Sánchez usa la Ley de Nietos para aplicar por la puerta de atrás lo que el PP pidió durante 19 años

El PP exigió desde 2007 que la nacionalidad llegara a todos los nietos de emigrantes, no solo a los del exilio franquista. El PSOE lo tumbó con trece votos contra once. Lo volvió a pedir en 2018, en 2019 y en 2020. Cada vez, el PSOE lo bloqueó. En octubre de 2022, una instrucción administrativa firmada por Sofía Puente, hermana del actual ministro de Transportes Óscar Puente, hizo lo que las Cortes habían rechazado ese mismo mes: extender la nacionalidad española a cualquier descendiente de emigrante y ampliarla a toda la emigración. Ningún miembro del Gobierno ha comparecido en el Parlamento a dar una explicación.

Mientras tanto, los frutos del fraude ya se cuentan en votos: el PSOE perdió abrumadoramente en las últimas autonómicas en Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura, pero venció al PP en el voto exterior en todas ellas. Exactamente lo que Pedro Sánchez pretende que ocurra en las próximas elecciones generales. De ahí que, aunque le acorralen los casos de corrupción, se empeñe en afirmar: «hasta el 27 y mucho más». Estos son los hechos:

2007: el PSOE abre la puerta y la cierra a medias

Rajoy tachó la Ley de Memoria Histórica de Zapatero de «discriminación manifiestamente injusta» porque excluía a los emigrantes que no fueran exiliados políticos. En 2009, el PP presentó una moción en el Senado para corregirlo. El PSOE la tumbó con trece votos contra once. Pero mientras cerraba esa puerta en Madrid, el ministro Jesús Caldera anunciaba en Buenos Aires que el reglamento «incluiría la nacionalidad para todos los nietos». Lo que negaba en el Senado lo prometía en América. No era una contradicción, era una estrategia que culminaría Pedro Sánchez.

Podemos recoge la ampliación del PP y luego la traiciona

En 2018 Podemos copió casi literalmente la reivindicación popular. Ester Muñoz explicó que el PP votó a favor «por coherencia y justicia». La propuesta decayó con la disolución de las Cámaras en 2019. Ya en el Gobierno de coalición con el PSOE, Podemos retiró su apoyo a enmiendas similares del PP y ERC. El argumento: aprobarlas costaría dos millones de euros en gastos consulares. En un país que acababa de recibir 160.000 millones de Next Generation, de los cuales 80.000 eran subvenciones no reembolsables. La diputada popular Ana Belén Vázquez lo resumió: «Es vergonzoso que el derecho de un español se mire en euros».

Lo que el Parlamento rechazó, lo firmó una directora general

Sánchez prefirió sacar su propia norma. La Ley de Memoria Democrática entró en vigor el 21 de octubre de 2022. Durante su tramitación, Ciudadanos presentó enmiendas para incluir a los descendientes de emigrantes económicos. Fueron rechazadas dos veces. El Parlamento dijo no con claridad y por dos veces. Seis días después, una instrucción de 18 páginas firmada por Sofía Puente, hermana del actual ministro de Transportes, reescribió la ley: descompuso la condición central –ser descendiente de exiliado político– en dos supuestos alternativos, convirtiendo el exilio en opcional. Cualquier descendiente de español emigrado por cualquier razón podía solicitar la nacionalidad. Sofía Puente, fiscal de carrera, debería saber que según la doctrina consolidada del Consejo de Estado y la jurisprudencia constitucional, una instrucción administrativa de rango inferior a la ley, puede interpretar y aclarar, pero no puede crear derechos que la ley no prevé ni modificar lo que las Cortes han decidido.

En la Cámara Alta, la senadora del PP Salomé Ayala fue directa: «Vamos a modificar la ley por la puerta de atrás. Una instrucción de ninguna forma puede innovar el ordenamiento jurídico». Y advirtió de las consecuencias: «Esto solo va a conllevar anulaciones y revocaciones de las nacionalidades que concedan». Nadie del Gobierno respondió al argumento. El senador socialista César Mogo zanjó el debate con una categoría jurídica inexistente: «Hay un exilio económico y hay un exilio político». En España. Porque en América el mensaje era otro: la ley beneficia a «los millones de personas que desde todo el siglo XIX cruzaron océanos para ganarse una vida mejor», como reveló El Debate.

En España ese era exactamente el derecho que el PSOE le había negado al PP durante tres legislaturas. Ahora lo aplica sin mediar explicación y en secreto ampliándolo desde dos siglos atrás.

Los frutos del fraude se cuentan en votos

2,5 millones de solicitudes. 545.000 aprobadas. 306.500 ya inscritas en el Registro Civil consular. El PSOE ha ganado el voto exterior en las cuatro últimas autonómicas en las que el PP le batió por goleada en el interior, con diferencias de entre 7 y 12 puntos. En abril de 2024 un juzgado admitió a trámite la querella por prevaricación contra Sofía Puente. Ningún ministro ha comparecido a explicar por qué se eligió una instrucción administrativa en lugar de un real decreto. En un país donde hay provincias que deciden su último diputado por 77 votos, dos millones de nuevos españoles en el censo exterior no son un dato demográfico. Son aritmética electoral. Y Sánchez lo sabe. De ahí que, aunque le acorralen los casos de corrupción reiterara el miércoles pasado en la sesión de control en el Congreso: «Hasta el 27 y mucho más».