Ley de nietos: Europa blinda la nacionalidad por ascendencia y Sánchez la abre hasta el siglo XIX en contra del Parlamento

España es una bomba de relojería por la ley de nietos de Pedro Sánchez no solo para el censo electoral español, sino para la Unión Europea. Varios estados miembros aprobaron leyes similares, pero nunca ampliadas al siglo XIX en contra de sus legislaciones nacionales. El movimiento europeo de nacionalizaciones fue blindándose a medida que las vías de ascendencia se llenaban de solicitudes imposibles de comprobar y de fraudes en las certificaciones de los supuestos antepasados de los solicitantes. En contra de lo realizado por el Ejecutivo, los Estados fueron levantando cortafuegos: topes de generaciones, registros centrales, pruebas de arraigo, controles de identidad reforzados. Todas las capitales europeas buscaron evitar que un derecho histórico se convirtiera en un mercado y cortocircuitaron las estafas como reveló ayer El Debate con el caso rumano. El fenómeno es parecido en todas partes; lo que cambia es la decisión política ante él.

El Gobierno de Sánchez es la único que, conociendo los antecedentes europeos ha abierto una grieta de colosales dimensiones, y además por la vía de una instrucción administrativa que nunca pasó por las Cortes y sobre la que el legislador votó expresamente en contra. Donde Europa vio agujeros que cerrar, Sánchez ha encontrado una mina para ensanchar su censo.

El clon italiano de la ley de nietos

Italia afrontó un fenómeno casi calcado al español: una avalancha de descendientes de emigrantes, sobre todo en Argentina y Brasil, reclamando la ciudadanía por sangre. Su legal modelo era aún más generoso que lo que oficialmente reconoce la Ley de Nietos: hasta cualquier antepasado italiano vivo en 1861. En marzo de 2025 el Gobierno de Giorgia Meloni frenó en seco. El decreto del ministro de Exteriores, Antonio Tajani, convertido en mayo en la Ley 74/2025, limitó la transmisión automática a dos generaciones, hijos y nietos de nacidos en Italia, exigió un vínculo real con el país y trasladó la tramitación de los consulados a una oficina central.

El Gobierno italiano lo justificó por los abusos, el fraude y la comercialización de pasaportes, y calculó entre 60 y 80 millones los descendientes que en teoría podían reclamar la ciudadanía, una bolsa concentrada en Sudamérica que desbordó la red consular. Tajani zanjó que la ciudadanía es un asunto serio, no un trámite automático para quien nunca ha pisado el país. Mientras Roma estrechaba la puerta, Madrid la abría hasta el siglo XIX mediante trampas reveladas por El Debate.

Tras años de denuncias sobre despachos que vendían la ciudadanía como un producto, municipios pequeños desbordados por miles de expedientes sudamericanos y sentencias que reclamaban pruebas reales del vínculo. Roma decidió que la sangre, por sí sola, había dejado de bastar, y trasladó la decisión a una oficina central capaz de cruzar datos, lejos de los consulados que firmaban en serie.

La reforma italiana no fue la única

Irlanda conserva una vía de ascendencia, pero blindada. Solo da derecho el abuelo nacido en la isla; para ir más atrás, cada generación debe haberse inscrito antes de que naciera la siguiente. Esa inscripción se practica en un registro único y central, el Foreign Births Register, que funciona como libro mundial de los irlandeses nacidos fuera. Y exige las actas civiles originales de nacimiento, matrimonio y defunción de cada generación, no partidas de bautismo. Hay un tope, un registro que encadena las pruebas y la obligación de documentar con papeles del Estado.

Portugal recorrió el camino que Sánchez ha Abierto a sabiendas. Su ley de 2015 para descendientes de judíos sefardíes recibió cerca de 140.000 solicitudes y concedió la nacionalidad a unos 57.000 descendientes hasta finales de 2021. Cuando estallaron las sospechas de fraude, con la naturalización del oligarca ruso Roman Abramovich y la detención en 2022 del rabino de la comunidad judía de Oporto que certificaba expedientes, el Gobierno endureció el procedimiento mediante el Decreto-Ley 26/2022: exigió un vínculo efectivo con el país, como visitas o herencias, y terminó cerrando la vía. España tuvo una ley sefardí equivalente y la cerró a nuevas solicitudes en 2019, pero al mismo tiempo abría de par en par la de los nietos.

