Varios archivos de la Iglesia revelan que la comprobación de las partidas con las que se concede la ley de nietos es casi inexistente

El Gobierno concede la nacionalidad a cientos de miles de descendientes de españoles al año sin estar en condiciones de comprobar de dónde procede el derecho que la justifica. El procedimiento está construido de manera que, en buena parte de los casos, no puede hacerlo.

Y el punto ciego tiene fecha marcada a fuego por la trágica historia del siglo XX en España: la quema de iglesias y la destrucción de archivos parroquiales borraron tramos enteros de los registros sacramentales entre 1931 y 1939. Además, para los antepasados nacidos antes de 1871, cuando aún no existía el Registro Civil creado por la ley de 1870, esos libros son a menudo la única prueba documental de su existencia y de su condición de españoles. Miles de libros ardieron o se encuentran deteriorados por lo que no queda nada contra lo que contrastar. Un documento que no puede compararse con su original es, por definición, indemostrable.

La propia instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública firmada por Sofía Puente en octubre de 2022, la misma que amplió el alcance de la ley a cualquier descendiente de emigrante, admite de forma expresa que, cuando no exista inscripción civil de nacimiento del padre o del abuelo, el interesado aporte una fe de bautismo de un archivo parroquial junto a una certificación de que no consta en el Registro Civil. Al abrir la norma a toda la emigración del siglo XIX, la inmensa mayoría de los solicitantes presenta una partida de bautismo, porque antes de 1871 esa era la única inscripción que existía.

El Debate ha contrastado el funcionamiento del sistema con los responsables y trabajadores de varios archivos históricos diocesanos. En Orense, Lugo, Mondoñedo-Ferrol y Canarias y Santander coinciden en una misma descripción: el organismo que concede la nacionalidad no comprueba con el archivo que emitió la partida si el documento es auténtico.

Nadie coteja la veracidad

«Nunca nos llaman», resume el auxiliar del Archivo Histórico Diocesano de Orense. Sostiene que el consulado no contrasta los certificados con su fuente y que hacerlo sería inviable, porque hay cientos de miles de expedientes y no existe margen, ni económico ni de procedimiento, para consultarlos uno a uno. Sus homólogos en Lugo y Las Palmas de Gran Canaria confirman que a ellos tampoco les consta que se les requiera para validar lo que expiden. El Archivo Catedralicio y Diocesano de Santander lo deja por escrito: preguntado por El Debate si recibe peticiones de comprobación de los consulados responde: «nunca». El Archivo Diocesano de Valencia responde, también por escrito y con firma de su archivero, en los mismos términos: ninguna comprobación de consulado. El Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife, recibió «muy pocas», y solo de República Dominicana. Madrid es la única excepción parcial: dos contactos, uno del consulado de Montevideo, una aclaración resuelta como legítima, y otro que llegó por el propio interesado porque el consulado en Cuba reparaba en el cambio de una letra en un apellido.

El volumen que ha caído sobre estos archivos mide el tamaño real del proceso. En Orense, los correos recibidos crecieron de 5.040 entre junio y diciembre de 2024 a 9.316 en todo 2025. En Santander, que habilitó la solicitud en línea el 1 de enero de 2024, el archivo contabiliza solo en lo que va de 2026 unas 2.330 solicitudes a distancia y 2.294 consultas presenciales. Un servicio «saturado». La Laguna expidió 17.684 certificados de partidas sacramentales y respondió casi 67.000 cartas y correos. Frente a esas decenas de miles de certificados y respuestas, las peticiones de comprobación consular documentadas son dos o tres, menos de una por cada mil partidas, y cinco de los archivos no han recibido ninguna.

El mapa de la emigración

El origen de las peticiones dibuja el mapa de la emigración española: sobre todo Cuba y Argentina, y después Estados Unidos, Uruguay, Brasil o México. Cuba, primer origen de las consultas, queda además fuera del Convenio de La Haya que permitiría apostillar y validar esos documentos con garantías. En Santander, Cuba concentra en torno al 65 % de las peticiones, muy por delante de México, con un 10 %, y de Estados Unidos, con un 5 %. En La Laguna, volcada históricamente en la emigración a Cuba y Venezuela, las peticiones llegaban sobre todo de cubanos y, en segundo lugar, de venezolanos, y muchas se cursaban desde terceros países para reexpedirlas luego a Cuba, ante las dificultades de correspondencia con la isla. En Madrid, el orden lo encabezan también Cuba y Argentina. El desglose por destino que facilita Lugo encierra una advertencia sobre la opacidad del sistema: el primer país de envío figura como España, con 309 de los 515 certificados de 2025, pero el propio archivo aclara que muchos de esos envíos van a un contacto en España que después reexpide la documentación al país donde se pidió. El destino aparente no coincide con el real.

El fuego de la memoria

El fuego contra las iglesias no empezó con la guerra. Arrancó en mayo de 1931, apenas un mes después de proclamarse la Segunda República. La revolución de Asturias de 1934 sumó nuevos ataques, y la fase devastadora llegó en el verano de 1936 ya en la Guerra Civil.

