El candidato a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante el paseo electoral por el municipio de La Vellés (Salamanca)
Elecciones en Castilla y León
Las propuestas de PP, PSOE y Vox para acabar con la despoblación, la gran lacra de Castilla y León
Los partidos proponen rebajas fiscales, nuevas leyes e incentivos para atraer población y revitalizar el medio rural
La despoblación ha sido uno de los grandes ejes de campaña de las elecciones autonómicas del 15 de marzo. Buena parte de las propuestas, discursos y actos electorales –muchos de ellos celebrados en pequeños municipios– han versado sobre el gran reto demográfico al que se enfrenta Castilla y León, que desde los años 70 ha perdido cerca de 250.000 habitantes y actualmente cuenta con 2.418.425, según los datos de la Estadística Continuada de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE).
El PP liderado por el candidato Alfonso Fernández Mañueco basa su estrategia contra la despoblación en rebajas fiscales orientadas a dinamizar la actividad económica y comprar vivienda, ayudas directas y microcréditos a nuevos proyectos de economía social en zonas rurales con riesgo de despoblación, atraer talento joven mediante iniciativas dirigidas a nómadas digitales o programas de prácticas universitarias en empresas rurales, entre otras medidas.
Dentro de esta línea, el PP ha presentado un plan rural, que contempla acciones como mejorar las condiciones de los consultorios médicos, rehabilitar plazas de toros e iglesias y habilitar 600 nuevas hectáreas de suelo industrial en municipios de tamaño intermedio.
Nuevas leyes
«La despoblación es el problema más importante que tiene Castilla y León», decía Carlos Martínez, candidato del PSOE y alcalde de Soria, en el último debate electoral, quien señalaba directamente a las políticas «equivocadas» del Gobierno 'popular' de Alfonso Fernández Mañueco como principal responsable. Para atajar ese problema, el PSOE –que han vertebrado su programa en torno al reto demográfico– propone impulsar la Ley de Despoblación y Desarrollo del Medio Rural en Castilla y León dotada con «mecanismos de protección de los servicios públicos, desarrollo económico, cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades para sus habitantes». Además, también apuestan por modificar la Ley de Ordenación de Territorio.
«Somos una Comunidad envejecida y dispersa que necesita de una ordenación territorial comarcalizada para poder generar con garantías la prestación del derecho a la salud, a la educación, la protección social y la competitividad territorial para generar empleo», decía Martínez en el último debate.
Asimismo, el PSOE propone deducciones fiscales para personas que residan en zonas afectadas por la despoblación, el fomento del suelo industrial e infraestructuras y movilidad que permitan que los territorios rurales no queden aislados. Dentro de ese planteamiento, defiende el modelo denominado 'Territorio 30 minutos', que garantizaría por ley que la ciudadanía tenga acceso a servicios públicos esenciales a menos de media hora de su hogar.
El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, visita Villasana de Mena (Burgos)
La tercera gran fuerza política, Vox, apuesta por reforzar el emprendimiento joven en los pueblos mediante la simplificación administrativa y el alivio fiscal. También se compromete a asegurar consultorios y servicios esenciales en municipios pequeños para así facilitar el arraigo familiar fuera de las capitales y, entre otras medidas impulsar ayudas a familias con hijos pequeños que fijen su residencia en pueblos.
En materia de infraestructuras, reivindican un modelo de transporte que no olvide a las pequeñas comarcas y municipios del interior. «Sus necesidades deben ser atendidas y se les debe dotar de infraestructuras que generen empleo y riqueza y contribuyan a su progresos paliando los efectos de la despoblación», recoge el programa electoral de Vox.
Otros formaciones como Podemos propone establecer una «renta de repoblación» equivalente al salario mínimo para las personas empadronadas en municipios de menos de mil habitantes, además de crear una empresa pública dedicada a ofrecer multiservicios en el ámbito rural. Por su parte, IU-Sumar plantea incentivos destinados a jóvenes que decidan instalarse en el medio rural.