La marcha atrás portuguesa fue sonada. De presentarse como un gesto de reparación histórica, la ley sefardí pasó a símbolo de cómo una vía generosa podía comprarse, y el Gobierno terminó admitiendo que las concesiones se habían desbordado. El cierre llegó tarde, pero llegó, y dejó una lección que el resto de Europa no pasó por alto: una vía de ascendencia sin vínculo real ni registro fiable acaba convertida en mercado negro de nacionalizaciones.

La presión de la Comisión Europea

Bulgaria repitió el patrón. Su nacionalidad por origen se hereda por sangre hasta el bisabuelo, y desde 2001 más de 100.000 ciudadanos de Macedonia del Norte la han conseguido, casi todos por origen búlgaro declarado. En 2018 estalló el fraude: la Agencia Estatal para los Búlgaros en el Extranjero había emitido miles de certificados de origen falsos, destapados por una ex responsable del Consejo de Ciudadanía. Bajo presión de la Comisión Europea, Sofía endureció su vía de inversión, elevó los umbrales y acabó cerrando la venta directa de pasaportes.

Hungría aporta un contraste más modesto. En 2011 abrió la naturalización simplificada a los húngaros étnicos de los países vecinos, con clara intención política, pero al menos obliga a acreditar ascendencia húngara y a hablar el idioma. En todos estos países la reacción fue parecida. Cada uno reforzó sus controles a su manera, con topes de generaciones, registros centrales o pruebas de arraigo y de idioma, pero en ninguna capital se debatió cómo abrir más la puerta.

Francia sin abuelos

Francia ni siquiera tiene una vía de nietos que cerrar: la nacionalidad por sangre solo se transmite de padre o madre franceses, no de abuelos. Y su Código Civil apaga además los linajes dormidos. La llamada regla de la desuetude (artículo 30-3), impide probar la nacionalidad por filiación cuando el solicitante y el ascendiente del que la tendría llevan más de medio siglo residiendo fuera sin haber actuado nunca como franceses, sin sacar pasaporte ni inscribirse en el consulado. Un fallo de la Corte de Casación de mayo de 2023 extendió ese tope hasta los abuelos. Al mismo tiempo, París bloqueaba la naturalización ordinaria: la ley de inmigración de 2024 subió el nivel de idioma exigido y, en 2025, las nacionalizaciones por decreto cayeron un 13,5 %.

Reparación del genocidio nazi

Hubo una excepción, solo aparente. Alemania sí reabrió una puerta por ascendencia, pero para reparar el genocidio de Estado. El artículo 116.2 de su Ley Fundamental, vigente desde 1949, restituye la nacionalidad a quienes fueron despojados de ella por motivos políticos, raciales o religiosos entre 1933 y 1945, y una reforma de 2021 amplió ese derecho a quienes habían quedado fuera por la línea materna o por otras vías. El empujón vino del Brexit: solo entre 2016 y 2023 más de 34.000 británicos recuperaron así la ciudadanía alemana. Pero es una reparación atada a un agravio documentado y a un periodo cerrado, no un derecho abierto a toda la emigración desde el siglo XIX.

Austria hizo lo mismo, y por la misma razón. El parágrafo 58c de su Ley de Nacionalidad, reformado en 2020 y ampliado en 2022, abrió la ciudadanía a los descendientes directos de los perseguidos por el nazismo que tuvieron que huir, sin exigir idioma ni residencia y permitiendo conservar el otro pasaporte, algo que niega en el resto de los casos. Se calcularon al menos 200.000 posibles solicitantes en Estados Unidos, Reino Unido e Israel, y la reforma se presentó abiertamente como una equiparación con Alemania. Hasta 1993 solo podían recuperarla los supervivientes, nunca sus descendientes.

En definitiva, la ley de nietos Sánchez para asaltar el censo electoral no solo es una estafa democrática, es un butrón que amenaza la estabilidad de los europeos.