La portavoz del grupo municipal Vox en Segovia, Esther Núñez
Vox alega contra la ZBE de Segovia por errores normativos «graves»
Denuncia la ausencia de justificación técnica y posibles vulneraciones de derechos fundamentales
El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Segovia denunció errores normativos y ausencia de justificación técnica en la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad. En este sentido, registró un pliego de alegaciones contra la ZBE, en el que también alegaron «importantes» defectos de forma y vulneraciones de derechos fundamentales de los ciudadanos.
Las alegaciones, firmadas por la portavoz del grupo municipal, Esther Núñez, bajo la dirección técnica del concejal y letrado Alfonso de Ceballos-Escalera, advierten de la existencia de errores normativos «graves» en el expediente, como referencias incorrectas a leyes vigentes, que comprometen el principio de seguridad jurídica. Por ello, solicitaron la revisión y corrección «íntegra» de todas las referencias legales antes de su aprobación definitiva.
Asimismo, el grupo municipal recordó que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) anuló la anterior ordenanza por carecer de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) adecuado, «lo que obliga a acreditar rigurosamente la regularidad del procedimiento actual, incluyendo la correcta tramitación y aprobación», apuntaron.
Desde Vox también se cuestionó la proporcionalidad de las restricciones planteadas, subrayando que el propio texto de la ordenanza «reconoce que la calidad del aire en Segovia se sitúa en niveles buenos o regulares, sin riesgo para la salud». En este contexto, consideraron «injustificado» imponer limitaciones permanentes y extensivas a la circulación en el casco histórico «sin una motivación reforzada basada en datos objetivos».
Falta de definición «clara» de objetivos
En el ámbito técnico, reclamaron la falta de definición «clara» de objetivos cuantificables de mejora de la calidad del aire, la ausencia de indicadores verificables y la insuficiencia de medidas concretas de fomento del transporte público y la movilidad alternativa, requisitos exigidos por la normativa estatal.
Desde la perspectiva de los derechos fundamentales, las alegaciones advierten de posibles vulneraciones del derecho a la libre circulación, el libre acceso a actividades económicas y el principio de igualdad, al establecer diferencias de trato entre residentes y no residentes o limitar de forma arbitraria el acceso de visitantes.
El grupo municipal también mostró preocupación por la situación de las personas con movilidad reducida, «al no contemplarse una exención permanente para los vehículos que las transportan», así como por la brecha digital generada al establecer un sistema de autorizaciones exclusivamente telemático, «sin garantizar un canal presencial alternativo».
En materia de protección de datos, Vox alertó de la «insuficiencia» de garantías en el sistema de control mediante lectura automática de matrículas, «al no regular aspectos esenciales como la evaluación de impacto, los plazos de conservación o los derechos de los ciudadanos». Por último, desde el punto de vista económico, criticaron los «reducidos plazos» de adaptación para profesionales, autónomos y empresas, así como la habilitación otorgada a la Alcaldía para modificar aspectos clave de la ordenanza sin aprobación plenaria, lo que genera inseguridad jurídica.
Propuestas
En contraposición, entre las principales propuestas del Grupo Municipal Vox destacan la revisión completa del expediente, la ampliación de los periodos transitorios, la eliminación de discriminaciones, la garantía de accesibilidad universal, la incorporación de un canal presencial para trámites, el refuerzo de la seguridad jurídica del texto y la definición de objetivos medibles de calidad del aire y acústica.
Además, solicitaron con «carácter principal» la supresión del régimen sancionador específico previsto en la ordenanza o, subsidiariamente, su reformulación para introducir criterios de proporcionalidad, graduación de sanciones y advertencias previas en caso de infracciones no intencionadas. Finalmente, reclamaron que se haga pública toda la documentación técnica y jurídica que sustenta la ordenanza, «garantizando la transparencia y el derecho de los ciudadanos a una participación informada».
