Ineco, la empresa pública que enchufó a Jésica, elegida para la nacionalización masiva de la Ley de Nietos en Argentina

Los 645.052 aspirantes a obtener la nacionalidad española en el Consulado de Buenos Aires acogidos a Ley de Memoria Democrática están a punto de ver cómo sus expedientes se aceleran exponencialmente de forma inminente. El Ejecutivo se encuentra a la espera de la aprobación del procedimiento de externalización a la empresa pública Ineco por parte de la Abogacía del General del Estado. El objetivo del Gobierno de Pedro Sánchez es conseguir su incorporación al cuerpo electoral español de cara a las próximas elecciones generales.

Aunque el Gobierno no ha dicho una palabra a cerca de la subcontratación de Ineco, quien sí lo ha hecho es el senador socialista César Mogo. El también responsable del PSOE en el exterior, aseguró durante su intervención el pasado martes ante el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), que «se está a punto de suscribir un apoyo externo, a través de un organismo del Estado como es el Ineco, para acelerar y superar los problemas de gestión» con el objetivo de «agilizar las inscripciones de nacionalidad» derivadas de la ´Ley de Nietos´.

De ingeniería tradicional a tecnológica de cabecera del sanchismo

El turbo con el que Moncloa pretende acelerar de forma inminente la expedición de DNI digitales en el Consulado General de Buenos Aires constituye de facto una externalización exprés. A pesar de que Ineco es formalmente una empresa pública, opera con criterios empresariales y ejecuta normalmente buena parte de sus proyectos mediante contratos y subcontratas. Bajo la presidencia de Sergio Vázquez Torrón la compañía ha realizado un profundo giro estratégico desde una ingeniería tradicional vinculada a infraestructuras y transporte hacia una consultora tecnológica cada vez más integrada en los procesos de digitalización de las administraciones públicas.

Prueba de ello es que en 2023 lanzó la mayor licitación tecnológica de su historia de 140 millones de euros más IVA destinados a apoyar la transformación digital de las administraciones públicas. La propia Ineco reconoce en su documentación corporativa que estos proyectos se desarrollan mediante la colaboración de empresas tecnológicas privadas especializadas a los que denomina «socios tecnológicos» que aportan capacidad operativa, desarrollo de software, soporte técnico, explotación de sistemas y servicios de gestión digital.

Este modelo puede resultar perfectamente razonable para proyectos de ingeniería o modernización administrativa. Sin embargo, adquiere una dimensión distinta cuando se aplica para intervenir en procesos extraordinariamente sensibles vinculados a la gestión documental de nacionalidades, identidades digitales y registros administrativos de nueva generación que desembocan en la creación de nuevas identidades jurídicas españolas.

La empresa designada para la regularización masiva de Inmigrantes

No se trata de una mera tramitación administrativa. Es la puerta de entrada al nuevo Registro Civil electrónico español, DICIREG. Certificados de nacimiento, filiaciones, partidas históricas y documentación acreditativa de identidad de los presuntos descendientes de españoles en el exilio constituyen el núcleo de un proceso especialmente sensible para cualquier democracia. La cuestión no es únicamente quién digitaliza los expedientes, sino quién controla, verifica y audita la documentación que servirá para reconocer nuevos ciudadanos españoles.

Según ha podido saber este medio de fuentes solventes, el ministerio de Asuntos Exteriores ya habría remitido a la Abogacía del Estado el diseño de la operación para obtener el visto bueno jurídico que permitiría canalizar el proceso a través de Ineco. Las mismas fuentes aseguran que la ingeniería pública también habría sido designada por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para participar en la regularización masiva de inmigrantes anunciada por el Gobierno. Sin embargo, la verificación definitiva de este extremo resulta imposible porque el Ejecutivo ha declarado secreto el procedimiento.

La contratación de Jésica Rodríguez

Las dudas aumentan al observar quién dirige actualmente la empresa pública elegida para una operación de semejante envergadura. El presidente de INECO, Sergio Vázquez Torrón, compareció el pasado mes de abril como testigo ante el Tribunal Supremo en el denominado caso mascarillas. La declaración se produjo en relación con la contratación irregular de Jésica Rodríguez, la expareja del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a la que conoció a través de un catálogo de prostitutas que su asesor, Koldo García Izaguirre, tenía en su teléfono móvil. Fue la propia Rodríguez quien aseguró ante la Sala Segunda del Alto Tribunal que percibió 43.978 euros procedentes de INECO y Tragsatec sin desempeñar trabajo efectivo alguno.

«Yo cobraba y estaba a la espera de que Koldo y Joseba me dijeran qué hacer», declaró. Preguntada por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, sobre si había llegado a trabajar en la empresa pública, respondió con una sola palabra: No. Rodríguez afirmó igualmente que Koldo García le indicó que dijera siempre que trabajaba como auxiliar administrativa para su hermano Joseba y explicó que los partes laborales eran confeccionados por este último utilizando incluso su propia cuenta de correo electrónico.

Un contrato estrellado en Chile por la ausencia de curriculum

La preocupación no es teórica. En Chile, uno de los contratos internacionales más emblemáticos de INECO, la consultoría del tren Valparaíso-Santiago, terminó envuelto en una larga controversia administrativa y judicial después de que la Contraloría General de la República cuestionara el procedimiento de adjudicación y obligara a revisar parte del proceso. El núcleo de la demanda presentada por el consorcio competidor era precisamente la ausencia del currículum vitae de uno de los responsables del estudio, un requisito exigido por las bases. El episodio demuestra hasta qué punto la fiabilidad documental y los mecanismos de control pueden convertirse en el elemento decisivo de cualquier gran operación pública.

La transparencia, además, brilla por su ausencia. El Gobierno no ha informado al Parlamento sobre el proceso de externalización lo que lleva aparejado que se desconocen los protocolos de control previstos ni los mecanismos de supervisión independientes que garanticen la integridad del proceso.

La fortaleza de cualquier Estado de Derecho depende de que los procedimientos que determinan quién accede a la ciudadanía y al Registro Civil sean plenamente verificables, auditables y transparentes. Y precisamente sobre estas adjudicaciones y controles el Gobierno mantiene, por ahora, un silencio absoluto.