Que una iglesia ardiera no significa que su archivo se perdiera. La práctica canónica asentada en el siglo XX obligó a las parroquias a remitir copias de sus libros al archivo diocesano, de modo que buena parte de la documentación posterior sobrevivió duplicada. El archivo de la diócesis de Barbastro-Monzón, por ejemplo, conserva partidas rehechas y copias autorizadas que suplen lo quemado. Esa duplicación, sin embargo, no cubre lo destruido: el Archivo de Santander precisa que de los registros sacramentales que ardieron no se conserva copia. Hay muchos más. El agujero se concentra también sobre todo en la anterior a 1871, en las parroquias que perdieron sus libros.

El coladero perfecto

La grieta resulta operativa por cómo está diseñado el propio trámite. Para un antepasado nacido antes de 1871 no existe partida civil de nacimiento, porque el Registro Civil aún no funcionaba. La disposición de Sofía Puente resuelve esa ausencia exigiendo precisamente lo que la convierte en vía de entrada: una certificación de que la inscripción no consta en el Registro Civil, que acompaña a la fe de bautismo. Esa certificación negativa, lejos de encender una alarma, refuerza la validez de la partida como prueba, porque la falta de rastro civil, que sería el primer indicio para indagar más, queda convertida en requisito cumplido. Quien hubiera querido fabricar un español del siglo XIX solo tiene que situarlo en una parroquia cuyo archivo ardió. El Archivo Diocesano de Valencia lo confirma sobre el terreno: a la mayoría de los solicitantes hubo que hacerles una certificación en negativo, porque los libros sacramentales donde podrían constar sus antepasados desaparecieron en la diócesis entre 1930 y 1939. Y el de Canarias refleja el otro extremo: como la documentación pedida tenía más de cien años, no exigía demostrar la filiación entre el bautizado y el destinatario del certificado. El consulado no comprueba al recibir y el archivo no comprobaba el parentesco al expedir.

Inventar antepasados no es un arte nuevo. Los historiadores que han investigado la invención de genealogías y la falsificación de documentos en los viejos pleitos de mayorazgo lo tienen claro: cuanto más se retrocede en el tiempo, más fácil es inventar un origen y más difícil refutarlo. El terreno más resbaladizo es el de las partidas reconstruidas. Cuando un libro se quemó, la propia Iglesia rehace asientos a partir de pruebas indirectas, una categoría legítima y reconocida. Ahí está el problema: si lo habitual es que existan partidas rehechas con documentación de segunda mano, una partida fraudulenta presentada como reconstrucción no desentona.

El negocio de la nacionalidad

En ese circuito asoman las grietas detectadas por los archiveros. El archivo de Lugo registró dos casos en los que un solicitante adjuntó la foto de un supuesto certificado para pedir uno igual, y en ambos lo aportado no era auténtico. El director de Orense distingue entre las partidas que su archivo entrega, escaneos literales del documento original difíciles de manipular, y las plantillas rellenadas con datos, fáciles de falsear, porque se consignan los datos que se quieran y el original no se ve. Varios de estos responsables relatan que han recibido presiones para certificar apellidos tal y como ya figuran en el expediente de destino, y no como consta en el acta literal. Se negaron.

Los responsables describen también la actividad de gestores y despachos que piden la partida al archivo por la tasa oficial, de unos 8 euros, y la revenden al solicitante por varios cientos por lo que varias diócesis han dejado de cobrar. En el mercado negro de documentos falsificados directamente asciende a miles de euros. Hay incluso quien describe a este medio un turismo de partidas, con personas que llegaban en avión desde Miami, Medellín o Brasil y pasaban varios días recorriendo archivos para llevarse cuanta documentación pudieran. El Archivo de Santander corrobora el fenómeno con un matiz propio: ha atendido numerosas visitas presenciales de viajero llegados de EE. UU y, sobre todo, de México, y ha localizado agencias de “turismo genealógico" que anuncian en internet la consulta de su archivo, incluso con la reserva del hotel más cercano. El de Valencia introduce una distinción: también ha atendido a asesorías y gestores, pero asegura no haber tenido ningún caso de reventa, y añade que los consulados le informaron de que se estaban falsificando firmas. El de Madrid refuerza esa cautela: no detectó reventa ni el turismo de partidas, que asegura no haberse producido allí, y precisa que muchos solicitantes aportaban documentación para justificar su parentesco. Las prácticas más turbias asoman en unas diócesis y no en otras. Y no son conjeturas

¿Y si Marlaska buscara?

Ya han operado en España redes dedicadas a falsificar la documentación que abre la puerta de la nacionalidad. Ninguna apareció porque alguien la persiguiera: todas afloraron de rebote, al tirar de otro hilo en operaciones que buscaban delitos distintos. De ahí la pregunta, formulada al revés. ¿Ha ordenado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de esas detenciones, ir a buscar las redes en lugar de esperar a tropezarse con ellas? ¿Ha abierto la Fiscalía una investigación de oficio? ¿Se han cruzado las conexiones entre las tramas ya caídas para comprobar si responden a una estructura mayor? De nada de esto ha ofrecido información Interior ni la Fiscalía General. Los agujeros que abrieron el fuego y la fecha de dos siglos atrás seguirán abiertos si nadie los comprueba.

El Gobierno presentó la tramitación como un proceso modernizado y digital. Los responsables de los archivos describen, en cambio, un sistema en el que el documento que abre la puerta a la nacionalidad no se coteja con quien lo emitió, en el que el archivo de origen a veces ya no existe y en el que el solicitante tampoco dispone de una forma independiente de seguir su propio expediente.