El control horario de Yolanda Díaz amenaza con empujar a las empleadas del hogar a la economía sumergida

El Estatuto de los Trabajadores obliga a registrar el horario concreto de inicio y finalización de la jornada laboral de cada trabajador, pero entre lo que dice la norma y lo que ocurre cuando llega la hora de fichar todavía quedan algunos minutos por cuadrar. O, por lo menos, así ha sido hasta el momento. Yolanda Díaz, candidata a directora general de la OIT –y no por su inglés–, lleva un año intentando sellar cualquier resquicio que falsifique el tiempo realmente trabajado y se ha propuesto que entradas, salidas y descansos dejen un rastro difícilmente borrable.

La vicepresidenta segunda aboga por la transparencia a través de un registro digital certificado interoperable y bajo supervisión en tiempo real de la Inspección de Trabajo. El fin no se percibe cuestionable, pero sí insuficiente para justificar el método en sí mismo; sobre todo si este último no se adecúa correctamente a las necesidades específicas de los sectores y no asegura la protección de los datos personales de las plantillas, tal y como denuncia la CEOE. El sistema de fichaje viaja desde la gran compañía hasta la pyme y aplica de la misma forma incluso a quien tiene su centro de trabajo en un domicilio particular, como ocurre con las empleadas del hogar y cuidadoras de personas mayores o dependientes.

En esta línea, algunos expertos advierten del riesgo de huida hacia la informalidad, ya que una elevada complejidad puede empujar a reducir horas contratadas, externalizar el servicio o, en el peor de los escenarios, sumergir la relación laboral. «Cada nueva carga regulatoria hace que el siguiente contrato resulte menos atractivo. Es un problema especialmente grave en un país formado mayoritariamente por pequeñas empresas», comenta Soly Sakal, CEO de la firma de consultoría financiera Rhombus

La norma está obligando a los pequeños empresarios y a las familias a actuar, de facto, como un departamento de Recursos Humanos, pero sin tiempo, formación ni apoyo económico. En concreto y según estimaciones, la implantación puede costar unos 868 millones de euros para las pymes, calculando 55,4 euros de coste por trabajador al año. «El nuevo marco regulatorio parece pensado para organizaciones con equipos de gestión del talento, expertos en cumplimiento y sistemas informáticos. A pesar de ello, se aplica prácticamente igual a un taller, un comercio familiar o un autónomo con dos empleados», explica la directiva.

El actual registro de jornada, obligatorio desde 2019, no funciona (al menos desde el punto de vista del empleado). Solo en 2025, se hicieron 2,5 millones de horas extra semanales no remuneradas y, cada año, se alcanzan 3.243 millones de euros de ahorro empresarial. El problema se origina al querer revertir estas cifras añadiendo una nueva capa de obligaciones administrativas (y, por ende, económicas) a las empresas que menos estructura tienen para asumirlas. De hecho, el Consejo de Estado manifiesta públicamente desde marzo su negativa a respaldar imponer este sistema único de control sin las especificidades que determinados sectores necesitan para no verse sancionados con multas de hasta 10.000 euros por trabajador. Los gremios más sensibles por la reforma «serán precisamente aquellos donde más flexibilidad existe: hostelería, comercio, construcción, agricultura, transporte, limpieza, atención domiciliaria o mantenimiento. Son actividades donde surgen cambios de última hora, desplazamientos, interrupciones o ampliaciones puntuales de jornada».

El eslabón más frágil

Sin duda, el caso de los hogares empleadores es siempre uno de los más delicados dada su predilección por la informalidad. Más de medio millón de personas aseguran estar ocupadas en el empleo doméstico, según la EPA. Sin embargo, los registros de la Seguridad Social apenas contabilizan unas 340.000 altas.

Y ni siquiera esa cifra equivale al número real de trabajadores: una misma persona puede figurar varias veces si cotiza por prestar servicios en dos o más domicilios. Descontando esta duplicidad, el número efectivo de personas dadas de alta podría situarse entre un 20% y un 30% por debajo de las cifras oficiales.

Y es que hay cierta tendencia a considerar el empleo doméstico como una ayuda más que un trabajo. Quizás por ello cualquier iniciativa política bienintencionada (o con potencial para lucir en un buen titular) sale rana. Desde 2018, las subidas del salario mínimo han provocado que las familias prescindan de este servicio; un 61% siendo concretos.

El control horario puede correr la misma suerte a la vuelta de verano. «Un hogar no es una empresa y no tiene capacidad administrativa para asumir obligaciones pensadas para organizaciones profesionales», señala la experta, quien alerta, además, de la alta probabilidad de aumento de empleadores que eligen la economía sumergida.

El empleo doméstico requiere soluciones extremadamente sencillas que no ahuyenten al empleador de la legalidad. Hay hogares que verdaderamente no pueden asumir un coste adicional, pero también otros con capacidad económica que simplemente no están dispuestos a reconocer el valor real de este trabajo. «Una buena regulación debería proteger al trabajador sin hacer menos atractiva la contratación legal. De lo contrario, serán más los que terminen por acudir al sistema de trabajo irregular», concluye Sakal.