El Gobierno anuncia otro decreto de vivienda para julio después de que el Congreso le haya tumbado tres este año

El Gobierno quiere intentar el más difícil todavía. O que parezca que lo intenta, al menos. El Consejo de Ministros aprobará un real decreto ley a lo largo del mes de julio con medidas en vivienda, que es una de las materias que más divergencias ha venido provocando -si no la que más- entre el PSOE y Sumar y también con el resto de los grupos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez. En especial con Junts. De hecho, sus posibilidades de éxito son mínimas.

«Será un texto ambicioso e integral. Un problema como el de la vivienda solo se puede resolver desde el acuerdo. Vamos a trabajar con los grupos para que se sientan representados», señaló la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, tras la reunión del Consejo de Ministros, que esta semana se adelantó de martes a lunes por la aprobación de la prórroga de medidas frente a la crisis provocada por la guerra de Irán.

Las medidas están por concretar, a pesar de que el presidente y sus ministros llevan toda la legislatura hablando de la prioridad que supone la vivienda, que denominan el «quinto pilar del Estado del Bienestar». No obstante, Saiz adelantó que tendrá dos patas. La primera buscará «bajar el precio de los alquileres, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude, con medidas de la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga de los contratos de alquiler, la obligatoriedad de los contratos por escrito o medidas fiscales para bajar los precios del alquiler», según explicó. La segunda tendrá como objetivo para movilizar vivienda asequible, «con medidas como la subida del IVA al 21 % para los pisos turísticos o de agilización administrativa».

La encargada de negociar con los grupos será la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. La idea del PSOE es negociar y pactar primero con Sumar y, después, con los demás. De manera que el texto que llegue a la mesa del Consejo de Ministros tenga los votos necesarios para su posterior convalidación en el Congreso. Pero eso es mucho suponer. Muchísimo.

Primero, porque la semana pasada Junts ya dejó claro al Ejecutivo que no piensa negociar nada con él -y los Presupuestos menos que nada- votando a favor de una moción del PP que pedía a Pedro Sánchez su dimisión. Segundo, porque en lo que va de año la formación de Carles Puigdemont ha tumbado tres reales decretos leyes del Gobierno en materia de vivienda: dos veces la moratoria de la prohibición de desahuciar a colectivos vulnerables y una vez la prórroga de los alquileres más allá de los cinco años.

Pero es que además del problema en el Congreso, el PSOE también lo tiene dentro del Gobierno. Existe desde hace meses un tira y afloja entre el vicepresidente Carlos Cuerpo y la vicepresidenta Yolanda Díaz sobre cómo evitar que se disparen los precios de los alquileres cuyos contratos van venciendo a los cinco años legales.

La apuesta de Sumar ha sido y es mantenerlos congelados por real decreto ley. De hecho, en marzo Sumar obligó al PSOE a aprobar un real decreto ley que prorrogaba los alquileres. Sánchez sabía de antemano que estaba condenado a su muerte parlamentaria porque Junts no iba a pasar por ese aro. Así fue un mes después, en abril. Los socialistas ni siquiera movieron un dedo para hacer cambiar de idea a los independentistas.

Por el contrario, la apuesta de Cuerpo y del ala del PSOE pasa por bonificar a los propietarios el 100 % de la renta en el IRPF si mantienen el precio del alquiler. Una iniciativa que sugirieron en enero y fue rechazada de plano por su socio por ser un «regalo de dinero público a los rentistas», afirmó Sumar.

Es difícil el acuerdo entre el PSOE y Sumar, pero más difícil lo es aún con Junts. En cualquier caso, una vez más a Sánchez le interesa más el efectismo del anuncio que la efectividad del futuro real decreto ley. Lleva cinco derogados por el Pleno del Congreso en lo que va de año (el último, el pasado jueves) y sin inmutarse.