La nacionalidad española concedida a chavistas destapa la trampa de la ley de nietos
La nacionalidad española concedida a chavistas destapa la trampa de la ley de nietos
Puede convertirse en «la pistola humeante» que acabe llevando a la nulidad del procedimiento de nacionalización masiva exprés de Pedro Sánchez para asaltar el censo electoral
Mientras el Gobierno abre la puerta a exdirigentes de la dictadura venezolana, se la cierra a los 240.000 venezolanos que llegaron a España huyendo de la represión y torturas
La nacionalidad obtenida por el exviceministro de Hugo Chávez investigado por blanqueo y sobornos de la empresa petrolera estatal de Venezuela puede ser la «pistola humeante» que acabe llevando a la nulidad del procedimiento de nacionalización masiva exprés adoptado por Pedro Sánchez, contraviniendo lo votado dos veces por las Cortes durante la tramitación de la ley.
Lo que no consiguieron las cloacas del PSOE cuando intentaron intervenir para que se le concediera la nacionalidad por residencia, lo hizo la fraudulenta Ley de Memoria Democrática de Pedro Sánchez, convertida en el butrón para asaltar el censo electoral en las próximas generales. La instrucción de Sofía Puente, que reformó la ley por la puerta de atrás, es a la vez la llave maestra para convertirse español y el talón de Aquiles de la ley de nietos. Lo más sangrante es que mientras Sánchez abre la puerta a exdirigentes de la dictadura venezolana se la cierra a los 240.000 residentes venezolanos que llegaron a España huyendo de la represión y torturas del régimen, acogidos por motivos humanitarios desde 2018.
Estos son los hechos:
La investigación que todo lo cambia
El pasado 9 de junio, por orden del juez Santiago Pedraz, agentes de la UCO entraron en la sede del Ministerio de Justicia y se llevaron algo más que un expediente. Descargaron el histórico de huella digital de todos los accesos al expediente de nacionalidad de Nervis Villalobos: quién había entrado en él, cuándo y cuantos datos de identificación permite el sistema. Incluso, examinaron in situ la propia plataforma. El sistema lo registra todo. Lo que nunca esperó Félix Bolaños, de cuyo ministerio dependen finalmente las concesiones de nacionalidad derivadas de la Ley de Memoria Democrática, es que lo iba a reclamar la justicia española. Que la Audiencia Nacional investigue este proceso de concesión de nacionalidad a instancias de la Fiscalía Anticorrupción lo cambia todo.
Ese rastro es, exactamente, lo que cientos de miles de personas no pueden ver. Desde Buenos Aires hasta Montevideo, centenares de solicitantes de la ley de nietos llevan años denunciando que otros que lo han solicitado con posterioridad ya han obtenido la nacionalidad. No logran saber por dónde va su expediente, ni en qué orden se resuelven, ni si alguien lo ha tocado, pese a que el Ministerio de Asuntos Exteriores presenta el proceso como plenamente digitalizado, con nuevas plataformas, cita previa e integración en registros electrónicos. La huella existe, hasta el último acceso. Pero al ciudadano corriente no se le ofrece. Tampoco a los grupos políticos que reclaman infructuosamente la información actualizada de los nacionalizados, inscritos y pendientes de nacionalización. El Ejecutivo oculta la trazabilidad porque la falta transparencia es parte de la operación de asalto al censo, como también lo ha hecho en la regularización masiva de inmigrantes declarada por decreto de carácter secreto.
Mención a Nervis Villalobos y ZP en la agenda de la fontanera Leire Díez
El ministerio de Bolaños destapa la grieta
La paradoja del caso del que fuera factótum del dictador Chávez es que ha sido el propio Gobierno el que ha destapado la grieta del coladero de nacionalidad de su ley de Memoria Democrática. Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, ingeniero de Maracaibo, fue viceministro de Energía Eléctrica con Chávez y está investigado en varias causas por corrupción y blanqueo en España, Estados Unidos y Andorra, por los presuntos sobornos cobrados a proveedores de la petrolera estatal venezolana PDVSA. En la Audiencia Nacional afronta el caso Duro Felguera, con peticiones de hasta nueve años de cárcel. Y pese a ese historial, el Gobierno de Pedro Sánchez lo ha convertido en un es español más.
Lo ha hecho, además, por una puerta concreta explicada en el comunicado emitido por el propio Ministerio de Justicia. Reveló que Villalobos presentó dos solicitudes por residencia, en 2017 y 2024, y las dos le fueron denegadas. Esa vía examina al solicitante, y su perfil presuntamente criminal pesó en contra. La nacionalidad la obtuvo por la falsa Ley de Memoria Democrática.
El gordo de la Lotería Nacional ya no es solo un sorteo el 22 de diciembre. Es el regalo de una carta de ciudadanía que, además, abre el fabuloso y hermético portón de la Unión Europea. Al chavista Nervis Villalobos le «tocó» el 21 de abril de 2025, antes incluso de la segunda denegación por residencia. Entró por la puerta que no pregunta quién es. Esa es la grieta.
La ley aprobada reconocía la nacionalidad solo a los descendientes del exilio político. El Parlamento rechazó dos veces ampliarla a instancias de Ciudadanos. Una instrucción firmada por la directora general de Seguridad y Fe Pública, Sofía Puente, la amplió a cualquier descendiente de emigrante por cualquier causa. El Gobierno extendió su aplicación a toda la emigración española desde el siglo XIX sin anclaje jurídico alguno, como reveló ayer El Debate. La instrucción de Sofía Puente es la llave maestra que abre la vía de los nietos a un universo casi ilimitado, una vía que, a diferencia de la residencia, no examina la conducta ni los antecedentes de quien la pide. Un boquete diseñado para no mirar y alterar a conveniencia el censo electoral. La instrucción, sobre cuya legalidad debe resolver el TSJM, es el talón de Aquiles de la ley, puesto que una norma de rango inferior puede interpretar la ley, pero no crear derechos que esta no prevé.
La expulsión de venezolanos acogidos por razones humanitarias
Una doctrina que el Ejecutivo se ha saltado a la torera al tiempo que acelera la incorporación al censo de la descomunal cifra de más de 2,5 millones de solicitudes en todo el mundo mediante la externalización exprés a Ineco. La prueba de hasta qué punto la coartada moral de la reparación histórica es un colosal coladero, además de un fraude político, es el sumario de las cloacas del PSOE que acredita que la fontanera Leire Díez se interesó por desencallar el expediente de nacionalidad por residencia de Nervis Villalobos, atascado por su causa de Duro Felguera. La cloaca llegó a buscar una entrevista con José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España y, según la resolución de Pedraz, a contemplar el pago de 300.000 euros al fiscal José Grinda. La residencia siguió cerrada. Lo que no consiguió la cloaca lo hizo la ley Bolaños con la llave maestra de Sofía Puente que, paradójicamente, podría acabar convirtiéndose en la pistola humeante que acabe llevando a la nulidad de la instrucción.
Lo más sangrante es que la lotería que le tocó al chavista se esfuma para los 240.000 venezolanos que residen en España por razones humanitarias. Desde el pasado viernes, el Gobierno de Sánchez les ha echado el cerrojazo. Se acabó su reconocimiento de residencia temporal por huir de la dictadura de Maduro como venía haciendo España desde 2018. Fin a su renovación de residencia y de las reagrupaciones familiares. Claro que ellos, precisamente no votarían nunca a Sánchez. Buena razón para que el Ejecutivo no peleara en el seno del Pacto Europeo de Migración y Asilo por un exilio que claramente merece el acogimiento de los europeos.
