El caso Maricarmen y la demagogia de Sánchez con los okupas y su nefasta política de vivienda

Hace unos días un propietario consiguió por fin echar a una inquilina extranjera que llevaba ocho años sin pagarle un alquiler ridículo de 160 euros al mes. Aducía vulnerabilidad por no tener ingresos y estar sola con sus tres hijos. Con ese contexto, el juez le daba siempre la razón para seguir en el piso. El problema es que no decía la verdad.

El propietario investigó un poco a ver qué pasaba, porque, ¿cómo podía vivir y mantener a sus tres hijos sin ingresos? Y descubrió que la mujer trabajaba limpiando casas y cobrando en negro, y que en la casa vivía también un hombre: no estaba sola.

Los jueces están empezando a ver que muchos okupas les están tomando el pelo

El juez se dio por fin cuenta del engaño y ordenó el desalojo. La mujer no se resistió mucho. Seguramente lo esperaba. Pero el propietario lamenta que tiene muchos casos más. Precisamente esta semana un inquilino le ha anunciado que dejará de pagarle. Hay auténticos dramas, pero también mucho caradura que se está aprovechando de la legislación.

Los casos de este estilo se multiplican, y son en buena medida los causantes de que los propietarios retiren sus pisos del mercado. En 2025 se produjeron 18.317 desahucios por impagos del alquiler, según los datos del Consejo General del Poder Judicial 8CGPJ). Son un 10,4 % menos que el año anterior, pero el número sigue siendo muy elevado: una media de cincuenta desahucios al día. Pese al empeño de Sánchez de poner el foco en Madrid y en Ayuso, la comunidad en la que más desahucios por impago del alquiler se registraron en 2025 fue Cataluña (6.814), seguida de Andalucía (3.782), Comunidad Valenciana (2.992), y ya en cuarto lugar, Madrid (2.267), según el CGPJ.

A ello hay que añadir el fenómeno de la okupación, impulsado por Podemos y por Sánchez, y contra el que el presidente no hace absolutamente nada. El número de denuncias por okupación ha subido desde los 12.213 casos de 2018 a los 16.426 en 2024, con algunos descensos en los años 2022 y 2023 y también en 2025, que cerró en 14.875 (40 al día). También aquí lidera Cataluña, con el 40 % de las okupaciones que se producen en España, muy por encima de las que ocurren en Madrid.

Como consecuencia de estas cuestiones y de otras relacionadas con la legislación puesta en marcha por Sánchez, el número de pisos disponibles en alquiler ha descendido considerablemente desde el año 2018, con caídas que han superado el 30 % en periodos recientes como consecuencia de medidas como la nueva Ley de Vivienda, según el portal Idealista.

El caso de Maricarmen no tiene que ver con el impago del alquiler (lo abonaba), sino con la imposibilidad legal de una segunda subrogación del contrato de renta antigua de la vivienda en la que vivía, algo que legisló el propio PSOE en el año 94.

Se calcula que en España quedan unas 160.000 viviendas de renta antigua. Los inquilinos pagan un alquiler bajo (Maricarmen pagaba 200 euros al mes, según ha desvelado El Debate, mientras que alquilar solo una habitación en Madrid cuesta 550 euros, de acuerdo con Idealista).

Habría que buscar soluciones para compensar a los propietarios en casos como el de Maricarmen

En nuestro podcast económico de esta semana, el profesor del IESE José Ramón Pin Arboledas explica que vivió durante muchos años en un piso de renta antigua que al final se subrogó en uno de sus diez hermanos, disminuido físico y mental: «Con el tiempo los dueños del piso hablaron con nosotros y nos dijeron que les costaban más las derramas del piso que el alquiler que les pagábamos por mi hermano. Llegamos a un acuerdo y le compramos el piso para nuestro hermano, que sigue viviendo allí. Lo que hay que hacer es arreglar las cosas», comenta el profesor.

A Maricarmen le ofrecieron comprar el piso y no pudo hacerlo, pero para casos de vulnerabilidad como el suyo están los servicios sociales. Solo a través de Cáritas Diocesana de Madrid, la ciudad en la que vive Maricarmen, se atendió a 84.939 personas vulnerables en el año 2025.

Para personas de 87 años como Maricarmen, hay que entender que quieran seguir viviendo en el lugar en el que han vivido toda la vida. Para que no se produzca un perjuicio en el propietario, habría que buscar algún mecanismo de compensación, como defendía el magistrado Joaquim Bosch ayer en la Cope.

Mientras no se consiga, el ayuntamiento ha de procurar que sus servicios sociales atiendan bien a sus vulnerables, como ya ha explicado José Luis Martínez Almeida que han hecho con Maricarmen: le han dado servicio de teleasistencia, de terapia ocupacional, apoyo psicológico y alternativas de alojamiento. «Yo puedo decir lo que he hecho», comentaba ayer, y la pregunta es «qué ha hecho él», refiriéndose a Sánchez.

Y la respuesta es nada, como no está haciendo nada por solucionar el problema de la okupación, ni por resolver con una legislación más favorable la evidente falta de vivienda que ha disparado los precios.

La gran cumbre de la demagogia defiende estos días el manido mensaje de la izquierda de la maldad de los grandes tenedores y de los fondos buitre, cuando todo el mundo sabe que entre el 80 % y el 90 % de la vivienda en alquiler está en manos de particulares, que tratan de sobrevivir con esos ingresos al negro panorama que ven con la política económica del Gobierno, la imparable subida de la inflación y las dudas crecientes que tienen sobre sus pensiones. Lo que hace falta en el terreno de la vivienda es menos demagogia y más suelo disponible, licencias más rápidas, y en general más facilidades y diligencia para que se pueda construir la vivienda que falta y bajen los precios.