Una archidiócesis inventarió archivo por archivo la destrucción de sus registros parroquiales: el agujero que la ley de nietos no puede verificar

Existe un recuento, archivo por archivo, de lo que el fuego se llevó en una archidiócesis entera, y lo levantaron los propios párrocos al terminar la guerra, cuando la Curia de Valencia les pidió que detallaran por escrito qué había sido de cada parroquia. Aquel material lo ordenó y estudió don Ramón Fita Revert, delegado episcopal de Causas de los Santos del Arzobispado de Valencia, que ha tenido la gentileza de compartir con El Debate su estudio de setenta y nueve páginas. Su trabajo permite hoy medir con nombres y fechas el alcance de la destrucción documental. Y mide, sin proponérselo, el tamaño del punto ciego sobre el que se concede la nacionalidad por la Ley de Nietos.

El cuestionario de la Nunciatura

La fuente nace de un cuestionario que la Nunciatura repartió entre las diócesis españolas para reconstruir lo ocurrido en el trienio 1936-1939. Lo promovió el delegado apostólico Ildebrando Antoniutti mediante una circular de marzo de 1938, y el Arzobispado de Valencia lo publicó en su boletín en mayo de 1939. Los párrocos respondieron desde aquel verano, con firma y sello, a lo largo de los tres años siguientes. Uno de los apartados pedía precisar la suerte del archivo parroquial y, en concreto, «los libros de partidas sacramentales destruidos o desaparecidos». Las respuestas a esa pregunta son el material que Fita ha ordenado.

Trescientos treinta y ocho archivos

El recuento abarca 338 archivos parroquiales: 210 de la provincia de Valencia, 34 de la capital y su área metropolitana, 82 de Alicante y 12 de Castellón, porque entonces la diócesis se extendía por las tres provincias. El balance es severo: seis archivos habían sido destruidos antes incluso del 18 de julio de 1936. De todos los demás, solo 19 encontraron refugio en ayuntamientos o juzgados, y otros 17 se salvaron por la cautela de un cura o el arrojo de unos vecinos. La inmensa mayoría se quemó o terminó en las fábricas de papel.

Monserrat, el día que ardió hasta el Registro Civil

Algunos casos anteriores a la guerra desmienten que todo empezara en el verano del 36. La iglesia de Carlet ardió con su archivo en 1931. En Relleu, el 20 de febrero de 1936, asaltaron la casa del cura, rociaron el archivo y la biblioteca con gasolina y les prendieron fuego. Y en el pueblo valenciano de Monserrat, el 25 de enero de 1932, ardieron a la vez tres archivos: el municipal, el parroquial y el del Registro Civil. El parroquial reunía 24 libros sacramentales cuyas partidas arrancaban en 1656. Allí no quedó ni el rastro eclesial ni el civil contra el que cotejarlo, que es la doble ausencia sobre la que hoy se construye un expediente de nacionalidad.

Los grandes archivos arrasados

La lista de los grandes fondos perdidos ocupa páginas. Bocairente, uno de los más antiguos, conservaba más de sesenta libros de partidas y solo se salvaron diez. Villahermosa del Río guardaba la serie sacramental completa desde 1535 y catorce libros corales en pergamino, con partidas escritas por el cronista Bartolomé Leonardo de Argensola, y se perdió entero. En Sueca echaron a la hoguera los libros anteriores al siglo XIX y ardió una biblioteca parroquial de unos cinco mil volúmenes. De la ciudad de Valencia, de todas sus antiguas parroquias, solo se salvó un archivo, el de San Esteban, rescatado por el archivero Felipe Mateu y Llopis.

El Diocesano, hecho pasta de papel

La pérdida mayor fue la del propio Archivo de la Curia. Custodiaba la serie de colaciones desde 1316 y los libros de visita desde 1350, más de 13.000 legajos, y estaba considerado uno de los más importantes de España. En 1936 se esfumó casi por completo y el grueso de esos legajos se convirtió en pasta de papel. El equipo de Mateu y Llopis lo buscó después por fábricas, traperías y anticuarios sin dar con él. Un archivero que llegaría a dirigir el Diocesano, Salvador Pallarés, dejó escrito en 1967 que de aquel fondo no quedó «siquiera índice, registro o recuerdo humano alguno».

Lo que sí se salvó

El propio estudio invita a la precisión. Que un templo ardiera no significaba que su archivo se perdiese siempre. La Catedral de Valencia salvó el suyo del incendio del 21 de julio de 1936, instalado sobre las bóvedas de la sacristía mayor, y hoy figura entre los mejores de Europa por la continuidad de sus series. El de la Catedral de Segorbe fue rescatado de una fábrica de papel: a comienzos de agosto de 1937 se habían recuperado más de tres mil kilos de papel y mil de pergaminos, entre ellos un ejemplar del Spill de Jaume Roig. En muchas parroquias se conservaron al menos los libros sacramentales más recientes, guardados en un juzgado o escondidos por el vecindario. El agujero no es uniforme, se concentra en lo más antiguo, justo en la franja anterior a 1871 para la que no existe Registro Civil. Que ese balance se conozca hoy con tanto detalle se debe al celo de archiveros y estudiosos como el propio Fita, empeñados en ordenar y preservar lo que el fuego no logró borrar del todo.

La prueba que la ley da por buena

La instrucción que la directora general Sofía Puente firmó en octubre de 2022 admite que, cuando no consta la inscripción civil del antepasado, baste la fe de bautismo del archivo parroquial acompañada de una certificación de que el Registro Civil no la recoge. Para un antepasado del siglo XIX esa ausencia civil es la norma, porque el registro no existía. Donde el libro de bautismos ardió, como en tantas de las parroquias que inventarió Fita, tampoco queda original con el que comprobar la copia. El documento que abre la puerta de la nacionalidad procede entonces de un fondo que el propio Estado sabe destruido, y que ningún consulado contrasta.

La amarga ironía de las cenizas que prueban la nacionalidad

Hay una ironía amarga en todo esto. El mismo país que perdió aquel patrimonio documental en el odio de los años treinta levanta hoy una nacionalización masiva sobre el hueco que dejó aquella quema y sobre lo fidedigno de sus anotaciones manuales previas a la existencia del Registro Civil español. Fita anota que ni la diócesis de Valencia puede reclamar ya su archivo metropolitano ni las parroquias recuperar lo que les fue usurpado. Lo que no se puede recuperar tampoco se puede verificar.

Lo que sí hay que agradecer, y mucho, es el excepcional trabajo de tantos hombres y mujeres volcados en ayudar a quienes les solicitan las partidas que les pueden abrir la puerta de la nacionalidad. Y lo han hecho de forma abnegada, dándolo todo sin recibir nada a cambio, como suele hacer la Iglesia.

La cuestión de fondo está por encima de cualquier duda: un derecho tan serio como el de ser español no debería concederse sobre una prueba que, en demasiados casos, ardió hace casi noventa años y de la que, como escribió aquel archivero, no sobrevivió ni el recuerdo.