Rumanía repartió nacionalidades sobre orígenes que no podía verificar, como los consulados españoles en América

Un Estado de la Unión Europea reparte pasaportes auténticos a personas cuyo origen no está en condiciones de comprobar. Es lo que ha ocurrido en Rumanía, según una investigación del diario francés Le Monde firmada por la corresponsal Marine Leduc y publicada el 23 de diciembre de 2025. El reportaje reconstruye cómo una red criminal integrada por solo siete personas transformó durante años árboles genealógicos fabricados en ciudadanía europea de pleno derecho que lleva aparejada la libre circulación por el espacio Schengen. El procedimiento que describe coincide, hasta en los detalles, con el que la Ley de Memoria Democrática ha implantado en los consulados españoles de América.

La alarma saltó por una cifra que no encajaba. Mientras Rumanía pierde población sin freno, con entre cuatro y cinco millones de personas emigradas desde la caída del comunismo en 1989, en el municipio de Vârfu Câmpului, junto a la frontera ucraniana, ocurría el proceso contrario. Duplicó sus vecinos en diez años pasando de 3.420 en 2011 a más de 7.000 en 2021. En 2024 figuraban cerca de 10.000 personas en su censo electoral. La liebre saltó cuando Le Monde publicó que en las municipales de junio de ese año algunas mesas de la localidad movilizaron tan solo a un 2 % de ese censo. Cinco meses después la policía reveló el origen del crecimiento: cerca de 10.000 ciudadanos de Moldavia, Ucrania y Rusia habían conseguido documentos de identidad rumanos de forma fraudulenta, empadronados en domicilios ficticios y a veces sin permiso de los propietarios. Los papeles se habrían expedido durante años a cambio de sobornos, con la colaboración de funcionarios de dos registros civiles.

Certificados auténticos sobre orígenes falsos

El caso no era aislado. A lo largo de 2025 hubo registros policiales en Botoșani, Suceava y Bucarest, y el 18 de diciembre se practicaron otros treinta y siete en el país. La Fiscalía General rumana encargada de la investigación atribuye el entramado a un grupo criminal constituido en 2022 por siete ciudadanos ucranianos que, solo en 2025, habría tramitado más de 900 solicitudes de naturalización con documentación falsificada, casi siempre en beneficio de ciudadanos rusos y con el concurso de abogados, traductores y notarios. El dato que convierte la trama en un problema de Estado es de orden técnico: según las investigaciones que cita Le Monde, la Autoridad Nacional de la Ciudadanía, único organismo competente, llegó a expedir certificados auténticos a partir de documentos falsos. El pasaporte resultante es legítimo; lo falsificado es el origen que da derecho a él.

El hueco por el que se cuela el fraude es documental. Buena parte de los archivos rumanos desaparecieron durante la Segunda Guerra Mundial y la etapa soviética, y sobre ese vacío las redes levantan genealogías a medida: sostienen que la abuela de un cliente nació en Chernivtsi, hoy en Ucrania, o en Chisináu, hoy en Moldavia, en territorios que fueron rumanos. Como nadie puede contrastar un archivo que ya no existe, la autoridad competente termina certificando un origen inventado. En los expedientes más recientes, según el reportaje, los falsificadores se ahorran ese rodeo y fabrican directamente el certificado de ciudadanía, una hoja que el abogado bucarestino Denis Buruian describe como fácilmente imitable. Buruian, que lleva 34 expedientes de rusos con documentos anulados, sitúa la tarifa de las agencias entre 4.000 y 7.000 euros y asegura que uno de sus clientes pagó 75.000 euros por la vía rápida. Le Monde añade, en condicional y a partir de un policía y una fuente judicial, que algunos solicitantes habrían incluso usurpado la identidad de soldados ucranianos muertos en el frente.

Por qué ahora

La vía de nacionalización que explotó la red existe desde 1991 y se conoce como «restitución». Permite recuperar la nacionalidad rumana, sin necesidad de residir en el país, a quien acredite un abuelo o un bisabuelo nacido o asentado en los territorios del antiguo reino de Rumanía entre 1918 y 1940, que incluían la actual Moldavia y zonas hoy ucranianas. Por esa puerta han pasado de forma legal cerca de un millón de moldavos y miles de ucranianos. Durante años apenas interesó a los rusos. La invasión de Ucrania en 2022 lo cambió todo: Europa endureció los visados a los ciudadanos rusos e implementó sanciones. En ese momento, el pasaporte rumano se convirtió en un codiciado salvoconducto para entrar en la UE y en Schengen, incluso para fijar una residencia fiscal mediante un domicilio ficticio.

