Las tres vías de Sánchez que revientan España y la UE: ley de nietos, nacionalidad por residencia y regularización

La nacionalidad es competencia de cada Estado, pero no es un asunto que cada país pueda resolver de espaldas a los demás. La razón es simple: quien recibe la nacionalidad de un país miembro adquiere de forma automática la ciudadanía europea y el derecho a circular, residir y trabajar en los Veintisiete. La decisión de un Estado obliga a todos los demás a aceptar a ese nuevo ciudadano.

Las tres explosivas vías urdidas por Sánchez

Las vías de agua de la ciudadanía europea a través de España no nacen solo de la ley de nietos. El Gobierno de Pedro Sánchez ha abierto dos peligrosos cauces más. Uno, la nacionalidad por residencia: el Ministerio de Justicia fabrica también nuevos españoles, y con ellos ciudadanos europeos de forma automática con un sistema de inteligencia artificial, como destapó El Debate. Por este cauce se cuela también la cancelación automática de 1,1 millones de antecedentes penales, como también reveló este medio. El otro canal no otorga la nacionalidad, pero entrega la libre circulación por Europa a cerca de 1,3 millones de inmigrantes regularizados, una medida que el Tribunal Supremo acaba de poner en cuestión. Esta última pretende cambiar el mapa de los gobiernos municipales cuando cientos de miles de inmigrantes regularizados ejerzan el derecho al voto local.

Las tres vías se despliegan en masa y comparten el defecto que la justicia europea acaba de subrayar: comprueban mal, o no comprueban, a quién benefician, y no se coordinan con los socios que después deberán reconocer el resultado.

TJUE: la clave de bóveda de la confianza mutua

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo ha dejado claro en una sentencia hace poco más de un año. El 29 de abril de 2025, en el asunto Comisión contra Malta, la Gran Sala declaró ilegal el programa maltés de pasaportes de oro. La conclusión fue que un Estado no puede conceder la nacionalidad, y con ella la ciudadanía europea, a cambio de pagos o inversiones predeterminados, porque convierte la ciudadanía en una mercancía y rompe el principio de cooperación leal y de confianza mutua, recogido en los artículos 20 del Tratado de Funcionamiento y 4.3 del Tratado de la Unión. Malta alegó que la nacionalidad es competencia exclusivamente nacional, y el Tribunal lo rechazó.

El caso maltés no surgió de la nada. La Comisión Europea llevaba años persiguiendo los programas de pasaportes de oro, por los que varios países vendían la nacionalidad a cambio de inversiones millonarias, y Malta era el último que los mantenía en pie pese a las advertencias de Bruselas. La sentencia de 2025 cerró el debate: la ciudadanía europea no está en venta, y un Estado no puede repartirla al margen de la confianza que sostiene a la Unión.

La sentencia no impone a todos los países un requisito general de vínculo o de residencia, y se refiere a la venta de pasaportes, no a las vías de ascendencia como la Ley de Nietos. Pero el principio que fija es el que cualquier nacionalización masiva y mal verificada pone a prueba cómo concede cada Estado la ciudadanía europea sobre la base de que es un problema común.

Todo descansa en la confianza mutua. Los Veintisiete reconocen sin más las nacionalidades de los demás porque dan por hecho que cada uno concede la suya con un mínimo de rigor. Cuando un Estado afloja ese rigor, el riesgo no se queda dentro de sus fronteras: lo heredan los socios, que tendrán que admitir como europeos a quienes ese país haya nacionalizado sin comprobar quiénes son.

El alcance de esta doctrina va más allá de los pasaportes. Cuando un país concede la nacionalidad, los demás no la revisan: un nuevo español puede instalarse en Berlín, en París o en Estocolmo sin que esos Estados puedan cuestionar cómo obtuvo el documento. Esa automaticidad es aceptada mientras todos cumplen, pero se convierte en una bomba explosiva en cuanto uno deja de hacerlo.

El Tribunal Supremo pone en solfa al Gobierno

Ese mismo principio asoma ya en los tribunales españoles, por una vía distinta. El Tribunal Supremo acaba de abrir un trámite de audiencia, como reveló María Jamardo en El Debate, para decidir si pregunta al Tribunal de Justicia de la UE por la regularización de cerca de 1,3 millones de inmigrantes en situación irregular que el Gobierno aprobó en abril. Esta vía abierta por Sánchez de regularizaciones masivas es la que ahora examina con el mismo rasero europeo el Alto Tribunal español. Entre sus dudas está si un Estado puede aprobar por norma reglamentaria, sin avisar a la Comisión ni coordinarse con los demás socios, una regularización masiva cuyos beneficiarios obtienen derecho a circular noventa días por el espacio Schengen. El Supremo lo confronta con el deber de cooperación leal entre Estados, el mismo en el que se apoya la sentencia de Malta. La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, que ya pide ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la nulidad de la instrucción que amplió la Ley de Nietos, recurrió también aquí, pero la Sala rechazó su recurso por falta de legitimación y admitió en cambio los de los gobiernos de Aragón y la Comunidad Valenciana, ambos del PP.

