El coordinador de IU en Castilla y León, Juan Gascón; la coordinadora general de Movimiento Sumar Castilla y León, Marina Echebarría, y el representante de Verdes Equo Alberto Elena
La campaña del 15-M, bajo la lupa
La coalición de IU y Sumar no verá un euro de dinero público tras las elecciones en Castilla y León
El Consejo de Cuentas apunta a que En Común desembolsó 74.231 euros para los comicios del 15 de marzo, pero no recibirá ninguna ayuda
Sobre Por Ávila, advierte «incoherencias» entre los datos declarados y los archivos que la soportan y «duplicidades» entre justificantes
Los seis partidos –PP, PSOE, Vox, UPL, Soria ¡Ya! y Por Ávila– que obtuvieron representación en las Cortes en las pasadas elecciones autonómicas del 15 de marzo en Castilla y León declaran en total unos gastos regulares justificados de 3,1 millones de euros, por lo que les corresponde una subvención de 2,2 millones. En cambio, la coalición de Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes-Equo, que no consiguió ningún procurador, desembolsó 74.230,96 euros, pero no recibirá ninguna ayuda pública.
Este jueves, el Consejo de Cuentas hizo entrega a las Cortes de siete informes sobre el Examen de la contabilidad electoral de las elecciones a las Cortes de Castilla y León celebradas el 15 de marzo de 2026, una vez aprobados en la sesión plenaria celebrada este viernes en su sede de Palencia, según informa Ical.
En conjunto, la institución fiscalizadora determina que la contabilidad electoral rendida por las formaciones políticas es representativa de los ingresos y gastos electorales declarados, cumpliéndose la normativa electoral aplicable. No obstante, realiza una serie de recomendaciones a las Cortes sobre la conveniencia de introducir algunas modificaciones en la normativa electoral de Castilla y León.
En consecuencia, el Consejo de Cuentas declara que los gastos regulares justificados por las siete formaciones políticas ascienden conjuntamente a 3,18 millones, de los cuales 2,19 millones son en concepto de gastos ordinarios y 987.779,17 en concepto de desembolsos por envíos directos de propaganda y publicidad electoral.
De este total de gasto electoral, el PP justifica, 1,17 millones de euros; el PSOE, 1,054 millones; Vox, 679.488,85 euros; UPL, 110.568,74; Soria ¡Ya!, 36.708,93 euros; Por Ávila, 53.349,61 euros y IU-Movimiento Sumar-Verdes-Equo, 74.230,96 euros.
Asimismo, Cuentas sostiene que no corresponde proponer «la no adjudicación» de la subvención electoral a percibir por las formaciones políticas. Sin embargo, plantea la reducción de la ayuda de Vox en 1.595 euros, debido a los pagos fuera de plazo detectados en la fiscalización.
Así, la subvención total para las seis formaciones con representación se eleva a 2,27 millones de euros. La mayor partida de 810.744,02 euros la recibirá el PSOE (30 procuradores), segunda fuerza política, mientras el PP que se hizo con 33 parlamentarios y la victoria recibirá 808.257,89 euros. La diferencia se debe a que los socialistas hicieron un mayor desembolso en sus envíos directos, en concreto, 349.865,82 euros, frente a los 293.754,03 euros de los 'populares'.
Igualmente, Vox, tercer partido con 14 procuradores en las Cortes, obtendrá 487.625,36 euros. Además, las formaciones del Grupo Mixto se reparten el resto de la subvención, de forma que la UPL -tres procuradores- contará con 108.477,11 euros, y Soria ¡Ya! y Por Ávila, con un escaño cada uno, 26.342,89 y 38.239,94 euros. IU-Movimiento Sumar-Verdes-Equo, que no logró escaño, se queda sin subvención.
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en una imagen de archivo
La normativa autonómica prevé la concesión de subvenciones de 10.205,65 euros por escaño obtenido; 0,40 euros por cada voto conseguido por cada candidatura que hubiera logrado un procurador y 0,19 euros por elector, por el envío directo de sobres y papeletas electorales o de propaganda electoral.
Cambios en la normativa electoral
El Consejo de Cuentas plantea a las Cortes que la normativa detalle la documentación contable electoral a presentar por las formaciones políticas para armonizar el contenido de las cuentas electorales. También pide definir los gastos para que se limiten a los «imprescindibles» para acometer la campaña, de acuerdo a una «interpretación estricta» de los conceptos subvencionables. Además, recomienda actualizar lo previsto sobre la utilización de las nuevas tecnologías de la información.
Otra de las indicaciones del Consejo de Cuentas es la de precisar los conceptos de gasto que pueden imputarse a la realización de los envíos directos y personales a los electores de sobres, papeletas y propaganda electoral. «Sería conveniente evaluar la eficiencia material y económica», señala ya que recuerda que su disponibilidad está garantizada en las mesas electorales. Además, recoge la posibilidad de diseñar e implantar un nuevo procedimiento que ofrezca mayores garantías y que permita reducir la financiación.
El candidato de Por Ávila, Pedro Pascual, vota en el edificio de Bomberos de Ávila
Otro de los aspectos a mejorar en la normativa para Cuentas son los efectos derivados de incumplimientos de algunas obligaciones contempladas en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), como son las referidas a la de informar de los importes facturados superiores a 10.000 euros por parte de las empresas y de las operaciones de endeudamiento suscritas por parte de las entidades financieras.
Peticiones
Por otra parte, el Consejo pide a PP y PSOE colaborar en mayor medida con el fin de que las empresas con las que contrata cumplan con su obligación de informar al Consejo de Cuentas sobre las facturaciones superiores a 10.000 euros. Además, considera que los 'populares' deberían mejorar el registro contable de las subvenciones electorales, anticipos e intereses financieros, y los socialistas velar por la coherencia en los estados contables presentados y el registro de las subvenciones electorales.
A pesar de las alegaciones presentadas por el PP, el Consejo mantiene que 4.905,52 euros no tienen naturaleza electoral, ya que corresponden a alquileres de salas fuera de la campaña electoral, comprendida entre el 27 de febrero y el 13 de marzo.
En el caso de Vox, sostiene que debería velar por el registro contable con la clasificación prevista en el Plan de Contabilidad Adaptado a las Formaciones Políticas. A la UPL le propone mejorar el registro contable de las subvenciones electorales, anticipos, aportaciones internas e intereses financieros, de forma que se aplique adecuadamente el principio de devengo.
Finalmente, sobre Por Ávila, considera que ha presentado una contabilidad simplificada acorde a la instrucción, pero advierte «incoherencias» entre los datos declarados y los archivos que la soportan y «duplicidades» entre los justificantes imputados a gastos ordinarios y el mailing. Sobre Soria ¡Ya!, recuerda que debe abrir la cuenta electoral con posterioridad al nombramiento del administrador.
