Universidad de Valladolid
La primera matrícula universitaria gratuita en Castilla y León podrá solicitarse desde septiembre
Las ayudas estarán condicionadas a la disponibilidad presupuestaria
La primera matrícula universitaria gratuita en Castilla y León da un paso más hacia su implantación. El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado este jueves una orden por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas destinadas a sufragar el coste de la matrícula de grado en las universidades públicas de la Comunidad. La previsión es que la convocatoria se publique a primeros del mes de septiembre con el plazo de presentación de solicitudes que estará abierto hasta el mes de octubre.
Las ayudas estarán dirigidas a los alumnos que formalicen por primera vez la matrícula del primer curso de un grado o de un doble grado en una universidad pública de Castilla y León.
La concesión se realizará en régimen de concurrencia competitiva. Para ello, las solicitudes se ordenarán de mayor a menor en función de la nota de acceso a los estudios universitarios y las ayudas se concederán hasta el límite de las disponibilidades presupuestarias previstas.
En caso de empate, el primer criterio de desempate será la nota media de Bachillerato. Si la igualdad se mantiene, la adjudicación se resolverá mediante un sorteo, tal y como recogen las bases reguladoras.
Entre los requisitos para acceder a estas ayudas figura estar empadronado en un municipio de Castilla y León antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes, además de cumplir las condiciones generales exigidas para obtener la condición de beneficiario de una subvención pública (estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias o no estar incurso en situaciones que impidan acceder a la condición de beneficiario).
Las bases también establecen la creación de una comisión de valoración, encargada de examinar las solicitudes y elaborar la propuesta de resolución con la relación de beneficiarios, ordenada de acuerdo con la nota de acceso. La resolución deberá dictarse y publicarse en un plazo máximo de seis meses desde la finalización del periodo de presentación de solicitudes. Una vez resuelta la convocatoria, el importe se abonará a los beneficiarios en los términos que establezca la propia convocatoria.
