Castilla y León estudia llevar a los tribunales la regularización masiva de inmigrantes del Gobierno

La Junta de Castilla y León se inclina por presentar un recurso en los tribunales contra el Real Decreto para la regularización extraordinaria de inmigrantes, aunque la decisión, que el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco analiza en la reunión del Consejo de Gobierno, dependerá de si existe margen para acudir a la vía judicial, según informan fuentes oficiales a Ical.

En concreto, el gabinete de Fernández Mañueco, que se encuentra en funciones tras las últimas elecciones, revisa los detalles del Real Decreto, publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para determinar si existen posibilidades jurídicas para impugnar esta normativa, aprobada este martes por el Consejo de Ministros y que inicia este jueves su desarrollo hasta el próximo 30 de junio.

Con ello, la Junta de Castilla y León se aproxima a la vía que han decidido ya emprender comunidades gobernadas por el Partido Popular como Madrid, Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana o Baleares. En el caso de los ejecutivos de Madrid y Baleares ya han avanzado que pedirán al Tribunal Supremo la suspensión cautelar de la regularización.

A principios de año, tras conocerse la intención del Gobierno de regularizar la situación de medio millón de inmigrantes, el presidente de la Junta y del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, tildó de «auténtica cortina de humo» esta decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al no conocer detalles sobre su aplicación, ni haberse pactado antes con las comunidades su diseño. Además, la dirección nacional del Partido Popular ha rechazado también la regularización planteada.

En la misma línea, el pasado jueves, el portavoz y consejero en funciones de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, avanzó que la Junta recurrirá «cualquier acto administrativo» en materia de reparto de menores migrantes no acompañados que contravenga los intereses de la Comunidad, aunque garantizó el respeto y, por tanto, el cumplimiento de la legislación en esta materia.

De hecho, la Junta ya presentó en junio del año pasado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-Ley 2/2025, mediante el cual el Gobierno estableció el reparto de menores no acompañados que llegaban a Canarias, Ceuta y Melilla. Entonces alegó que el Gobierno invadía su competencia sobre protección y tutela de menores, un perjuicio financiero al aumentar el número de personas acogidas y un agravio comparativo respecto a otras comunidades.

Hasta el 30 de junio

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto que da inicio al proceso de regularización extraordinaria de migrantes que afectará previsiblemente a más de medio millón de extranjeros, tras incorporar algunas matizaciones del Consejo de Estado. Este jueves se ha abierto el plazo para presentar solicitudes por vía telemática y para tramitar la cita previa para hacer la solicitud presencialmente. El proceso finalizará el próximo 30 de junio.

Los principales requisitos exigidos a los extranjeros para acceder a la regularización son haber llegado a España antes del 1 de enero de 2026, acreditar cinco meses de permanencia continuada en el país y no tener antecedentes penales. Precisamente para acreditarlo, los solicitantes no podrán hacer una declaración responsable para ello, pero si demuestra que no ha recibido contestación por el país tercero será directamente el Gobierno el que lo solicite.

De este proceso de regularización quedarán fuera las personas apátridas, muchos de ellos saharauis, tal y como recomendó el Consejo de Estado en su dictamen sobre el texto. Además, se podrán presentar pasaportes caducados para los tramites del proceso y la norma flexibilizará requisitos para poder regularizar a los menores acompañados por sus progenitores. Finalmente, los solicitantes tendrán autorización provisional de trabajo desde la admisión a trámite, y habrá compatibilidad temporal entre la solicitud de regularización y la Protección Internacional (asilo).