José María Ridao, cónsul de España en Buenos Aires
El cónsul de Buenos Aires ratifica las cifras de El Debate y calla sobre lo que más importa
José María Ridao confirma el volumen y los plazos que este periódico lleva meses publicando, pero su relato no aborda las grietas que El Debate ha documentado: de la tercerización de la tramitación a las partidas de bautismo que no se cotejan y la falta de transparencia sobre el orden por el que se nacionaliza a los solicitantes
El cónsul general de España en Buenos Aires, José María Ridao, ha explicado recientemente cómo se aplica la ley de nietos en la mayor oficina consular del mundo. Su relato confirma, uno por uno, los datos que El Debate lleva meses publicando. Ridao cifra en 645.052 las solicitudes registradas en Buenos Aires y calcula que, sumados los consulados de Rosario, Córdoba, Mendoza y Bahía Blanca, el total argentino ronda el millón. Reconoce que el consulado solo ha atendido de forma presencial a 220.000 solicitantes, que la carga de todos los datos en el sistema no concluirá hasta 2031 y que la resolución definitiva de los expedientes «podría llevar décadas». Son las mismas magnitudes que este periódico documentó y que el Gobierno ha tratado de presentar como una exageración.
La ratificación tiene valor porque procede de quien dirige la oficina consular que acumula el mayor número de solicitudes del planeta. Y el que abrió la vía de la externalización exprés del proceso, algo inédito en el delicado procedimiento de nacionalizaciones en el mundo entero, lo que lo ha convertido en un gigantesco coladero que revienta las costuras de España y de la Unión Europea. Ridao sostiene a preguntas de Juan Ignacio Irigaray, de El Español, que es «materialmente imposible» que la ley incida en las generales de 2027 «por razones logísticas, pues recibiremos documentos hasta 2031», y recuerda que muchos de los nuevos españoles son menores, no votan o no se inscriben en el censo. Los datos que ratifican las revelaciones de este medio sin citarlo se funden en el artículo con la lectura política que hace Ridao sobre ellos. Su relato, sin embargo, deja fuera cuatro revelaciones que El Debate sí ha contado y cuya ausencia es significativa.
Silencios que hablan
La primera es la externalización. Lo curioso es que no la desveló la oposición ni la prensa, la anunció el propio consulado. En su boletín del mes de marzo anunció que Exteriores y el Consulado General habían decidido «tercerizar la carga de los datos en papel» de los expedientes «con el fin de agilizar esta fase de la tramitación». Lo justificó con una frase reveladora: «Los sistemas informáticos del Consulado no permiten procesar con la velocidad necesaria el elevado número de trámites digitales, lo que prolonga los tiempos de gestión». Cabe preguntarse para quién es necesaria esa velocidad, cuando la concesión de una nacionalidad es un procedimiento que en cualquier democracia comparable se toma todo el tiempo que haga falta, porque de él depende quién queda incorporado al sistema con prestaciones y servicios y, en especial, al censo electoral. Lo sorprendente es que la única referencia que se hace sobre este asunto atribuyéndola al genérico «nos señalan fuentes» es que «En Madrid comentan que lo haría la empresa pública INECO, pero no nos han comunicado nada».
La segunda es que no se hace mención alguna a los saltos en la cola. El Debate documentó las denuncias de solicitantes que aseguran que expedientes posteriores se resuelven antes que los suyos, más antiguos, quejas que se repiten desde Buenos Aires hasta La Habana y que los propios afectados dejaron por escrito en los comentarios de una publicación oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores. El consulado ha explicado en alguna ocasión que resuelve por orden de incoación, pero ni él ni el resto de la red han puesto a disposición del solicitante lo que este reclama y que este medio reveló que sigue faltando: un número de seguimiento individual o una posición verificable en la cola.
En tercer lugar, ni siquiera se repara en la anomalía de que sea el PSOE quien informe de la ampliación de medios de su propio consulado. Las más de 2.000 contrataciones para reforzar la red consular y el apoyo externo de Ineco las anunció el senador socialista César Mogo, responsable del área de Exterior del PSOE, ante el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior. El Debate subrayó que ese anuncio correspondía al Ministerio de José Manuel Albares, que gestiona los consulados, y no a un cargo del partido.
La cuarta son las partidas de bautismo. El Debate reveló que los consulados no cotejan con los archivos históricos diocesanos las miles de partidas de bautismo con las que se concede la nacionalidad, y que buena parte de esos libros ardieron entre 1936 y 1939, de modo que en muchos casos no queda nada con lo que comprobar el origen que exige la ley. El problema se agrava al extender el derecho a la emigración del siglo XIX, porque el Registro Civil no empezó a funcionar hasta 1871 y la mayoría de esas peticiones se acreditan con registros sacramentales. Ninguna referencia a cómo se verifica esa documentación en el consulado que más expedientes acumula.
De modo que el cónsul confirma las cifras y ratifica el calendario que El Debate venía publicando, y al hacerlo da la razón a este periódico. Lo que queda fuera de su relato es cómo se ejecuta ese proceso y con qué garantías se comprueba quién termina incorporado al censo. En ese hueco, el que va de la tercerización a las partidas de bautismo sin cotejar, está la información que el Gobierno denomina irresponsabilidad a la oposición por señalarlos o sus terminales mediáticas califican directamente de bulos.
