Las diez trampas de la ley de nietos

España vive el momento más delicado de sus 49 años de democracia. La asfixiante actualidad de la corrupción política lo arrolla todo, cual tsunami, y relega un asunto aún más grave que cualquiera de las causas que cercan al Gobierno, el más serio desde que el 23-F puso a prueba una democracia entonces recién nacida: el asalto al censo electoral por la puerta de atrás que ha venido destapando El Debate. Vale la pena ordenarlo, porque cada pieza por separado parece un trámite y solo encajadas se ve la operación. Un asalto al censo electoral en toda regla con mentiras, manipulaciones, trampas en una operación inédita en la Unión Europea. La conclusión es clara: ley de nietos sí, pero sin trampas.

1. Una ampliación sin anclaje jurídico. La Ley de Memoria Democrática reconoció la nacionalidad a los descendientes del exilio franquista, y solo a ellos. Las Cortes rechazaron en dos votaciones ampliarla a los emigrantes económicos. Cinco días después de su publicación en el BOE, una instrucción administrativa del ministerio de Félix Bolaños hizo lo que el Parlamento había negado expresamente y extendió el derecho a toda la emigración española. Esa ampliación cuya práctica se extiende a todo antepasado desde el siglo XIX está al margen de la ley y carece de anclaje jurídico. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid debe decidir si anula la instrucción. Si lo hace, quedarían en cuestión las nacionalidades concedidas a su amparo. Mientras tanto, los últimos movimientos en la Fiscalía del propio TSJM dejan una pregunta inquietante: quién vela por la legalidad de la operación cuando quienes deben hacerlo dependen del poder que la impulsó. La actitud del ministerio público solicitando el archivo de las causas en las que están imputados por graves delitos la mujer y el hermano del presidente del Gobierno resulta reveladora.

2. Un coladero colosal para cualquiera. El alcance real desborda el exilio político y económico del ámbito temporal de la instrucción de Sofía Puente. En palabras del senador socialista César Mogo, secretario del PSOE en el exterior, la ley tuvo una «vocación reparadora» hacia todos los descendientes de españoles que cruzaron el Atlántico desde el siglo XIX, y el sanchismo animó a tramitar la nacionalidad «con independencia de las causas que provocaron el éxodo». Un derecho pensado para reparar una persecución concreta se transformó así en un coladero abierto a millones de personas que, además, engorda el censo electoral exterior.

3. Engaño masivo a los posibles votantes del exterior. El Gobierno no solo ha mentido al Parlamento y engañado a la opinión pública española durante todos estos años agitando el enfrentamiento guerracivilista. También ha faltado descaradamente a la verdad en sus mítines y propaganda a los futuros nacionalizados asegurándoles que el PP se oponía a la ampliación y que derogaría la ley. Un grave ejercicio de manipulación al ocultarles que es precisamente la formación de Núñez Feijóo la que lleva reivindicando desde hace casi 20 años que la ley se abriera a todos los descendientes del exilio español sin discriminación por causas políticas. Extremo este que el PSOE vetó incluso durante la tramitación parlamentaria de la actual ley de nietos a instancias de Ciudadanos.

4. La clave está en el orden de inclusión en el censo. Tramitar más de 2,5 millones de peticiones de nacionalidad es inviable para cualquier país. La clave no solo está en el número de nacionalizados sino en el orden por el que se les concede la carta de ciudadanía española. Centenares de solicitantes denuncian que sus peticiones siguen en un limbo administrativo sin respuesta mientras ven cómo otros que las han presentado incluso años después, les han adelantado y ya han sido tramitadas e incluso concedidas.

5. A efectos electorales no es lo mismo nacionalizar a venezolanos del exilio de Maduro que a los prohombres de la dictadura venezolana. Otro de los agujeros desvelado precisamente por la investigación del juez Pedraz en la Audiencia Nacional: la nacionalidad del chavista Nervis Villalobos. El propio ministerio de Justicia, cuando fue registrado la semana pasada por la UCO por orden el juez desveló la grieta: el exviceministro de Hugo Chávez llevaba una década solicitando la nacionalidad vía residencia. Le fue denegada hasta en dos ocasiones, a pesar de la intervención de las cloacas del Gobierno. La Ley de Memoria Democrática le abrió la puerta de par en par sin necesidad de colas ni turnos inciertos como los de los millones de aspirantes. ¿Cuántos Nervis Villalobos del mundo ha nacionalizado Sánchez?

6. El caso de Cuba destapa el butrón al censo electoral español: la dictadura comunista tiene en sus manos los certificados de una de cada site solicitudes de nacionalidad. El consulado en La Habana contrata una empresa del régimen para acelerar el asalto al censo de más de 350.000 cubanos. Nadie al margen de la dictadura puede corroborar la veracidad de los documentos.

7. Un engaño diseñado para cambiar las mayorías en el Congreso. El doble discurso no es un desliz. El engaño ha sido sistemático, premeditado y quirúrgicamente diseñado para impactar en el censo electoral: un marco para el Parlamento español y otro, ampliado a dos siglos atrás, para América. Y una ley D´Hont en la que los restos en provincias clave cambian mayorías.

8. El asalto al censo con Ineco. Para acelerar antes de las generales, el Gobierno ha sacado la nacionalización masiva de las manos de los funcionarios como publicó en rigurosa exclusiva El Debate. En el Consulado General de Buenos Aires, con 645.052 solicitantes de la Ley de Memoria Democrática, el proceso se ha externalizado de forma exprés a Ineco, la empresa pública que llegó a tener en nómina, sin que trabajara, a la expareja del ministro Ábalos. El objetivo es que Buenos Aires sume al censo más españoles que la población de ciudades como Málaga, Murcia o Palma. No es un consulado cualquiera: Argentina suma un millón de peticiones y es el granero histórico del voto exterior del PSOE y el territorio con más capacidad para mover los resultados provinciales en las próximas elecciones. Vox ha pedido explicaciones en el Congreso.

9. La paradoja de la memoria. El Gobierno de Sánchez, que reivindica la memoria de un solo bando, termina apoyando su nacionalización masiva exprés en los archivos parroquiales que la violencia anticlerical de aquellos años redujo a cenizas, y que hoy, en muchos casos precisamente por haber desaparecido nadie puede verificar. Como ocurre con los antepasados que nacieron antes de la creación del Registro Civil en 1871.

Coda: El Archivo de Santander añade un comprensible reproche: ninguna entidad civil se ha interesado por un archivo catedralicio y diocesano que ha tenido que reorganizarse e invertir por su cuenta para absorber la avalancha. Canarias describe lo mismo: pidió ayuda a instituciones locales, autonómicas y nacionales sin recibir ninguna, y añade que los registros civiles de su provincia derivaban a los usuarios a su archivo para que la Iglesia localizara a las personas antes de expedir ellos el certificado de nacimiento. Madrid, en cambio, afirma no haber tenido ningún problema con la administración.

La nacionalidad concedida para reparar dignifica, la concedida para trampear elecciones es un pucherazo a la democracia y la convivencia. Lo que una democracia no puede permitir es que ese derecho se convierta en una máquina de fabricar votos sin garantías de a quién se mete por la puerta de atrás y en una excusa para reabrir las trincheras que la Transición enterró y Zapajoyero exhumó. Ley de nietos sí. Trampas no. Y enfrentamiento menos. Casi noventa años después de que Azaña lo pidiera desde la orilla republicana, sigue sin haber mejor memoria que aquella: paz, piedad y perdón. Y, por favor, volvamos a la concordia de la Transición.