Vox quiere suprimir las subvenciones a sindicatos y acordó con el PP reducirlas al 50 % en las regiones

Vox centró estos días sus críticas principalmente al Gobierno de Pedro Sánchez y a los sindicatos de UGT y Comisiones Obreras, recriminándoles estar «al servicio» del Ejecutivo socialista, por convocar ahora a las puertas de la campaña electoral una huelga general contra la oposición y además tras ocho años de silencio ante varios problemas sociales como el encarecimiento de la cesta de la compra o la imposibilidad de acceder a una vivienda. Y volvió a defender una medida que plantean desde sus inicios en la política: la supresión de las subvenciones que reciben los sindicatos, que cree que deben financiarse con el dinero de sus afiliados.

Es uno de los compromisos con los que se presenta al 29 de noviembre. En concreto, en el programa electoral el partido de Santiago Abascal plantea reducir «progresivamente hasta su eliminación total» las subvenciones a sindicatos, partidos, patronales, ONGs, observatorios y otros organismos «ideológicos». Una medida que se enmarca en esa reducción del gasto político ideológico y superfluo y en ese objetivo de reducir «al mínimo estrictamente necesario» el tamaño de la Administración Pública.

No es una medida nueva. La formación la recogía ya como uno de sus compromisos en esas '100 medidas para la España viva' con las que se presentaron en 2019, y la han incluido en los sucesivos programas electorales.

La primera vez que lo llevaron a la práctica fue cuando gobernaban en Castilla y León, en ese primer Gobierno de coalición con el PP. Entonces pactaron recortar un 50 % las subvenciones a las organizaciones sindicales, una medida que cuando Vox dejó el Ejecutivo autonómico se revirtió, como criticó el partido después.

Ahora lo quieren aplicar en las regiones donde gobiernan con los populares: Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. En los acuerdos firmados estos meses atrás figura que se va a proceder, desde el primer presupuesto, a reducir al 50 % las subvenciones destinadas a sindicatos, también organizaciones empresariales y entidades privadas que «no acrediten de forma objetiva una utilidad pública efectiva», de manera que se garantice que «los recursos públicos se asignen exclusivamente al servicio de las necesidades» de los ciudadanos.