El agujero de la ley de nietos: 1 de cada 7 peticiones sale de Cuba, con documentos que certifica una empresa estatal de la dictadura

Cuba no solo representa una dictadura comunista en la que se violan sistemáticamente los derechos humanos desde hace 67 años. Es también el gran agujero negro de la Ley de Nietos de Pedro Sánchez: un tenebroso boquete que concentra de forma anómala el mayor número de solicitudes de nacionalidad española del mundo después de Buenos Aires.

La isla caribeña fue territorio español hasta 1898. Cientos de miles de gallegos, asturianos y canarios cruzaron el Atlántico cuando Cuba era parte de España, pero también en posteriores oleadas hasta 1930. De aquellos emigrantes desciende hoy una enorme porción de la población cubana, lo que convierte a la isla en un yacimiento casi inagotable de posibles «nietos».

La demanda desbordó el único consulado. Para acelerar la avalancha de expedientes, el consulado de La Habana firmó el 1 de enero de 2025 un contrato de 1.131.295 euros con el Grupo PALCO, el monopolio estatal con el que la dictadura comunista autoriza a hacerlo. La empresa ofrece sus servicios al cuerpo diplomático en la isla por mandato del Consejo de Ministros y funciona, por tanto, como empleadora única. España aceptó la contratación de 88 personas que le asignó el régimen con el único objetivo de acelerar como sea el proceso de nacionalización masiva ante el colapso de expedientes en la oficina consular de la capital. Como en todo negocio de la dictadura, el trabajador es el último en cobrar: Palco percibe más de 200 euros mensuales por cada empleado, que solo ve una fracción, el mismo mecanismo con el que el Estado esquilmaba a la mano de obra de las cadenas hoteleras españolas que acaban de abandonar sus establecimientos en la isla.

El corazón del sistema cleptocrático

La Asociación de Descendientes de Españoles en el Mundo (ADEM), que ha denunciado el contrato, va más lejos y sostiene que el beneficiario último es GAESA, el emporio militar que controla los sectores más lucrativos de la economía cubana y al que Estados Unidos sancionó en mayo de 2026. El régimen no lo desmiente. Presenta a Palco como una empresa estatal civil cuyo balance anual preside el primer ministro, Manuel Marrero. Este medio no ha podido confirmar este extremo y la razón es en sí misma la denuncia: la estructura de GAESA, deliberadamente opaca, es el conglomerado de las Fuerzas Armadas cubanas que controla entre el 40 % y el 70 % de la economía de la isla, sin cuentas públicas ni auditorías. En su denuncia, Estados Unidos describe a GAESA como «el corazón del sistema comunista cleptocrático» de Cuba, con activos opacos estimados en hasta 20.000 millones de dólares.

El hombre que levantó el emporio PALCO no llegó a ver el contrato. Abraham Maciques Maciques, fundador del Palacio de Convenciones y presidente del grupo hasta 2021, murió el 29 de mayo de 2025 en La Habana, a los 90 años. Díaz-Canel lo despidió como un «leal soldado» de la Revolución; la prensa independiente, como el Diario de Cuba, Cibercuba, 14 y medio o el argentino Infobae, lo recordó como el testaferro financiero de Fidel Castro y gestor de la llamada «reserva del Comandante», el hombre por el que había que pasar para montar un negocio o mover dinero. Su muerte cerró la etapa civil y personalista de PALCO, apenas cuatro años después de aquella reorganización opaca. Así lo anunció con profundo pesar la televisión del régimen.

Sea civil o castrense, el hecho es que el Gobierno de Sánchez paga a una empresa de la dictadura para que le imponga el personal de su propio consulado con el que acelerar la incorporación al censo electoral de los nuevos nacionalizados de la Ley de Nietos. Dicho de otro modo, para que un cubano demuestre que desciende de un español, España termina pagando a la empresa estatal que tiene la llave de la presunta identidad española de los solicitantes. O lo que es lo mismo, el documento que abre la puerta de Europa pasa por la caja del régimen.

La metáfora del agujero negro de la ley de Sánchez

Esa es la metáfora del agujero negro de la ley de nacionalización masiva de Sánchez, abierta de forma fraudulenta, al menos políticamente hablando, a toda la inmigración desde el siglo XIX a espaldas del Congreso. Para acreditar el origen español, un solicitante cubano necesita certificados de nacimiento, matrimonio o defunción de su abuelo o bisabuelo. Buena parte de esos documentos salen de registros civiles y parroquiales que están en Cuba, bajo control del Estado, deteriorados en muchos casos y sin posibilidad de verificación independiente desde España. Muchos de los solicitantes, merecedores de la nacionalidad, alertan de que sus expedientes están paralizados y denuncian irregularidades en la tramitación del proceso, como viene denunciando reiteradamente la abogada Estela Marina Pérez Cabrera, presidenta de ADEM.

Lo más preocupante es que Cuba ni siquiera está adherida al Convenio de La Haya, así que sus documentos no llevan apostilla, sino un timbre propio que solo expide la dictadura cubana de forma arbitraria. Esta circunstancia convierte en imposible la posibilidad de comprobar la veracidad de los documentos presentados por los 350.000 solicitantes de nacionalidad española al margen de la dictadura caribeña.

¿Cuántos Nervis Villalobos más hay?

Cuba reúne así dos condiciones que la convierten en el auténtico sumidero por el que se cuelan cientos de miles de votos buscados por Pedro Sánchez con los que retorcer el censo electoral a su medida y cambiar aceleradamente España para siempre: un universo gigantesco de presuntos descendientes y una documentación imposible de verificar sin el apoyo de la dictadura. Un marco incomparable para quien llegó a la cúpula de su propia formación política con los cimientos de barro: la fundada sospecha de pucherazo («mete los de los cuatro rumanos» – Koldo dixit– en las primarias amañadas en 2017 por su más estrecho círculo de colaboradores, todos ellos hoy en la cárcel o imputados); y la presunta financiación de su campaña procedente de la explotación sexual, menores incluidos, procedentes de la fortuna amasada por su suegro con la prostitución, una actividad que cínicamente su formación propuso prohibir.

A estos precedentes y al tsunami de casos de corrupción que acorralan al presidente hay que añadir un hecho nuevo: el juez Pedraz de la Audiencia Nacional ha destapado que el viceministro venezolano del dictador Hugo Chávez, dedicado a negocios de petróleo, acusado de blanqueo de capitales y corrupción, ha conseguido la nacionalidad española amparándose en la Ley de Nietos. La pregunta inevitable es: ¿cuántos Nervis Villalobos ha introducido el Gobierno de Pedro Sánchez a través de la sanguinaria dictadura cubana con su fraudulenta fábrica de nuevos españoles para alterar por la puerta de atrás el censo electoral en las próximas elecciones generales?