democrática» al reducirla a «una cuestión electoralista». Merece la pena recordar quién introdujo el voto en esta conversación. Fue Pilar Cancela, entonces secretaria de Estado en el Ministerio de Exteriores y responsable del área de Exterior del PSOE, quien el 7 de julio de 2023, siete minutos antes del arranque de la campaña del 23-J, sostuvo en Buenos Aires que la nacionalidad «no solamente trae causa del exilio: es para cualquier descendiente, independientemente de la causa que sea». En el mismo acto añadió que los derechos de la ciudadanía en el exterior «solamente avanzan, solamente se enriquecen y solamente progresan cuando gobierna el Partido Socialista Obrero Español». Quien ligó la nacionalidad al voto fue la propia arquitecta de la operación en el seno del Gobierno ante una sala de futuros electores, mucho antes de que ayer lo hiciera el líder de la oposición.

Los funcionarios como escudo

El Ministerio sostiene también que cuestionar el proceso «pone en tela de juicio a los funcionarios y al personal que realiza los trámites». La confusión es interesada. Advertir que una directora general amplió por vía administrativa lo que el Parlamento había rechazado nada dice del personal de ventanilla de los consulados. Ese personal es, si acaso, quien soporta una avalancha que nadie dimensionó a tiempo: 2,4 millones de citas solicitadas, 1,2 millones de expedientes presentados y 544.722 aprobados a 31 de marzo de 2026, según las cifras que aporta el propio Gobierno y que coinciden con las que El Debate publicó a partir de los datos del ministro Albares. Las cifras oficiales confirman la tesis en vez de rebatirla: miden la dimensión de lo que el Gobierno ha hecho ya en el censo sin pasar por las Cortes.

El argumento europeo

Queda la apelación a Europa: «España no es una excepción», porque otros países permiten a los descendientes recuperar la nacionalidad. Italia, Irlanda, Portugal o Hungría disponen, en efecto, de vías de acceso por origen familiar. Ninguno las ha extendido de forma retroactiva a doscientos años de emigración mediante una instrucción dictada después de que su Parlamento rechazara esa misma ampliación. La singularidad española está en el cómo, en los engaños, las trampas y los agujeros.

Por eso la cobarde respuesta gubernamental de este lunes se libra sobre un terreno ya cartografiado. Cuando Feijóo menciona Argentina, los 645.052 expedientes de Buenos Aires o la externalización de la revisión de las 350.000 solicitudes en Cuba, no descubre nada: camina sobre datos que este periódico puso encima de la mesa cuando no figuraban en ninguna portada y el Ejecutivo levantó un aplastante muro de silencio sobre las informaciones.

Una cuestión de firma

Permítanme cerrar en primera persona. El Debate destapó esta historia: el DNI digital que abría la puerta al documento de identidad en los consulados, la prohibición de la Junta Electoral de las versiones fake de identificación digital solicitadas por el ministerio de Marlaska que abrieron la puerta al fraude en las urnas, la aceleración del asalto al censo para las elecciones generales con los 450.052 solicitantes en el Consulado General de Buenos Aires, la externalización exprés a Ineco, el gigantesco coladero sanchista ampliado al «cualquier motivo desde el siglo XIX», el doble discurso del ministro Torres ante España y ante Argentina, la carencia de anclaje jurídico de la ley ampliada al siglo XIX, el agujero cubano por el que 1 de cada 7 peticiones salga de Cuba con documentos que certifica una empresa estatal de la dictadura, la nacionalidad concedida a chavistas que destapa la trampa de la ley de nietos, las partidas de bautismo imposibles de verificar, la desobediencia de Albares al Consejo de Transparencia, el pucherazo del espejo rumano, las leyes europeas que recularon por fraude e, incluso hoy mismo, la financiación en el Consulado de La Habana para acelerar el asalto al censo con el modelo que las organizaciones internacionales denuncian como «esclavitud moderna», entre otros.

Cada una de estas piezas se publicó aquí, con nombre y apellidos, antes de que el asunto llegara a las entrevistas y tertulias, las denuncias de la oposición o las de las organizaciones en los organismos para parar este atropello. Es vital que el debate público exista y que actúen quienes tienen ahora la pelota en su tejado. Me apena cómo ha viajado. En estas semanas he visto reproducirse cifras y hallazgos sin una sola mención a su origen, como si hubieran brotado de la nada. He llegado a leer en Wikipedia a quien firma sesudos análisis levantados, ladrillo a ladrillo, sobre datos salidos de esta redacción, sin una línea que lo reconozca.

No lo escribo por vanidad. El periodismo de investigación se sostiene sobre una regla elemental: quien aprovecha el trabajo ajeno, lo cita. Cuando esa regla se incumple, el primer perjudicado es el lector, que pierde la pista de dónde viene lo que lee y deja de poder distinguir entre el periodismo y su refrito.

El relato del Gobierno aspira a que los hechos se disuelvan en consignas. La única defensa frente a esa estrategia es la de siempre: sostener cada dato, fecharlo, atribuirlo y firmarlo. Es lo que hemos hecho desde el principio y lo que seguiremos haciendo.