Sobre el fraude, el TJUE lleva años sentando doctrina. En el asunto Rottmann, de 2010, admitió que un Estado puede retirar la nacionalidad obtenida con engaño aunque ello suponga perder la ciudadanía europea, siempre dentro de unos límites de proporcionalidad. La puerta, una vez abierta de forma fraudulenta, puede cerrarse, pero hace falta probarlo caso por caso.

El mismo agujero en las tres vías de Sánchez

El principio que enuncia el TJUE apunta al mismo agujero negro para las tres vías de Sánchez: una nacionalización en masa en el exterior, concedida sobre un origen que no se puede comprobar, una automatización masiva sin el rigor de la comprobación caso a caso y una regularización masiva de inmigrantes sin papeles. Todas ellas descargan sobre los socios el riesgo de admitir a quien España no ha verificado. Con la jurisprudencia del TJUE, en todos los casos lo que se erosiona es la garantía que está detrás de un pasaporte europeo y la que está detrás de las tres vías sanchistas. El anclaje jurídico en ambos casos es el mismo: si un Estado ha hecho bien su trabajo.

Esa falta de comprobación tiene en España una forma concreta con la ley de nietos: la instrucción de 2022 admite partidas de bautismo de archivos parroquiales como sustituto de inscripciones del Registro Civil inexistentes, un documento que ninguna autoridad civil emitió y que el consulado no contrasta ni puede hacerlo en miles de casos debido a su destrucción o deterioro, como reveló este medio.

La otra fábrica de nuevos españoles, junto a la ley de Nietos, la de la nacionalidad por residencia, es la automatización del Ministerio de Justicia llevada a cabo desde finales de 2022. Este sistema de inteligencia artificial genera cerca de 3.000 propuestas de concesión al día y ha aprobado más de 780.000 expedientes, sin que conste auditoría independiente del algoritmo ni informe público sobre sus sesgos, tal y como denunció El Debate. Cada una de esas concesiones es también una ciudadanía europea que los demás Estados deberán reconocer sin revisarla.

En cuanto a la vía de regularización masiva de inmigrantes, también este medio reveló que, a pesar de que el Ejecutivo declaró secreto el procedimiento, Ineco –la empresa que contrató a la novia elegida por catálogo del exministro Ábalos sin trabajar– es la que está tramitando los expedientes de regularización. Es más, la empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes tramita también los 645.052 expedientes de nacionalización por la vía de los nietos en el Consulado General de Buenos Aires.

El tramposo argumento del Ejecutivo

Después de que Alberto Núñez Feijóo acusara al Ejecutivo de «ingeniería electoral», el argumentario gubernamental es que «España no es una excepción», porque Italia, Irlanda, Portugal o Hungría también permiten recuperar la nacionalidad por origen familiar. La doctrina del Tribunal desplaza ese examen. Casi todos los Estados disponen o han dispuesto de una vía de acceso por ascendencia, de modo que tenerla no separa a España de nadie. Lo que cada país pone a prueba es el rigor con que comprueba las garantías de que esa documentación es real y se ajusta a derecho.

Si comparamos a Sánchez con los socios europeos, el caso español es el contrario. Italia limitó las generaciones; España amplió hasta el siglo XIX. Italia e Irlanda exigen actas civiles y un registro central; España admite partidas de bautismo en consulados sin verificar . Portugal pidió un vínculo efectivo y acabó cerrando; España no exige conexión alguna con el país.

Las alarmas deben saltar en la UE

En conclusión, mientras el Tribunal recuerda que repartir ciudadanía europea descansa en la confianza entre Estados, España la reparte en vísperas de un ciclo electoral con un control que sus propios socios consideraron insuficiente en cuanto lo sufrieron.

Y el dato que debe hacer saltar definitivamente las alarmas en el seno de la Unión: las tres vías de Sánchez suman 4,5 millones de nuevos españoles o regularizados en la UE, sin contar con los delincuentes cuya cancelación de antecedentes se ha realizado automáticamente. Una suma que supera la totalidad de la población de Estados miembros como Croacia y se acerca a la de Irlanda. En definitiva, tres vías de nacionalizaciones que revienten España y la UE.