El Ministerio de Bolaños decidió que pedir cita por internet bastaba para cumplir el plazo que fijaron las Cortes

Lo contó el mismísimo cónsul, y sin reparos. En marzo de 2024 Fernando García Casas explicó a La Nación cómo funcionaba la herramienta que su consulado había ideado para digerir la avalancha de la ley de nietos. Para pedir la nacionalidad había que sacar un número, un IDU, y llevar luego una documentación que, él mismo se encargó de remarcar que «no tiene por qué ser completa».

«Para los IDU, que están más completitos» (sic) el trámite es más rápido», aseguró. Y sobre la comprobación del origen, su criterio no pudo ser más claro: al solicitante le «estamos pidiendo lo mínimo e indispensable, con que prueben la filiación, yo no necesito más». También proclamó su objetivo: «Nuestra prioridad es reconocer el derecho».

Detrás de su franqueza hay una revelación sobre el desarrollo del mecanismo y su posterior respaldo por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública dependiente del Ministerio de Justicia que regenta hoy el verdadero artífice de la norma, Félix Bolaños.

Una conjunción que cambió la ley

Fue la ya famosa instrucción firmada por Sofía Puente el 20 de octubre de 2022 la que abrió también otra puerta trasera. Entonces el Ministerio de Justicia lo dirigía Pilar Llop. Bolaños, autor intelectual y material de la ley como ministro de Memoria Democrática, no asumiría esa cartera hasta noviembre de 2023. Como reveló ayer El Debate, la instrucción sorteó la disposición adicional octava de la ley de Memoria Democrática que fijaba como plazo para formalizar la declaración de opción a la nacionalidad dos años prorrogables a tres. La prórroga debía acordarse por Consejo de Ministros, como así lo hizo el 9 de julio de 2024.

Pero la puerta que abrió Sofía Puente no fue la del calendario, sino la del alcance de la propia ley. La disposición adicional octava reconocía el derecho a los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela originariamente españoles, «y que», como consecuencia del exilio, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad. Un solo supuesto: los descendientes de exiliados. La instrucción leyó esa conjunción como si separase dos casos distintos, y lo dejó escrito: el párrafo «recogería dos supuestos distintos de opción», de modo que podrían optar «tanto» los descendientes de españoles de origen «como» los descendientes de quienes perdieron la nacionalidad por el exilio. Con una conjunción, la ley del exilio se convirtió en una ley de descendencia.

El Gobierno sabía que el exilio apenas afectaba a unos cuantos miles de descendientes. Y sabía también que su aplicación de facto a cualquier descendiente desde dos siglos atrás colapsaría toda la red consular y, en especial, al mayor consulado del mundo: Buenos Aires. Por eso, de ahí llegó la vuelta de tuerca posterior.

El número de cola que se convirtió en llave

Para absorber ese gigantesco atasco, la demarcación consular de la capital argentina aplicó a la ley de nietos una herramienta que ya tenía: el IDU, el identificador de cita previa que el propio Ministerio define en su web como «el número que el Consulado asigna a cada trámite», el mismo que reparte para renovar un pasaporte o inscribir un nacimiento.

Bastaba una simple solicitud a secas, por internet, sin papeles y sin documentación. Sin nada. Una artimaña en toda regla, según los juristas consultados por El Debate. Mientras otras oficinas consulares se refieren a la presentación de «credenciales» o a un justificante de presentación de documentación con código de verificación, en Buenos Aires un número de identificación para solicitar la primera cita por internet pasó a convertirse en justificante que otorga el derecho a convertirse en solicitante de nacionalidad válido. El identificador confiere el derecho a ser tramitado, aunque la presentación de la documentación se produzca incluso años más tarde.

El salto jurídico

Juristas consultados por este medio consideran que el IDU «es tan válido como el turno de la pescadería» puesto que el desarrollo de una norma tampoco puede ampliar los plazos establecidos por ella. Ese salto de la reserva de un turno a un derecho consolidado no lo previó la instrucción de Sofía Puente.

El mecanismo lo explica el cónsul en la mencionada entrevista el 12 de marzo de 2024. Sin embargo, la instrucción que finalmente lo respaldará no llegó hasta catorce meses espués. El 5 de noviembre de 2024, ya con el Ministerio de Justicia asumido por Félix Bolaños, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, estableció que quien hubiera solicitado su IDU o su cita dentro de plazo podría completar el trámite, aunque la cita se le asignara después del 22 de octubre de 2025. La firmó María Ester Pérez Jerez, la sucesora de Sofía Puente. De esta forma, la misma dirección general que había ampliado la ley en 2022 en contra del legislador dio, dos años después, cobertura administrativa al invento del turno que permitía ensanchar aún más el plazo marcado por la ley.

Los mencionados juristas aseguran que merece una lectura detenida. «La ley fijó un plazo para un acto sustantivo: formalizar la declaración de opción, una comparecencia formal ante el encargado del Registro Civil y no un simple número de solicitud». El IDU convirtió ese plazo en otra cosa: bastaba con registrarse y obtener el número identificador antes de la fecha para conservar el derecho. De esta manera, la presentación de la documentación y el acto sustantivo podían esperar años. «El calendario que el legislador había cerrado en 2025 quedó, en la práctica, abierto hasta una década después, sin que ninguna norma con rango de ley lo modificara», remarcan.

En definitiva, el mayor consulado de España afrontó el tsunami provocado por la ley de nietos con una herramienta que la propia norma no contemplaba y que, sin cambiar una coma del texto votado en las Cortes, prolongó su efecto durante años. El IDU no aparece en la disposición adicional octava. Se crea en Buenos Aires y una instrucción publicada en el BOE con posterioridad al mecanismo montado por el cónsul vino a darle cobertura, estirando así el plazo de una ley que Sofía Puente ya había ampliado por dentro. En Buenos Aires y en La Moncloa, y no en el Boletín Oficial, se decidió hasta cuándo seguiría abierta la puerta y con ella la grieta que convierte la ley de nietos en el mayor coladero de nacionales no contrastados de Europa.