El asalto al censo electoral: ¿por qué es tan grave que el Gobierno externalice la nacionalización exprés de la Ley de Nietos?

La nueva operativa de identidad digital que está desplegando el Gobierno de Pedro Sánchez de forma acelerada con la externalización a la empresa pública Ineco de las concesiones masivas de nacionalidad derivadas de la Ley de Nietos y el DNI digital que les permitirá votar en las próximas elecciones generales afecta directamente al también novedoso Registro Civil electrónico español, el denominado DICIREG.

Todo empezó con Zapatero

Su concepción originaria viene de la época de José Luis Rodríguez Zapatero. El 21 de julio de 2011, el Ejecutivo socialista aprobó la Ley 20/2011 del Registro Civil. La nueva norma introducía un cambio radical consistente en la desaparición progresiva de libros físicos y creaba un Registro Civil único electrónico en el que se abría un historial individual digital para cada ciudadano al que se asigna un código personal.

Mariano Rajoy retrasó varias veces su entrada en vigor debido a los enormes problemas técnicos. El Registro Civil continuó durante años funcionando en papel, con sistemas híbridos y estructuras descentralizadas. El gran salto llegó con Pedro Sánchez. El 30 de abril de 2021 –diez años después de que viera la luz– entró en vigor la ley de Zapatero reformada que contó con una amplia mayoría: 253 votos a favor, solo 3 en contra y 0 abstenciones en su aprobación en el Senado. El memorable avance de España en la modernización del Registro Civil con 150 años de historia fue celebrado por todos.

Durante estos últimos cinco años se produjo el despliegue de DICIREG gracias a los fondos europeos Next Generation y a la digitalización y robotización masiva con la implantación de Inteligencia Artificial en el Ministerio de Justicia. Lo que nadie pudo imaginar es que este proceso histórico en la digitalización del sistema de identificación de los ciudadanos iba a producirse en paralelo a la creación del nuevo DNI digital, al tiempo que el Gobierno de Sánchez pedía expresamente a la Junta Electoral Central su validación en el sistema electoral, eliminando los controles de verificación robusta de la identidad del votante que el propio Ministerio del Interior exige para su validez.

El escándalo destapado por El Debate, demostrando lo fácil que es falsificar una identidad en las urnas con el sistema solicitado por Marlaska a la Junta Electoral Central, llevó a la JEC a prohibir su uso en las pasadas elecciones andaluzas «por falta de seguridad en la identificación del votante».

El Ejecutivo da por hecho que en las próximas elecciones generales se podrá utilizar el DNI digital para votar, puesto que el real decreto que aprobó el 1 de abril de 2025 obliga a que todas las instituciones y organismos públicos o privados acepten obligatoriamente el DNI digital como método de identificación válido y exige que pongan los medios para facilitar su uso (lectores de QR). Especifica, además, que se expedirá en los consulados y embajadas españolas. Un salto sin precedentes en la historia de la democracia.

Expedición de DNIs digitales fuera de nuestras fronteras

El decreto del DNI digital incorporó la expedición de los documentos nacionales de identidad por primera vez en la historia fuera de nuestras fronteras. La disposición adicional cuarta señala que:

«Las personas con nacionalidad española que se encuentren en el exterior podrán solicitar que se les expida el Documento Nacional de Identidad en las embajadas y consulados en los que la Dirección General de la Policía cuente con los recursos técnicos y humanos necesarios para su expedición. Las condiciones en las que la Dirección General de la Policía prestará este servicio se establecerán previo acuerdo del Ministerio del Interior con el Ministerio de Asuntos Exteriores».

Con el paso dado por José Manuel Albares se produce un salto de gigantes en la aceleración exprés del proceso de nuevos nacionalizados en el extranjero mediante la LMD. Que el Consulado de Buenos Aires externalice a Ineco, la empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes –que pagó a Jésica Rodríguez, novia de Ábalos, sin trabajar– los expedientes de cientos de miles de personas y sean estas quienes introduzcan los datos en el núcleo registral electrónico español con los que accederán a la nacionalidad y, por ende, al DNI digital y al acceso al censo electoral, es un nuevo giro de guion sin precedentes. La gravedad aumenta porque la carga documental no queda en una simple digitalización escaneada.

Los datos pasan a integrarse en el nuevo sistema que sustituye los antiguos libros físicos del Registro Civil y crea el historial digital individual de cada ciudadano, en el que se integran nacimientos, matrimonios, defunciones, filiaciones, cambios civiles y conecta todo ello con la identificación electrónica, certificados digitales, Policía y DNI digital. Es decir, terceros participan materialmente en la incorporación de información sensible al núcleo registral electrónico español.

El asalto al censo electoral en el eslabón más débil de la cadena

Porque no estamos hablando de gestionar citas previas, digitalizar archivos o resolver atascos burocráticos. Estamos hablando de la creación de nuevas identidades jurídicas españolas. Estos cambios de procedimiento deberían ser una cuestión de Estado y ser sometidos al control parlamentario con luz y taquígrafos.

La cuestión de fondo no es ideológica, sino institucional. En cualquier democracia homologable, los procedimientos que determinan quién adquiere la condición de ciudadano exigen las máximas garantías de control, trazabilidad y supervisión pública. Cuanto más se externaliza la cadena documental, más importante resulta conocer quién interviene, cómo se audita cada actuación y qué mecanismos existen para garantizar la integridad del proceso. Ninguna democracia homologable haría un proceso exprés. Se tomaría todo el tiempo del mundo, como viene haciendo desde siempre la Policía en España, para controlar exhaustivamente cada expediente de cada una de las identidades a las que va a expedir el DNI: revisión presencial, documental, huellas dactilares y biométricas, etc.

El problema es que el Gobierno ha puesto en marcha una operativa para intervenir en este proceso extremadamente sensible y no ha explicado nada de esto. Por eso es un asalto. Sin mesura. Con prisas. Sin explicaciones públicas.

Que España avance en la identidad digital es un logro histórico y por eso ha merecido la lluvia de millones de los fondos Next Generation. Pero si en la cúspide de la estructura de externalización controlada por Ineco el Ejecutivo sitúa al hombre de confianza de Pedro Sánchez –nexo del aparato político socialista que une el sanchismo con el zapaterismo–, y además pone en marcha el procedimiento con opacidad parlamentaria, la cuestión merece al menos una explicación.

En definitiva, la falta de transparencia mostrada por el Ejecutivo es impropia por las graves implicaciones demográficas, electorales, en la sostenibilidad y futuro de España y hasta de la Unión Europea. Y si no, vean cómo explicaba la afectación a Europa de esta nacionalización masiva el responsable del PSOE en el exterior, el senador socialista César Mogo, en una entrevista concedida a una televisión argentina. Su frivolidad en cuanto a las colas de entrada en los aeropuertos no tiene desperdicio.

La pregunta clave es: ¿Existe alguna manera de revisar y parar este proceso? Pronto lo sabremos. Lo grave no es la legítima aspiración de Sánchez a ganar las próximas elecciones generales, sino el método desplegado por su Gobierno –el más corrupto de la democracia– para asegurarse su victoria.

Cronología para no perderse del asalto al censo

• 2011 → Zapatero aprueba Ley 20/2011 del Registro Civil

• 2011-2020 → retrasos y bloqueo del despliegue

• 2021 → comienzan despliegues reales DICIREG

• 2022 → Ley de Memoria Democrática

• 2023-2026 → explosión de nacionalizaciones masivas

• 2025 → Real Decreto DNI digital

• 2026 → aceleración consular + externalización el proceso en Buenos Aires