La tregua entre Ayuso y la Delegación tras la salida de Martín se afianza en plena polémica por las cargas policiales del 11N

La salida de Francisco Martín de la Delegación del Gobierno ha supuesto un antes y un después en las relaciones de esta institución del Ejecutivo de Pedro Sánchez con la Comunidad de Madrid. La nueva delegada, Pilar Trinidad, ordenó el desalojo de la acampada de Sol escasos días después de aterrizar en el cargo y se reunió poco después con la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, en un encuentro marcado por la «cordialidad».

Una actitud muy distante de la que mantuvieron con Martín durante más de tres años y medio, marcados por la polémica y la constante confrontación. En este contexto, este miércoles, en plena huelga general, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, respaldaba a la delegada asegurando que está «haciendo su trabajo porque está habiendo ley y orden en las calles».

«Le pedimos que siga haciendo su trabajo y actuando en las calles. Durante todos estos años no se ha hecho porque el anterior delegado ha permitido que las calles fueran tomadas y la Policía ha estado maniatada», agregó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

En la misma línea, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, celebraba ayer que el delegado del Gobierno «sanchista» ya no está. «La persona que intentaba entorpecer el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la persona que impidió levantar la acampada de Sol, ya no está, y esperamos que esta delegada cumpla con su función y sea delegada del gobierno y mantenga una interlocución sana con la Comunidad de Madrid», afirmó.

Mientras tanto, este jueves, después de que el día anterior la Policía se viera obligada a cargar contra los manifestantes más radicales a lo largo de la jornada de huelga, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lejos de respaldar a los agentes, anunciaba una investigación para estudiar su actuación. Una decisión idéntica a la tomada por el exdelegado madrileño, quien también anunció investigaciones por las actuaciones de la Policía durante un intento de escrache a Díaz Ayuso el pasado mes de octubre en el marco de la huelga educativa en Madrid.

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en la Policía Nacional, tacharon de «inadmisible» que la respuesta de Interior tras la huelga sea «poner bajo sospecha a los agentes y restringir sus medios de intervención». Asimismo, criticaron que se presente como «abuso policial cualquier uso de la fuerza», y se preguntaron qué alternativas ofrece Interior a los policías cuando estos «reciben pedradas, agresiones o artefactos incendiarios».