El Gobierno cancela más de 1,1 millones de antecedentes penales
El Gobierno cancela más de 1,1 millones de antecedentes penales en 5 años mediante sistemas automatizados y robotizados
Fue Justicia quien vinculó la automatización de las cancelaciones con la obtención de nacionalidad y permisos de residencia
Para la concesión automática del borrado de antecedentes penales no hay que haber satisfecho el pago de la responsabilidad civil
El Gobierno ha cancelado 1.130.335 antecedentes penales en apenas cinco años mediante sistemas automatizados y robotizados del Ministerio de Justicia mientras vinculaba públicamente esos borrados con la obtención de la nacionalidad española y los permisos de residencia.
El salto exponencial coincide con la aceleración masiva de nacionalidades por residencia impulsada por Félix Bolaños: más de 780.000 propuestas de nacionalidad entre agosto de 2022 y enero de 2025 con la utilización de cinco sistemas de robotización e inteligencia artificial administrativa.
La cancelación automática «de oficio» existe legalmente en España desde su introducción en el artículo 136 del Código Penal español de 1995. Pero durante décadas el sistema funcionó de manera manual y altamente individualizada debido a su enorme complejidad.
El sistema acumulaba históricamente retrasos, errores de cómputo y fuertes diferencias interpretativas. Además, hasta la reforma del Código Penal de 2015 era necesario acreditar el pago de la responsabilidad civil para obtener un informe favorable en determinados procedimientos de cancelación. Tras la reforma ya no resulta obligatorio haber satisfecho íntegramente esa responsabilidad civil para solicitar la cancelación de antecedentes penales: basta con haber extinguido la pena principal y esperar los plazos legales correspondientes.
Cancelaciones automáticas masivas, delitos sexuales incluidos
El proceso de automatización de cancelación de antecedentes penales arrancó en 2021 por la entonces ministra Pilar Llop. En 2022, el propio Ministerio reconoció que la automatización había supuesto un «salto exponencial». «La entrada en funcionamiento de la digitalización y robotización de los trámites ha permitido que solo en 2021 casi un cuarto de millón de personas viera su historial limpio sin tener que solicitarlo», aseguró.
Anexo Robotización de cancelación de antecedentes penales
Anexo Robotización de cancelación de antecedentes penales
La polémica se desató el 11 de mayo de 2022, cuando Justicia anunció oficialmente «un nuevo algoritmo amplía el número de penas susceptibles de cancelación automatizada». Fijó el plazo de finales de 2022 cuando «se alcance la plena automatización del procedimiento».
El escándalo estalló cuando el Ministerio publicó en redes sociales un mensaje dirigido específicamente a extranjeros interesados en obtener la nacionalidad española o renovar permisos de residencia. El texto decía literalmente: «Los antecedentes penales pueden ser un problema a la hora de obtener la nacionalidad española, sacar o renovar permisos de residencia».
El mensaje enlazaba a un tutorial oficial explicando paso a paso cómo cancelar antecedentes penales y sexuales. En otro vídeo, el Gobierno detallaba los plazos que debían cumplirse, cómo solicitar el borrado y en qué supuestos podían cancelarse los antecedentes en delitos sexuales dependiendo de la edad del agresor y de la víctima. Justicia retiró ambos vídeos ante la alarma social generada.
La enorme polvareda política y mediática no se fue acompañada con las necesarias explicaciones parlamentarias. Incluso se produjo un aumento sustancial de las peticiones de borrado en el Sistema de Violencia de Género tras la invitación a la cancelación gubernamental. La polémica acabó diluyéndose como un azucarillo engullido en la vorágine de escándalos diarios. El alcance y consecuencias reales tras el inaudito llamamiento ministerial nunca fueron explicados.
Infografía sobre la cancelación de antecedentes penales por parte del Gobierno
La entrada en escena de García Ortiz
El avance en 2022 de una transformación masiva del sistema de antecedentes penales afecta uno de los ámbitos históricamente más complejos y sensibles del Derecho Penal. Durante décadas, juristas y fiscales habían advertido de los enormes problemas técnicos y jurídicos de la cancelación derivados de reincidencia, múltiples ejecutorias, acumulación de condenas, antecedentes «cancelables» pero aún activos en registros y errores en el cálculo de plazos.
Precisamente por esa complejidad, el sistema había funcionado tradicionalmente mediante revisión humana individualizada y fuertes controles jurídicos. La secuencia cronológica resulta especialmente significativa:
• Junio de 2022 → Campaña oficial vinculando antecedentes con nacionalidad y residencia.
• Agosto de 2022 → nombramiento de Álvaro García Ortiz.
• Septiembre de 2022 → la Fiscalía General del Estado aprueba la Circular 1/2022.
La circular insistía precisamente en la necesidad de aplicar criterios homogéneos sobre antecedentes: «cancelados o que debieran serlo» conforme al artículo 136 del Código Penal. La cuestión era especialmente sensible porque los errores no eran puramente burocráticos.
La inteligencia artificial es especialmente eficaz para calcular plazos, cruzar ejecutorias y detectar automáticamente antecedentes cancelables, pero sigue necesitando supervisión humana porque un error de datos, interpretación jurídica o reincidencia puede tener consecuencias penales y administrativas muy graves. La automatización masiva introducía por primera vez lógica algorítmica e industrial en un terreno donde históricamente se consideraba imprescindible el análisis caso por caso.
Una cifra descomunal y una gigantesca zona opaca
El Ejecutivo nunca ha expuesto al Parlamento todos estos datos que ahora revela El Debate ni tampoco el funcionamiento real del sistema. Este medio está en condiciones de afirmar que, además de las 242.000 causas canceladas reconocidas por Justicia inicialmente en 2021, hay que añadir 170.441 en 2022, 105.747 en 2023, 406.137 en 2024 y 206.010 en 2025.
La magnitud del proceso resulta sencillamente descomunal: 1.130.335 de antecedentes cancelados. La cifra resulta extraordinaria y abre una gigantesca zona de opacidad estadística. Llama poderosamente la atención las más de 406.000 cancelaciones en un solo año (2024), una escala desorbitada que refleja hasta qué punto el sistema pasó de un modelo manual y artesanal a otro de procesamiento masivo automatizado.
Tampoco se ha debatido públicamente si todas las cancelaciones son completamente automáticas ni cuántas tienen revisión humana, si es que la tienen, qué algoritmos exactos se utilizan, qué auditorías internas existen, qué tasas de error maneja el sistema de cancelaciones ni la trazabilidad que deja la robotización administrativa sobre decisiones jurídicas sensibles.
Sánchez y Bolaños ocultan información esencial que la sociedad tiene derecho a conocer: cuántos de los nacionalizados por residencia proceden de expedientes con antecedentes previamente cancelados. La transparencia no puede desaparecer precisamente cuando el Estado automatiza decisiones que afectan a la seguridad, la nacionalidad y los antecedentes penales de millones de personas.
