Jueces y fiscales consideran que señalar a la Audiencia de Badajoz es un «atentado contra la división de poderes»

Nada más conocerse el veredicto de la Audiencia Provincial de Badajoz contra David Sánchez, el hermano músico de Pedro Sánchez, el entorno de Moncloa y las terminalres del PSOE reaccionaba señalando que el único origen de la causa era «dañar al presidente del Gobierno a través de su entorno familiar» en una suerte de intento por derrocar al Ejecutivo, por mecanismos antidemocráticos. El Ejecutivo mostraba así su discrepancia con la sentencia del tribunal extremeño que ha inhabilitado al hermano de Sánchez para el empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho del sufragio pasivo por un tiempo total de nueve años al considerarle autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa.

La misma sentencia condena al exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, a sendas penas de inhabilitación especial por nueve años como autor de dos delitos de prevaricación administrativa.

«Respetamos la sentencia, pero obviamente no la compartimos», insistía la ministra portavoz Elma Saiz, desde la tribuna institucional posterior del Consejo de Ministros, en respuesta a las repetidas preguntas de los periodistas sobre un asunto en el que Moncloa se ha aferrado a la posición de la Fiscalía que, «después de todas las diligencias practicadas, no vio indicio de ningún delito, no acusó, pidió la absolución», ha reiterado, y por tanto confían en que instancias superiores confirmen «la inocencia de David Sánchez».

Mientras, para la mayoría de los miembros de la Carrera, el Ministerio Fiscal ha vuelto a poner de manifiesto, una vez más, «y no será la última», que se han «abandonado los principios fundacionales» en «defensa de la legalidad» para «ponerse al servicio de los intereses concretos de un gobierno determinado». «Una vergüenza más y un desprestigio para la institución», han lamentado varios fiscales a este diario.

De hecho, cabe recordar cómo el Ministerio Público pidió, desde un primer momento, el sobreseimiento de las actuaciones y no acusó, ni en la fase de instrucción, ni en el posterior juicio oral (contra el que presentó un recurso autónomo y propio) que se acordó gracias a la labor de la acusación popular unificada del Partido Popular, Vox, Abogados Cristianos, Hazte Oír, Liberum, Iustitia Europa y bajo la dirección letrada de la «ultraderechista» Manos Limpias. La Fiscalía pidió, junto con la defensa de Gallardo, la nulidad parcial del auto que sentó al hermano de Sánchez y al ex líder de los socialistas extremeños.

La senda del ataque a los jueces

El señalamiento del órgano enjuiciador, bajo la tesis del lawfare, también, provocaba un evidente malestar en el seno del Poder Judicial donde, fuentes consultadas por El Debate, apuntan a un relato oficial en el que en lugar de criticarse los desmanes propios de la corrupción acreditada en el 'enchufismo' del hermano de Sánchez, se ha vuelto a poner el foco en los «jueces fachas, la Justicia por herencia o la judicialización de la política».

Una senda de ataque a los profesionales del Poder Judicial que «atenta contra la separación de poderes» que sigue «la estela de las políticas de partidos como Morena en México», advierten jueces y magistrados. «Es curioso» que el actual Gobierno «compita con otros Ejecutivos» de signo contrario, «de derechas que atacan a los jueces» y a los que critica cuando le conviene.

«La Justicia sólo tiene que intervenir cuando la política transcurre por derroteros indebidos y excesos en sus funciones, legalmente previstas», añaden las voces autorizadas tras analizar una sentencia de 378 páginas frente a los que muchos se han atrevido a aseverar que se trata de una «condena sin pruebas». «Opinar sin conocer la motivación no parece de recibo», lamentan desde la Magistratura.

Frente a laa meras especulaciones, en la resolución, los tres jueces establecen que hay «múltiples indicios acreditados mediante prueba directa» que permiten inferir «con arreglo a las reglas de la lógica y de la razón», que ninguno de los acusados, ahora ya condenados, era ajeno al plan delictivo «ideado por las más altas instancias de la Diputación de Badajoz», para la creación de la plaza que posteriormente se adjudicó, 'a dedo' al hermano de Pedro Sánchez.

«Construir el dicurso de que se está intentando derrocar a un Gobierno legítimo por medios antidemocráticos, como si el trabajo de los jueces lo fuese, es lo que realmente actúa en contra de la democracia por parte de quienes aspiran a hacer en cada momento lo que quieren, con patente de corso, sin límites», apuntan algunas de las voces más críticas. El mensaje del Ejecutivo y de sus socios «destroza el principio de igualdad» y apunta a un intento por «salir indemnes de todas las tropelías» cometidas.