Las cifras que la Autoridad Nacional de la Ciudadanía facilitó a Le Monde miden el salto. Las solicitudes rusas de «restitución» pasaron de 5.262 en total entre 2012 y febrero de 2022 a 6.658 solo en 2023 y 4.574 en 2024. Las bielorrusas crecieron de 95 en 2020 a 605 en 2024. El organismo ha identificado unos 2.000 casos sospechosos de fraude desde 2022. Las autoridades calculan que más de 18.700 ciudadanos de la antigua URSS mantienen residencias ficticias en el país, una parte de ellos ya con pasaporte. Solo en el distrito 6 de Bucarest se han anulado 68 documentos y quedan 300 anulaciones pendientes.

Rumanía ha respondido blindándose. Desde 2024 exige a los solicitantes un certificado de conocimiento del idioma rumano que antes no pedía, una medida con la que, según un responsable de la Autoridad Nacional de la Ciudadanía citado por Le Monde, busca despejar la idea de que la ciudadanía rumana, y con ella la europea, se concede con demasiada facilidad. A esa exigencia se han sumado nuevas anulaciones y una cadena de registros e imputaciones judiciales. En cuanto detectó el agujero, el país puso medios para taparlo.

El reflejo español

La similitud del procedimiento que hace inseguro la vía rumana reaparece en la puerta que el Gobierno de Pedro Sánchez ha abierto con la ley de nietos. En primer lugar, porque es un Estado que el que otorga una nacionalidad real, y con ella la ciudadanía europea y la libre circulación, a partir de un origen que no está en condiciones de verificar. Donde Rumanía tiene archivos arrasados por la guerra y por el periodo soviético, España tiene los libros parroquiales quemados entre 1931 y 1939 y los deteriorados o desaparecidos antes de que existiera el Registro Civil. A ellos se añaden los certificados de ciudadanos cubanos que viven en la isla presuntos descendientes de españoles que solo certifica la propia dictadura sin que nadie pueda contrastarlos.

La instrucción firmada por Sofía Puente el 25 de octubre de 2022 admite expresamente que cuando no consta inscripción en el Registro Civil, es válida la partida de bautismo del archivo parroquial acompañada de un certificado negativo del registro. Funciona como el equivalente español de ese certificado rumano «fácilmente falsificable». Una documentación fácilmente falsificable equivalente a los certificados rumanos incontrastables por la devastación de la guerra y los cambios de las fronteras en Europa posteriores.

El patrón de fraude rumano opera España mientras el Gobierno acelera las nacionalizaciones

Rumanía cifra en 18.700 residencias ficticias y unos 2.000 fraudes detectados. España maneja más de 2,5 millones de solicitudes por la Ley de Memoria Democrática, 645.052 de ellas solo en el consulado de Buenos Aires. La puerta española por la que podría colarse el fraude resulta incomparablemente más ancha. Unas falsificaciones dentro de nuestras fronteras que no son hipotéticas. La policía ha desarticulado varias redes dedicadas a falsificar precisamente el «origen».

La primera red tiene su origen en la Ley de Memoria Histórica de Zapatero. En 2014 cayó una trama de raíz cubana que estampaba cuños falsos del Ministerio de Asuntos Exteriores. Tras la aprobación de la ley de nietos se desmantelaron en 2024 grupos que falseaban partidas cubanas para simular la filiación con españoles fallecidos. En 2025, en Málaga, se intervino una red con 1.237 certificados sefardíes falsos. El patrón rumano opera aquí.

Rumanía descubrió el agujero y lo está cerrando. Pedro Sánchez ha hecho lo contrario: amplió la nacionalización masiva exprés mediante la instrucción de Sofía Puente que transformó el exilio político abriendo la puerta a la nacionalidad a cualquier descendiente de emigrante contraria a lo aprobado por las Cortes. Sánchez hora externaliza el proceso contratando a Ineco para acelerar las nacionalizaciones «a la velocidad necesaria» para incorporarlas al censo electoral en las próximas generales. A las redes vinculadas con la falsificación de antepasados para obtener la nacionalidad vía ley de nietos se suman otras cuyas falsificaciones están destinadas a la regularización masiva de inmigrantes. No consta, sin embargo, que Marlaska o la Fiscalía General hayan dado órdenes de investigar si las redes recientemente desarticuladas de ambas vías de obtención fraudulenta de la nacionalidad tienen conexiones entre ellas ni si puede haber otras ramificaciones.

Los cinco hechos incuestionables

Lo único que consta, por el momento, son cinco hechos incuestionables de especial relevancia. Primero, que el Ejecutivo ha dado una sola explicación tras destapar El Debate las diferentes grietas. Segundo, que Albares desobedece desde hace tres años una resolución firme del Consejo de Transparencia que le obliga a revelar las instrucciones a los consulados para acelerar la ley de nietos. Tercero, que se han desmantelado varias redes de fraude, y nadie investiga si hay más. Cuarto, que el censo español de votantes en el exterior ha incorporado ya 422.253 electores nuevos desde que Sánchez introdujo su tramposa norma. Y, por último, que ya ha empezado a dar sus frutos en las cuatro últimas elecciones autonómicas.