Las ayudas de Castilla y León frente al conflicto de Oriente Medio, al detalle: qué incluyen y a quién van dirigidas

La Junta de Castilla y León ha aprobado un paquete de 28 medidas, estructuradas en siete bloques, por cerca de 170 millones, para paliar el impacto económico del conflicto en Oriente Medio, especialmente por el encarecimiento del petróleo, el gas y otros insumos básicos.

El plan incluye actuaciones que afectan a empresas, sectores productivos y también a las familias, y alcanza un impacto total estimado de 286,7 millones de euros si se incluye el efecto de las medidas fiscales.

Financiación y liquidez para las empresas

El grueso del paquete se concentra en el ámbito empresarial, con una dotación de 113 millones de euros en financiación y liquidez. Entre las principales actuaciones figura una línea de adaptación al alza de costes que permitirá acceder a préstamos de hasta 750.000 euros, con bonificación del 1,75 % y plazos de amortización de hasta 15 años, incluidos periodos de carencia.

A ello se suman líneas específicas para la financiación del circulante vinculado a la internacionalización de pymes, con hasta 500.000 euros y condiciones bonificadas, así como apoyo a empresas exportadoras para invertir en sistemas de autoconsumo energético que reduzcan su exposición a la volatilidad de los hidrocarburos.

El plan incorpora además instrumentos para impulsar la internacionalización mediante la participación en capital o préstamos participativos, con importes de hasta 300.000 euros y condiciones favorables. Junto a ello, la Junta prevé ampliar los periodos de carencia de proyectos industriales y facilitar la renegociación de préstamos ya concedidos.

En el ámbito agrario, se refuerza el instrumento financiero vinculado a la Política Agraria Común con 6,4 millones adicionales, lo que permitirá movilizar hasta 40 millones en préstamos, y se incrementa la bonificación de los seguros agrarios para jóvenes agricultores del 10 % al 25 %.

Empleo: formación y apoyo a sectores estratégicos

El segundo bloque del plan, dotado con siete millones de euros, se centra en la empleabilidad, con programas de formación en sectores estratégicos (como el digital, energético o logístico), incentivos a la contratación y medidas para atraer y retener talento joven cualificado.

Transporte: refuerzo del BUSCYL

En materia de transporte, la Junta destina cinco millones de euros al refuerzo del sistema de transporte público BUSCYL, con el incremento de rutas y frecuencias para adaptarse a la demanda y absorber el impacto del encarecimiento del combustible en el servicio.

Familias: apoyo a situaciones de vulnerabilidad

El paquete incluye también medidas de carácter social, con una dotación de un millón de euros para la activación, en caso necesario, de bonos de urgencia dirigidos a familias en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de amortiguar los efectos del aumento del coste de la vida.

Fiscalidad: rebajas de impuestos con impacto en la recaudación

Uno de los bloques más relevantes es el fiscal, que supondrá una merma de ingresos para la Comunidad de 117,4 millones de euros. Estas medidas derivan del Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno central en respuesta a la crisis energética y contemplan rebajas en el Impuesto Especial sobre la Electricidad, cuyo tipo se reduce del 5,1 % al 0,5 %; en el IVA aplicado a la electricidad, el gas y los hidrocarburos, que baja del 21 % al 10 %; y en el Impuesto sobre Hidrocarburos.

El impacto total de estas rebajas fiscales en Castilla y León se estima en 191,2 millones de euros hasta el 30 de junio, de los cuales el 61 % es asumido por la Comunidad y el resto por el Estado, en función del sistema de financiación autonómica.

Energía: eficiencia, renovables y redes de calor

En el ámbito energético, el plan moviliza 33,3 millones de euros para fomentar el ahorro y la eficiencia energética en empresas industriales y edificios del sector terciario, así como para impulsar el autoconsumo en instalaciones públicas. Incluye además medidas para potenciar la biomasa, la construcción sostenible con madera y el desarrollo de redes de calor, con bonificaciones del 100 % en las conexiones para comunidades de propietarios.

Servicios públicos: garantía de funcionamiento

Por último, la Junta destina 10 millones de euros a garantizar el funcionamiento de los servicios públicos, mediante la actualización de contratos afectados por el encarecimiento de costes, el refuerzo presupuestario de las consejerías y la solicitud de adaptación de los fondos europeos a la nueva situación económica.

El plan, concebido como un documento abierto, podrá adaptarse a la evolución del contexto económico. La Junta lo enmarca en una estrategia de anticipación ante un impacto que aún no ha alcanzado su punto máximo, pero que ya comienza a trasladarse a los costes energéticos y a sectores clave de la economía de Castilla y León.