Exteriores desobedece una resolución firme de Transparencia que le obliga a revelar información sobre la ley de nietos

En octubre de 2022, días antes de que entrara en vigor la Ley de Memoria Democrática, Exteriores remitió a sus embajadas y consulados una circular interna para prepararlos ante el «volumen significativo» de solicitudes de nacionalidad que se avecinaba. El abogado y vicepresidente de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Guillermo Rocafort, pidió acceder a ella y a cualquier otra que el departamento dirigido por José Manuel Albares hubiera enviado sobre la nueva ley. El Ministerio se negó. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno le dio la razón y obligó a entregar la documentación en diez días hábiles. Casi tres años después, la resolución es firme y Exteriores sigue sin cumplirla.

Rocafort la presentó el 27 de octubre de 2022, dos días después de que Sofía Puente firmara la instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública que amplió la ley más allá del exilio político. Exteriores tardó casi dos meses y, el 19 de diciembre, la inadmitió: las circulares eran, dijo, «comunicaciones entre órganos administrativos», información auxiliar que la Ley de Transparencia permite no entregar.

Acelerar desde el inicio

La circular ya era conocida: apremiaba a los consulados a prepararse para el aluvión de expedientes, con cita previa, turnos especiales y personal de refuerzo. Contenía además un detalle que fija la cronología. Según el escrito del reclamante, adelantaba que esa misma Dirección General estaba «ultimando una instrucción sobre el derecho de opción a la nacionalidad española». El aparato consular se preparaba, por tanto, para aplicar la instrucción de Sofía Puente antes incluso de que se publicara, el 25 de octubre de 2022, lo que a juicio de Rocafort probaba el interés de Exteriores por acelerar las nacionalizaciones antes del ciclo electoral de 2023.

Albares quería confidencialidad

El Consejo de Transparencia valoró la negativa del Ministerio mantener reservada la información y falló en su contra. En su resolución R CTBG 2023-0549, firmada por su presidente, José Luis Rodríguez Álvarez, el 7 de julio de 2023, descartó que fueran información auxiliar: contenían «las pautas interpretativas de la Ley de Memoria Democrática y las instrucciones a seguir respecto de las solicitudes de nacionalizaciones». Rechazó también la confidencialidad invocada por Exteriores, porque las circulares no son un debate interno reservado, sino «una decisión ya tomada por el órgano jerárquico superior» para que la cumplieran los consulados. Estimó la reclamación e instó a entregar la documentación en diez días.

La resolución llegó dieciséis días antes de las generales del 23 de julio de 2023, en cuyo recuento el voto exterior alteró un escaño en Madrid en favor del PP. El plazo venció sin que Exteriores entregara nada. El 6 de agosto, Rocafort pidió al Consejo que hiciera cumplir su propia resolución; dos días después, el organismo reiteró por escrito al Ministerio «la necesidad de cumplir de forma inmediata». Era la primera reiteración. No sirvió de nada.

Albares, insumiso

La resolución es «firme», pero permanece «inejecutada», resume Rocafort. El Consejo carece de capacidad para ejecutar sus propias resoluciones, así que la única vía sería un proceso judicial «costoso y dilatado en el tiempo». Albares, sostiene, es un «insumiso» que «actúa al margen de la ley como si la acción exterior de España, el ministerio, los consulados y embajadas y la propia ley de nietos fueran su cortijo particular ajenos al Estado de Derecho». El Consejo publica cada cuatro meses la lista de organismos que persisten en el incumplimiento.

El mismo hermetismo reaparece con la externalización de la tramitación de expedientes en el Consulado General de España en Buenos Aires. Nada más publicar este periódico el artículo, el director de Comunicación del Ministerio, Antonio Asencio, se puso en contacto con este medio y le trasladó la versión oficial: el consulado había pedido «un refuerzo externo» «temporal y puramente instrumental» para tareas administrativas bajo supervisión consular, con la decisión final en manos del consulado. El dircom añadió: «cualquier duda no tengas problema en preguntarnos».

Controles y contrataciones a Ineco sin respuestas

Quien esto escribe le tomó la palabra y preguntó por lo que la versión oficial no resolvía: qué empresas participan, con qué controles de trazabilidad, cuántas de las más de 2.000 contrataciones anunciadas por el senador César Mogo son funcionarios o personal externalizado, el papel de Ineco y si el ministro pensaba explicar la operación en el Parlamento. La contestación fue remitir todas las preguntas por correo a prensa del Ministerio. Ha pasado casi un mes y la ausencia de respuesta es de lo más elocuente.

Entre una y otra historia median tres años, dos ministros de Justicia, un contencioso que todavía no ha resuelto el TSJM y un censo exterior que ha aumentado ya en 422.253 electores nuevos –un 18,5% desde que entró en vigor la ley de nietos–. Lo que no cambia es la actitud del Ejecutivo. El propio Pedro Sánchez presumía de transparencia el pasado miércoles en el Congreso. Los hechos, sin embargo, demuestran exactamente lo contrario: el hermetismo, la opacidad y el uso partidista de las instituciones del Estado por parte de quienes deberían ser servidores públicos resultan impropios de una democracia de la Unión Europea.