La Policía aclara que aun no se ha tomado «una decisión definitiva» sobre la ubicación de la nueva UIP en Castilla y León

La Dirección General de la Policía aclaró hoy que «no se ha tomado aún una decisión definitiva» sobre la ubicación del nuevo Grupo de Unidades de Intervención Policial previsto para Castilla y León, ya que «se trata de una petición en estudio».

Después de que la Unión Federal de Policía asegurara haber recibido una comunicación por escrito de la DGP en la que afirmaba que este grupo, integrado por 50 agentes especializados de la Policía Nacional no tendrá su base en León, como pedía la organización, la Dirección General afirmó que «la solicitud sigue en fase de análisis técnico y logístico, tal como ocurre en cualquier despliegue especializado».

Para ello, de forma previa a la toma de una decisión sobre la ubicación de la nueva unidad, la DGP lleva a cabo estudios e informes «relacionados con la dotación de infraestructuras, personal, medios técnicos, equipamientos necesarios y ubicación estratégica para garantizar la mejor cobertura operativa» para «fundamentar la decisión que se adopte en los próximos meses».

Además, mientras que para la Unión Federal de Policía «León continúa siendo para el Ministerio de Interior un territorio prescindible al que se le pueden negar recursos policiales sin ofrecer una explicación razonable», la DGP quiso dejar claro en un comunicado recogido por la Agencia Ical que «la seguridad ciudadana en la provincia de León es una prioridad».

En este sentido, resaltó que, la plantilla de Policía Nacional continúa trabajando desde las cuatro comisarías en la provincia de León, ubicadas en León, Ponferrada, Astorga y San Andrés de Rabanedo, y cifró en un 13,4 por ciento en incremento de dicha plantilla desde el año 2018.

Finalmente, la Dirección General de Policía recordó que en León existe una Unidad de Prevención y Reacción, también especializada en seguridad ciudadana y dotada de medios específicos para desarrollar su labor, que da servicio a todas las comisarías de la provincia y que desempeña «una eficaz labor para la protección de los derechos y las libertades y la seguridad en León».

El problema radica en que estas decisiones en Interior las toman cargos políticos sin conocimientos de seguridad pública ni de ciencia policialUFP

Una reacción del Cuerpo dirigido por Francisco Pardo que llegaba después de que la Unión Federal de Policía denunciara que la Dirección General de la Policía «margina a León y lo relega al ostracismo» tras decidir que el nuevo Grupo de Unidades de Intervención Policial previsto para Castilla y León se instalará finalmente en Valladolid, donde «ya hay un centenar de policías especializados en UIP».

En el documento remitido a la UFP, la Dirección Adjunta Operativa considera que «no cree necesaria la creación de nuevas bases territoriales, dado que la disgregación de la fuerza en núcleos de menor entidad supone una pérdida de capacidad operativa».

Para el portavoz de la Unión Federal de Policía, Ricardo Magaz, esta explicación es «insostenible» y relega «inexplicablemente» a la Policía Nacional de León «al ostracismo» debido a «su envejecimiento». «El problema radica en que estas decisiones en Interior las toman cargos políticos sin conocimientos de seguridad pública ni de ciencia policial», añadió sobre el Ministerio que lidera Fernando Grande-Marlaska.

La UFP sostiene que la Dirección General de la Policía «incurre en contradicción» al esgrimir razones que, a su entender, «no se sostienen desde el punto de vista operativo», ya que «la propia estructura de las Unidades de Intervención Policial en España rebate esa argumentación». Así, varias UIP operan desde hace años con doble base territorial, como ocurre en los casos de Granada–Málaga, Bilbao–Pamplona, L Coruña–Vigo o Las Palmas–Tenerife, «sin que este modelo haya supuesto merma alguna en su capacidad operativa».

Para el Ministerio del Interior, León continúa siendo un territorio prescindibleUFP

Por ello, la UFP consideró «incomprensible» que «lo que es válido para otras partes del país, se niegue ahora a León» mediante planteamientos «carentes de rigor» que «no resisten el más mínimo análisis profesional».

La organización sindical también recordó que antes de la creación de las actuales Unidades de Intervención Policial, León contaba con una Compañía de Reserva General integrada por 140 agentes. Con su desaparición y la implantación de la UIP con sede exclusiva en Valladolid, la provincia quedó «completamente desprovista de este tipo de agentes especializados». Las consecuencias de aquella decisión «siguen siendo visibles hoy», ya que la Comisaría provincial de León presenta una de las plantillas más envejecidas de toda España.

A comienzos del pasado mes de febrero, la Unión Federal de Policía registró ante el Consejo de Policía y la propia Dirección General de la Policía un informe técnico detallado que acreditaba la «viabilidad operativa y estratégica de ubicar» este nuevo Grupo en León o en alguna de las comisarías de la provincia. Una propuesta que recibió un «amplio respaldo institucional», ya que el Ayuntamiento de León aprobó por unanimidad una moción en pleno solicitando al Ministerio del Interior la implantación del nuevo Grupo de UIP en la ciudad.

Asimismo, el Ayuntamiento de Astorga ofreció la cesión de un edificio en buen estado, de dos plantas y 1.600 metros cuadrados, para albergar la sede del grupo, dado que la localidad se encuentra dentro de la demarcación de la Policía Nacional. Asimismo, diversos organismos, partidos políticos, sindicatos y entidades sociales también expresaron su apoyo a la iniciativa.

Anuncian un recurso

La Unión Federal de Policía había anunciado que recurriría esta decisión «discriminatoria» y continuará defendiendo que el nuevo Grupo de UIP se ubique en la provincia, al considerar que «así lo justifican los criterios operativos, la lógica territorial y el sentido común».

«La seguridad ciudadana no puede gestionarse desde la política, el centralismo burocrático ni el desdén hacia la «España interior», concluyó la organización, que reclamó para León «el respeto institucional que merece su Policía Nacional».