Castilla y León garantiza que seguirán llegando las ayudas a la agricultura pese a lo que diga la Justicia europea

El sector primario de Castilla y León está muy enfadado aunque salga a celebrar a san Isidro Labrador. Los agricultores volverán a salir unidos a las calles de Valladolid el próximo 20 de mayo y los ganaderos cada vez están más hartos de los ataques del lobo. Y, en este contexto, la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea le da hace un par de días la razón a la Comisión Europea sobre su decisión del 8 de junio del 2022 por la que se excluye de la financiación de la Unión Europea a España y a Castilla y León de fondos por valor de 10 millones de euros.

La Junta de Castilla y León, sin embargo, ha reaccionado rápido y se ha comprometido a que el dinero llegue, independientemente de la acción de la Justicia comunitaria. El consejero de Economía y Hacienda y portavoz en funciones de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha garantizado este jueves que los agricultores y ganaderos de la Comunidad recibirán las ayudas europeas, sea cual sea la decisión final del TJUE respecto a la propuesta de la abogada general de excluir a la Comunidad del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

Auditoría sobre la PAC

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, recogida por Europa Press, el portavoz ha lanzado un mensaje de «responsabilidad» y «tranquilidad» al campo, al asegurar que los profesionales del sector primario tienen garantizados estos recursos. «La Junta de Castilla y León garantiza que los recursos van a llegar a los mismos sin mayor riesgo y sin mayor dificultad», ha enfatizado Carriedo.

El consejero ha explicado que este asunto tiene su origen en una auditoría realizada en el año 2018 sobre la gestión de la Política Agraria Común (PAC) correspondiente a las anualidades 2016 y 2017. Como ha recordado, existe un debate abierto en la UE sobre la necesidad de incrementar los controles administrativos o avanzar hacia una mayor flexibilidad en la gestión, que es la posición que defiende el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco.

En este sentido, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha detallado que, tras una decisión inicial de la CE, la Junta recurrió ante el Tribunal General de la Unión Europea. Este último tribunal consideró en noviembre de 2024 que la metodología de control empleada por la Administración autonómica era la «correcta» y dio la razón a Castilla y León. Pero posteriormente, la CE recurrió el fallo ante el TJUE.

«No es firme ni definitivo»

Pero no está todo perdido, ya que, según ha afirmado Carriedo, el pronunciamiento de la abogada general «no es firme ni definitivo», por lo que la Junta de Castilla y León esperará a la resolución final del tribunal para comprobar si éste mantiene el criterio favorable de la primera instancia o no.

«Nuestra posición en general es favorable a flexibilizar los requisitos y las condiciones de acceso», insistía el dirigente 'popular', quien ha aseverado que lo que quiere la Junta es «facilitar la actividad» de los profesionales del campo. Por ello, ha prometido que el Gobierno de Mañueco asegura, en todo caso, la llegada de los fondos.